jueves 28, marzo 2024
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Los jueces de ultraderecha que atacaron Cataluña, ahora contra el gobierno español

España se ha negado siempre a negociar con los catalanes sobre un referéndum de autodeterminación. Y, cuando en 2017 este movimiento social pacífico auto-organizó un referéndum, el Estado español volvió a negar el debate político y buscó la criminalización del movimiento a través de la Justicia.

España quería destruir al independentismo catalán a cualquier precio, y dieron vía libre a los jueces: Encarcelaron a políticos y activistas, destituyeron a dos presidentes del gobierno catalán, impidieron la investidura del político más votado, prohíben debates parlamentarios e iniciativas políticas, encubren el espionaje ilegal con Pegasus y persiguen legalmente a 3.600 activistas.

Como la UE no ha cuestionado a España, cuando la UE critica los gobiernos chino, turco y ruso de no respetar los derechos humanos, ellos responden que actúan como lo hace España con los catalanes.

Y ahora esta injerencia judicial empieza a salpicar al propio gobierno de Madrid. La cúpula del poder judicial lleva cuatro años funcionando caducada y como los jueces son escogidos por los partidos, tienen color político. Ahora el PP (derecha) tiene mayoría en los órganos judiciales y por eso bloquea su renovación para no perder esa mayoría.

Después de cuatro años, el gobierno de PSOE-Podemos (centro-izquierda) quiere modificar la ley de designación de jueces para superar el bloqueo, pero a petición del PP el Tribunal Constitucional (que también tiene dos miembros caducados) ha prohibido la votación del Senado que debía aprobar la reforma. Todo el país ha quedado consternado al constatar cómo el poder judicial ha vulnerado la separación de poderes como si fuera lo más normal del mundo.

Además, para crear crispación, la oposición dice que el gobierno quiere renovar los órganos judiciales para poder modificar el código penal y así favorecer a los independentistas catalanes. ¡Nada más lejos de la realidad! El Gobierno pretende derogar el delito de sedición con el que se condenó a los activistas en 2017 (un delito que el Consejo de Europa había pedido eliminar) para sustituirlo por el delito de desórdenes agravados (un delito ambiguo que los jueces podrán aplicar como quieran). El independentismo ha denunciado que este nuevo delito permitiría aberraciones como impedir el derecho de manifestación y continuar la guerra judicial contra el independentismo pero de manera más disimulada.

Los catalanes ya advertimos que, si no se impedían esas vulneraciones de España, acabaría salpicando más allá de Cataluña. Hasta ahora, Europa ha sido permisiva con España, pensando que cumple unos mínimos estándares democráticos y mirando hacia otro lado cada vez que Madrid ha transgredido las reglas para intentar destruir a la minoría nacional catalana. En todo caso, lejos de conseguirlo, todavía ha reforzado más la determinación por la independencia de Cataluña.

Veremos hasta dónde lleva esta descomposición antidemocrática que ya está afectando a la propia estabilidad del Estado español.

(*) Jordi Oriola Folch, Ciudadano Catalán

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4 COMENTARIOS

  1. España siempre recurre a la violencia de Estado para imponer su voluntad. Y ésta es castellanizar España hasta la médula e imponer un orden jerárquico y autoritario, elitista, que se considera superior. Ejército, monarquía y justicia, con sus otros brazos institucionalizados, son su rostro más evidente. El derecho a insultar a los catalanes es una de sus pasiones, que alimentan esta estupidez.

  2. Valga recordar, respecto al artículo de Jordi Oriola, que el levantamiento catalán empezó en 2006 con motivo del bloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional, por Parte del PP, precisamente para impedir la normalización del prestigio del catalán en Catalunya, para limitar las competencias del parlamento catalán, y para evitar que Catalunya se considerase, institucionalmente, una nación, rompiendo así el orden constitucional instaurado en 1978 con la supuesta transición pacífica hacia una democracia.

  3. Cierto, Andreu. La sentencia del 2010 de este Tribunal Constitucional fue, paradójicamente, anticonstitucional porque los Estatutos de Autonomía deben aprobarse como Ley Orgánica, hasta aquí modificable por sentencia sobre su constitucionalidad, pero después debe someterse esta Ley Orgánica a un referéndum para que los habitantes de la Comunidad Autónoma lo ratifiquen. Y esta sentencia del 2010, como digo, se saltó este último trámite imprescindible y compulsivo.

  4. Muy interesante David. Está más claro, entonces, que hubo una falta inadmisible de abuso de autoridad, donde 5 magistrados desautorizaron a millones de personas que ratificaron el Estatuto original mediante un referéndum vinculante. Pura supremacía ideológica antidemocrática. Catalanofobia.

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