martes 7, febrero 2023
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Nueva acusación en Bolivia contra radicales de Santa Cruz

La Paz,14 nov (Prensa Latina) El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y el cívico Rómulo Calvo enfrentan hoy una nueva denuncia por los hechos violentos registrados en el oriental departamento de Santa Cruz en 24 días de paro por tiempo indefinido.

“En este momento se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (Sucre), ante el fiscal Juan Lanchipa para que estas nuevas acciones delictivas que se han cometido se investiguen y que el Ministerio Público converja todos los procesos y las denuncias que se han efectuado”, declaró a la prensa el abogado Aldo Michel, coordinador del Comité Impulsor de Justicia.

Criticó que ambos promotores de los bloqueos violentos pese a tener pendientes expedientes penales en su contra por el caso Golpe de Estado I sobre los crímenes cometidos tras el derrocamiento del expresidente Evo Morales y otros, todavía no presentaron declaración.

Al referirse a Calvo, agregó que tiene pendiente otra causa por privación al trabajo y actos violentos desde el paro fracasado en 2021, y deploró que hasta la fecha sigue sin declarar.

“Es hora que los operadores de justicia respondan al clamor popular, porque se ha afectado gravemente la condición de derechos humanos en Santa Cruz”, advirtió enfático.

Aclaró que en caso contrario el Ministerio Público incurriría en denegación de justicia e incumplimiento de deberes.

Según el abogado, como autores intelectuales Camacho y Calvo incurrieron en los delitos de incitación a delinquir, organización de grupos paramilitares, daño a propiedad pública y privada, lesiones graves y gravísimas, conspiración “con rasgos de conducta terrorista”, robo agravado y otros.

Tras conocer la víspera la aceptación de una acusación con alerta de arraigo migratorio presentada por la Confederación Obrera de El Alto, Michel consideró que esa medida se tomó con retraso ante los desmanes cometidos por los movilizados por este binomio bajo la exigencia de «censo 2023 sí o sí» en contra de la decisión gubernamental de realizar el ejercicio censal en 2024.

“En rigor y concretamente aplicando lo que dice la norma, sobre la responsabilidad y la competencia del Ministerio Público, debieron ya activar, de oficio inmediatamente, el inicio de una investigación con la perspectiva de un proceso penal contra los señores Camacho y Calvo”, sostuvo.

Consideró que existen antecedentes flagrantes, confesos, de la comisión de delitos de estos dos personajes, que ahora iniciaron un ciclo no solamente violento, sino delictivo.

Indicó que Camacho y Calvo presiden y encabezan una organización criminal, y en tal sentido es obligación del Ministerio Público no solo admitir las nuevas denuncias, sino dar continuidad al caso concreto del proceso denominado Golpe de estado I.

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