lunes 6, febrero 2023
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La consulta popular en Ecuador y los temas ambientales

Quito, 9 dic (Sputnik).- Dos de las ocho preguntas incluidas en la consulta popular prevista en Ecuador para el 5 de febrero de 2023 podrían haberse resuelto a través de otros mecanismos y no precisamente por esta vía, una opinión compartida por ambientalistas en este país, quienes consideran que se excluyeron temas clave en este ámbito, pese a que están en debate en la sociedad.

«Las preguntas que está planteando el Gobierno me parece que, aunque son importantes de tratar, no son necesariamente para una consulta de cambio de Constitución», aseguró a la Agencia Sputnik el director de WWF-Ecuador (Fondo Mundial para la Naturaleza), Tarsicio Granizo.

El decreto ejecutivo 607, que dispone convocar al referéndum, propone en la pregunta número 7 que los ecuatorianos se expresen sobre la incorporación de un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando de esta forma la Constitución.

En tanto, la pregunta número 8 indaga entre los ciudadanos si están de acuerdo en que sean beneficiados con compensaciones, debidamente regularizadas por el Estado, para quienes protegen el medio ambiente, entre ellos pueblos, comunidades y personas.

Granizo, exministro de Ambiente, señala que cree en la democracia participativa y que los ecuatorianos tengan que ser consultados sobre temas complejos, incluyendo los ambientales, porque estos no conciernen solamente a los ambientalistas y guardan relación con la soberanía alimentaria, la salud y la productividad.

«Creo importante que las decisiones que tienen que ver con medio ambiente, primero se tomen en un contexto holístico, de entender las relaciones del ambiente con los otros temas de la sociedad, como la producción la salud, la educación, etcétera, y segundo, que cuando son fundamentales el pueblo sea consultado», recalcó.

Con una experiencia de unos 40 años en este campo, Granizo llama la atención respecto a otros temas que podían haberse consultado en la consulta de febrero próximo, como son la economía pos petrolera y un nuevo modelo de desarrollo para el país.

Áreas protegidas y compensación por servicios ambientales

Respecto a la pregunta 7, el exministro señaló que en la carta magna ecuatoriana se consideran distintos subsistemas, pero estos están relacionados con la tenencia de tierras, no con las categorías de manejo.

En su consideración, aunque es sumamente importante que las áreas de protección hídrica sean parte del sistema, no hacía falta poner la pregunta en la consulta para cambiar el texto constitucional.

«En este caso, simplemente, había que modificar el Código Orgánico Ambiental para que se pueda reconocer las reservas hídricas como una nueva categoría de manejo», apuntó.

En cuanto a la pregunta 8, Granizo expuso que la Constitución vigente tiene un «candado» que impide que los servicios ambientales puedan ser parte de mercados de carbono, por ejemplo, y eso quizás se deba cambiar, pero tampoco hacía falta incluirlo en la consulta.

Anotó que, de hecho, el Ministerio de Ambiente está haciendo los análisis legales correspondientes para valorar cómo se puede beneficiar el país, y sobre todo a las comunidades locales, de estos mercados de servicios ambientales.

«Lo importante es que estos mercados favorezcan a los más vulnerables y no sean para los de siempre, para las elites económicas y políticas, sino que sirvan realmente para solucionar problemas de la gente, en el territorio, de los grupos más vulnerables», enfatizó.

Consultas pertinentes

Dos iniciativas ciudadanas medioambientales quedaron excluidas de la posibilidad de consultar a los ecuatorianos simultáneamente con la celebración de las elecciones de autoridades locales (alcaldes y prefectos) y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS, entidad autónoma de transparencia).

Una de estas, propuesta por el colectivo Yasunidos, pretendía conocer la opinión de la ciudadanía respecto a su propuesta para que el Gobierno mantenga bajo tierra, por tiempo indefinido, el crudo del bloque 43 o ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), de donde se extraen alrededor de 100.000 barriles diarios de petróleo.

Tras conocerse las dos preguntas incluidas en la consulta, Yasunidos manifestó su rechazo y aseveró en su cuenta en Twitter que «las únicas consultas populares que tienen legitimidad en estas elecciones son aquellas que vienen del pueblo y ponen en debate problemas de fondo, como son la del Yasuní y la de Quito sin minería».

En un comunicado difundido en su página digital, Yasunidos señaló que, a simple vista, estas preguntas planteadas por el Gobierno parecerían beneficiosas para la naturaleza, pero ambas afectan directamente los derechos de la naturaleza y los de las comunidades.

Otra propuesta ciudadana descartada de la consulta popular fue la presentada por el colectivo Quito sin minería para la suspensión de la minería artesanal a gran, mediana y pequeña escala, en seis parroquias rurales (Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto) ubicadas en el Chocó Andino quiteño, declarado por la Unesco como la séptima reserva de la biosfera en Ecuador.

En este caso, el Consejo Nacional Electoral solo validó 171.000 firmas de las cerca de 450.000 rubricas entregadas, por lo cual el colectivo Quito sin minería ha exigido su revalidación.

Granizo afirma que «eran temas fundamentales» a consultar, tanto la iniciativa de Yasunidos de la no explotación en esa reserva amazónica ecuatoriana, como la de Quito sin minería.

Para el titular de WWF Ecuador, existen problemáticas en este ámbito que podrían haberse añadido en el ejercicio democrático previsto, como el consentimiento libre, previa información a las comunidades respecto a la intervención en sus territorios, a fin de que fuera incluido en la Constitución.

«Es decir, no es la consulta, es el consentimiento, y es ahí donde es necesario que en la concepción esté ese tema. Esa es una pregunta que realmente tiene sustento y sustancia», explicó.

A su juicio, otros puntos relevantes que pudieron tomarse en cuenta son la llamada economía pos petrolera, es decir, si puede haber explotación petróleo en áreas protegidas y el debate sobre un nuevo modelo de desarrollo para el país.

«Esos son los temas de fondo que tienen que ver con temas ambientales profundos y estructurales, y creo que es ahí donde deberíamos ser consultados en un proceso similar al que quiere hacer el Gobierno», indicó.

El Gobierno de Ecuador planteó en el referéndum otras preguntas relacionadas con la seguridad, transparencia, registro de partidos políticos y conformación de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), así como del CPCCS y la eliminación de su facultad de elegir autoridades u organizar procesos con ese objetivo.

Al hacer la convocatoria para la consulta ciudadana, el presidente Guillermo Lasso aseguró que esta consulta tiene una concepción social, ciudadana, de más equidad y representatividad y aseguró que gana la paz, la seguridad y el planeta, aunque decidió desconocer dos iniciativas ciudadanas que ponen el dedo en la llaga en el tema ambiental. (Sputnik)

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