Lo ocurrido en la CCSS es sencillamente asqueroso

Columna Poliédrica

Lo que ha pasado en la Caja Costarricense del Seguro Social es una jugada jurídico-política de las más asquerosas que se han visto en la sociedad costarricense. No hay que ser muy brillante para darse cuenta que ha sido orquestada por una persona con conocimientos jurídicos y que ha sido puesta en esa institución, la persona, para destruirla y cumplir con los designios de grupos de interés que están por el negocio de la medicina privada.

El plantear una denuncia penal para, posteriormente, tener un motivo jurídico para suspender de sus cargos a los miembros de la Junta Directiva, es simplemente indecente. Toda esta matrafula la han hecho porque no quieren respetar los derechos de los trabajadores de la CCSS y el gobierno del señor Chaves Robles está empeñado en hacerlo con base en la sustitución amañada de los miembros de la Junta Directiva; en otras palabras, una vez que nombre a sus acolitos, la persona que tiene como Presidenta de esa institución, promoverá los acuerdos no solo para revocar e impedir el ajuste salarial de los funcionarios, sino para seguir privatizando y desmantelando a la institución.

Asqueroso e indecente son adjetivos fuertes y, como siempre, serán motivo de crítica para este texto y quien lo escribe. En esta ocasión los uso porque son juicios de valor en relación con los hechos que se han dado en la CCSS y que, curiosamente, han tenido la indiferencia de propios y extraños; uno hubiera esperado la mayor reacción posible de los sindicatos de la institución, del sector profesional de esa entidad y de otros sectores de la sociedad costarricense, sin embargo, lo que ha existido es un silencio sepulcral.

El problema es que los grupos económicos que les interesa el negocio de la salud privada, han logrado introducir personas en su estructura institucional para sabotear, desde adentro, su funcionamiento y así preparar el terreno para la privatización de los servicios de salud. Ello ha ocurrido no solo en la Junta Directiva, sino también en diferentes servicios en que hay profesionales en medicina y en otras actividades vinculadas al sector de la salud, en que se aboga por la medicina privada en detrimento de la medicina pública.

El saboteo de la CCSS se ha dado también en relación con la formación de los profesionales de la salud. Por un lado, las universidades privadas con la complicidad de la jurisdicción constitucional costarricense, han utilizado los hospitales de la CCSS para desarrollar su negocio educativo y lucrar con sus estudiantes; por otro lado, estas universidades privadas brindan una formación deficiente y ahora los asegurados se topan en los diferentes servicios, personas que no tienen los conocimientos básicos de las profesiones médicas. Resultado: el asegurado está expuesto a malos diagnósticos y a la mal práxis de estos “profesionales”.

Ahora bien, lo que se para el sol a ver es que la persona designada para hacer este tipo de matrafulas, se supone que es experta en derecho laboral e incluso fue interprete autorizada de la Constitución Política de Costa Rica. La contradicción es absolutal porque no solo actúa en contra de los trabajadores de la CCSS e indirectamente contra el resto de trabajadores costarricenses que verán limitado o eleminado su derecho a la salud, al desmantelar y privatizar los servicios de la Caja; sino que también porque aboga por desconocer la arquitectura constitucional establecida por el constituyente del 49, propiciando que el poder formal y el fáctico metan sus manos en el órgano de toma de decisiones de la institución y en el resto de su estructura organizacional.

Parafraseando al recordado novelista fránces, Víctor Hugo: una magistratura en propiedad en la jurisdicción constitucional no vale el desmantelamiento y la privatización de la CCSS.

 (*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

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