sábado 9, diciembre 2023
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Chaves la emprende contra el ex presidente de la CCSS Álvaro Ramos y cinco directivos

San José, 7 dic (Elpaís.cr).- El presidente Rodrigo Chaves informó que su Consejo de Gobierno demandó penalmente al expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y suspendió a cinco miembos de la Junta Directiva por el pago del aumento salarial a los trabajadores de la institución.

El mandatario dijo que el Consejo de Gobierno ordena apertura de procedimientos administrativos a 5 miembros de Junta Directiva de la CCSS, la mayoría nombrados por organizaciones sindicales y empresariales.

«En la sesión del miércoles 7 de diciembre de 2022, el Consejo de Gobierno tomó la decisión de conformar órganos directores de procedimiento a cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, por varias denuncias presentadas con ocasión de sus funciones», aunque no precisó quienes presentaron las acusaciones al Ejecutivo.

Añadió que se decidió dictar como medida cautelar la suspensión con goce de dieta de los citados funcionarios durante el tiempo en que se lleven a cabo dichos procedimientos administrativos.

Se trataría en apariencia de la representante de los sindicatos, Marta Rodríguez; el de las cooperativas, José Luis Loría; la representante del sector solidarista, Maritza Jiménez; el representante empresarial, Jorge Arturo Hernández; y el del Gobierno, Carlos Salazar.

El informe oficial señaló que «cabe destacar que el Consejo de Gobierno acordó enviar el caso a la Fiscalía General para que inicie una investigación en la vía penal por los eventuales hechos delictivos en los que pudieron incurrir los citados funcionarios. En esta denuncia se incluye al expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Álvaro Ramos Chaves».

“Había un informe diciendo ‘no alcanza la plata; la Caja y el Seguro de Enfermedad y Maternidad entre en números rojos ahoritica; no es el momento de subir el salario’. Y aún así ignoraron eso”, expresó Chaves en setiembre cuando los directivos acordaron pagar el aumento salarial retroactivo.

El pago a los 63.000 trabajadores de la Caja, correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022, tendrá un costo de ¢29.000 millones. La decisión incrementa el gasto salarial a futuro en más de ¢10.000 millones por año, según el Ejecutivo.

La actual jerarca de la Caja, Marta Esquivel, dijo a diversos medios que la decisión del Consejo de Gobierno también se fundamentó en el posible conflicto de intereses en el acuerdo en torno al aumento salarial ya que varios trabajadores de la CCSS son familiares de los directivos.

El caso “fue señalado por la prensa y eso nos obligó a hacer la investigación. Es precisamente la existencia de conflictos de intereses en el conocimiento y aprobación del acuerdo salarial. Hay políticas de conflictos de intereses, pero el ejercicio de respeto no es una tónica institucional”, manifestó Esquivel a la prensa.

Chaves y Marta Esquivel quieren “desmantelar” y “privatizar” institución

Entre tanto, la representante de los sindicatos ante la Junta Directiva de la CCCSS, Marta Rodríguez, declaró al Semanario Universidad que tanto Chaves como la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Rodríguez, son “enemigos” de la seguridad social.

“El señor presidente y la presidenta ejecutiva son enemigos de la CCSS. Quieren quitar todos los obstáculos para entregarle a sus amigos la institución, para privatizar y desmantelar la seguridad social, y nosotros -los directivos- nos hemos convertido en un obstáculo”, indicó Rodríguez.

“Por eso más allá de decisiones que se hayan podido tomar en la Junta, esto tiene un fin último que es desmantelar a la Caja Costarricense de Seguro Social en un acto antijurídico que no corresponde y que no se hubiera esperado nunca de la Presidencia de la República”, añadió.

La representante de los sindicatos comentó que tal decisión dejaría sin quórum la Junta Directiva, el órgano encargado de tomar las decisiones más importantes en la institución, y que ahora hay que valorar si la decisión

Agregó también que por el momento se encuentra valorando interponer algunas acciones contra un Consejo de Gobierno, el cual en su criterio “atenta contra la autonomía institucional”.

“Nos queda analizar si realmente tiene o no la competencia el Gobierno desde el punto de vista de la autonomía (para realizar esta suspensión) y también de los sectores a los que representan los directores que están siendo suspendidos. A partir del análisis jurídico de esto estaremos tomando las acciones que correspondan», destacó.

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