lunes 30, enero 2023
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Penalización del aborto en El Salvador, como una condena a priori

San Salvador, 23 Oct (Prensa Latina).- Las mujeres en el mundo perseveran en avanzar hacia una mayor equidad, y también en El Salvador, donde la cruzada contra el androcentrismo y las políticas neoliberales llega hasta la defensa de la vida.

En entrevista con Lorena Peña, presidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (Fdim), una organización internacional que trabaja por los derechos de las féminas, salvadoreña y luchadora de toda su vida por su pueblo, Prensa Latina abordó estos y otros temas.

Según informe de Naciones Unidas de 2015, citado por Peña, América Latina encabezaba la tabla de países con más incidencia de feminicidios; de los 25 países de la tabla, 15 estaban en este continente y El Salvador comenzaba la columna.

En 2021 hubo cuatro mil 225. Es decir, el aumento de las penas contra este tipo de asesinatos y las acciones de prevención y atención de casos en peligro, no generó aún una baja relevante en las cifras.

En El Salvador toda mujer fértil tiene en la bolsa una condena a muerte, dijo la dirigente feminista y explicó que “si por desgracia una mujer fértil sale embarazada y tiene problemas que afecten su posibilidad de vivir, se tiene que morir”.

La directiva precisó que el denominado Pulgarcito de las Américas es un país conservador desde el punto de vista religioso. “Hay seis naciones en el mundo que tienen penalizado el aborto. Solo seis, y nosotros tenemos la vergüenza de estar entre ellos”, aseguró en una amplia valoración de los problemas que enfrentan las mujeres.

Es decir, en algunos países existen algunas causales de aborto que están permitidas pero en El Salvador no hay ninguna, agregó. Aquí, apuntó, se considera un crimen y un delito abortar. Por eso digo que llevan en la bolsa la condena a muerte si llegan a salir embarazadas y tienen la necesidad de interrumpir el embarazo.

Por otro lado, aquí los jueces más reaccionarios califican los abortos como homicidios agravados. Porque el aborto tiene ocho años de cárcel, pero el homicidio agravado 35, explicó la presidenta de la Fdim.

Hacen hasta trampas para decir que el niño nació vivo, pero que la mujer lo mató, así para poder condenarla hasta 35 años de cárcel, denunció la también exdiputada a la Asamblea Nacional por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y con una amplia trayectoria de lucha en favor de las causas de los sectores más desposeídos del país.

Esa penalización del aborto -remarcó- solo aplica a mujeres pobres, de bajos recursos. Cualquiera de ellas con recursos sale del país y se hace la interrupción en otro lado. Sin embargo, las pobres con baja educación ni siquiera saben cómo funciona su organismo y son las que tienen pérdidas involuntarias o que abortan, enfatizó.

Esas, subrayó, son las que la ley castiga. Aludió al caso conocido como “de las 17”, que pueden ser más, “vaya a ver la historia, todas o casi todas son mujeres tienen casi nula escolaridad, son de comunidades muy pobres que perdieron sus embarazos”. Están presas.

La penalización del aborto en El Salvador es como una condena a priori para las mujeres, un mensaje de control de sus cuerpos. Pero en la práctica opera para las mujeres pobres, denunció Peña.

Esta es una de las causas que enfrenta la Fdim, la cual cumple 77 años de fundada en París, Francia (noviembre de 1945), y cuya sede está hoy en San Salvador, El Salvador.

Otros ejes fundamentales

En Caracas, en abril de este año, la Fdim celebró su XVII Congreso y de allí surgió una estrategia resumida en siete ejes fundamentales de trabajo para empoderar a las mujeres, que también se aplican en El Salvador, afirmó la presidenta de esa organización.

“Hemos acordado una serie de iniciativas que van desde la formación política, impulsar una agenda de lucha, reivindicativa, ahí va el trabajo con las adolescentes, las jóvenes y sus problemáticas más específicas”, aclaró.

Otro gran lineamiento en el que trabajan las mujeres salvadoreñas trata de enfrentar el impacto de las políticas neoliberales, lo cual tiene que ver con el acceso a la salud y otros que las golpean en las comunidades.

En las acciones en este país, con enfoque de género, abordamos por un lado la diversidad, en los derechos sexuales y reproductivos, y un lineamiento nuevo que es el trabajo con las mujeres indígenas, apuntó.

Una línea permanente de trabajo es el derecho de las mujeres que buscan su participación en la vida política con conciencia de sus prerrogativas. No basta que seamos, sino que estemos convencidas de luchar por los derechos de esta mayoría de la humanidad que somos nosotras, puntualizó.

En otra parte de sus declaraciones, la funcionaria internacional abordó la situación laboral de las salvadoreñas.

Explicó que el 80 por ciento de la población económicamente activa aquí está subempleada y en lo que se denomina sector informal de la economía, con salarios ni siquiera similares al monto mínimo.

Este sector suma como un millón de personas, y el 80 por ciento son mujeres. Entonces los trabajos más precarios, las labores domésticas, de la maquila y en el sector informal son los nichos donde está la mayoría de la población femenina trabajadora.

Según estudios en El Salvador, las mujeres ganan un 30 por ciento menos que los hombres en iguales empleos y con igual nivel de preparación. Es decir, entre un abogado y una abogada, 30 por ciento menos, ejemplificó.

En el sector público las mujeres no llegan a las posiciones de los hombres, en los hospitales, en las distintas instituciones. “Hay ese tipo de discriminación de no poder entrar a ciertas categorías de trabajo pero en el sector privado para mismo empleo y mismos requisitos las mujeres están en una brecha salarial negativa del 30 por ciento”, remarcó.

La presidenta de la Fdim subrayó que tienen que seguir peleando para que no se siga desmantelando el sistema de atención a la mujer creado en los gobiernos de la izquierda.

El programa Ciudad Mujer en El Salvador, que en su momento fue emblemático, redujo el presupuesto, despidió personal y disminuyó sus atenciones bajo el gobierno de Nayib Bukele, precisó Peña.

Abordó también la iniciativa de 2011 mediante la cual El Salvador abrió la primera sede de Ciudad Mujer, un proyecto que pretendía mejorar los servicios públicos enfocados en ellas.

Ese plan arrancó en medio de elogios internacionales, fue replicado por su vecino Honduras, y recibió las visitas de la entonces directora de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, y de la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama.

Sin embargo, una década más tarde se le recortó el presupuesto, disminuyó la cantidad de servicios que entrega y ni siquiera es mencionado por el actual Gobierno de Nayib Bukele, según Peña.

Dijo que en ocasiones se retoman leyes aprobadas por la izquierda, se maquillan y se le cambia el nombre para mostrarlas como éxitos del actual gobierno.

Pero Ciudad Mujer, que llegó a tener seis sedes operando, ya no promociona sus servicios, ni siquiera tiene página web y su presupuesto disminuyó. En 2016, ya con todas las sedes en operación, llegó a tener asignados 7,7 millones de dólares; en 2022, 5,7 millones, según un informe del Diario La Prensa Gráfica.

Estas y otras realidades enfrentan las mujeres salvadoreñas y muchas de sus pares en el orbe, en busca de conseguir la igualdad de derechos en un mundo donde son mayoría.

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