Buenos Aires, 23 nov (Sputnik).- La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pidió el martes que se amplíe la declaración indagatoria de los acusados en la causa que investiga el intento de magnicidio en su contra, ocurrido el 1 de septiembre, y reclamó que se les amplíe la imputación por el delito de asociación ilícita.
«La vicepresidenta pidió imputar a los acusados por asociación ilícita», informaron fuentes judiciales a las que accedió la Agencia Sputnik.
En el escrito presentado ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, los abogados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, solicitaron la realización de nuevas medidas de prueba.
El documento señala que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) elaboró el 26 de octubre una serie de informes sobre los dispositivos celulares de los que se realizaron extracciones y halló material que «amerita nuevas medidas de prueba».
«Hace casi un mes que el juzgado tiene este informe a disposición (que, vale decirlo, no lo produjo el propio juzgado, sino el Ministerio Público Fiscal) y no tomó una sola medida, ni probatoria ni jurídica», cuestionaron los representantes de la exmandataria (2007-2015).
La querella apuntó contra la magistrada, cuya recusación pidió Cristina Fernández, al sostener que la jueza no se ocupó «de profundizar su búsqueda» acerca de las tres personas procesadas por el intento de homicidio: el autor material del atentado, Fernando Sabag Montiel, su pareja Brenda Uliarte y el jefe del grupo, Gabriel Carrizo.
«Otra muestra de que el objetivo no es investigar, sino sacarse de encima esta causa rápido», advierte el escrito.
Una serie de llamadas
No obstante, los abogados pidieron la ampliación de la indagatoria de los tres acusados, el cambio de la calificación procesal sobre Carrizo, para que sea considerado también coautor del intento de homicidio y la imputación de todos como miembros de una asociación ilícita.
El escrito presentado por la querella da cuenta de una serie de llamadas, anteriores al atentado que, según los abogados, deberían investigarse, entre ellas las mantenidas con una tal «Jesi Celina», que se extendieron durante el curso de casi 45 minutos en la madrugada previa al ataque a Cristina Fernández.
Los letrados de la exmandataria también señalaron que hay otros mensajes que no fueron atribuidos a Carrizo en su indagatoria y que «hacen imperante una ampliación de la imputación».
El 1 de septiembre Carrizo reconoció en diálogo con «Kevin Bargas 2» que su «empleado», en alusión a Sabag Montiel, que había intentado matar a Cristina Fernández, «para que el Gobierno sepa con quienes se están metiendo».
Carrijo, jefe de la banda que vendía algodones de azúcar a la que pertenecían Uliarte y Sabag Montiel, afirmaba también que el que la iba a matar a la vicepresidenta iba a ser un amigo o él mismo.
Los querellantes solicitaron «que se identifique a todas las personas con las que Carrizo intercambió mensajes» para citarlas a prestar declaración testimonial, identificadas como «Prima Vero» y «Lía», además de «Kevin Bargas 2».
En una causa paralela, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó el 3 de noviembre a cuatro integrantes de la agrupación Revolución Federal, responsable de difundir mensajes de odio contra altos cargos del Gobierno y sospechosa de estar vinculada con el intento de magnicidio. (Sputnik)
