domingo 29, enero 2023
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Trama de coimas y espionaje golpea imagen del Gobierno uruguayo para futuro electoral

Montevideo, 28 dic (Sputnik).- Nubes negras asoman para el futuro electoral del Gobierno uruguayo, cuya imagen es golpeada tanto por el caso del exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, detenido por falsificar pasaportes y acusado de espiar opositores y recibir coimas empresariales, como por la expedición de documentos oficiales para el narcotraficante Sebastián Marset.

Las banderas de transparencia y de gestión que enarboló el actual Ejecutivo durante la campaña de 2019, y que le significaron su victoria, están siendo rotas con la aparición de estos casos, dijeron a la Agencia Sputnik analistas.

«Todo parece indicar que va a haber un efecto sobre la imagen del Gobierno (…) El actual Gobierno, cuando era oposición uno de los temas que más usó para golpear al Frente Amplio (izquierda) fue el caso de (Raúl) Sendic y se presentaba como una alternancia también en ese aspecto, no solo de política y gestión sino que también de transparencia», dijo el doctor en ciencias políticas, investigador y docente de la estatal Universidad de la República, Antonio Cardarello.

Sendic, quien fue vicepresidente entre el 2015 y 2017, tuvo que pagar una multa por 720.000 pesos (18.082 dólares) tras ser condenado por abuso de funciones y peculado mientras ejercía la presidencia de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap).

Asimismo, a finales de junio fue sentenciado a 18 meses de prisión con suspensión condicional de la pena y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El politólogo uruguayo Pablo Álvarez, integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), afirmó que los casos de Astesiano y Marset afectan a la imagen del presidente Luis Lacalle Pou, que hasta el momento se iba sosteniendo de forma favorable, incluso en el manejo de la pandemia del covid-19.

«Estos casos pegan sobre la transparencia del Gobierno. Hizo en su campaña un eje central sobre la transparencia en contraposición con el Frente Amplio, pero la verdad es que el otorgamiento del pasaporte a Marset es por lo menos poco transparente. Todavía no hemos llegado a los impactos finales y estamos viendo la responsabilidad que pudo tener la Cancillería y el Ministerio del Interior», agregó.

Durante la campaña de 2019, Lacalle Pou usó como eslogan «estamos preparados» para la gestión y aseguró estar «rodeado de los mejores para ponerlos al servicio del país».

Otra de las frases que se le recuerda al presidente fue realizada en una entrevista con El Observador cuando asumió: «Yo soy garantía de transparencia. No piensen que somos todos iguales. Insisto, capaz que están acostumbrados a otra cosa, pero conmigo duerman sin frazada».

Sí sabían sobre Marset

El primer escándalo que tuvo el Gobierno durante este año fue cuando se conoció que el Ministerio del Interior expidió en noviembre de 2021 un pasaporte a nombre de Marset, que le fue entregado en mano en una cárcel de Dubai, gracias al envío realizado por la cancillería, mientras era investigado como uno de los narcos más importantes del cono sur americano.

En octubre del año pasado resultó detenido en Emiratos Árabes Unidos por utilizar un pasaporte paraguayo fraguado y pudo salir libre de ese país, entre otras cosas, porque Montevideo le expidió un pasaporte.

Por este caso, fueron interpelados en el Palacio Legislativo los ministros Luis Alberto Heber (Interior), Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores), y la subsecretaria de Interior, Carolina Ache Batlle, quienes alegaron que desconocían que Marset fuera narcotraficante.

Meses después, dicha justificación fue desmentida: el portal La Diaria dio a conocer unos chats que demuestran que en noviembre del 2021 el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, le advirtió a Ache sobre la peligrosidad de Marset, que por ese entonces estaba detenido en una cárcel de Dubaí y buscaba conseguir un pasaporte uruguayo.

Esta filtración le costó la renuncia de Ache a su cargo como subsecretaria de Relaciones Exteriores.

Astesiano, espionaje y coimas

El 27 de septiembre, la Justicia uruguaya dictó prisión preventiva para Astesiano, acusado de asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición de estado civil, y el presidente Lacalle Pou lo desvinculó como su jefe de seguridad luego de que la justicia le imputara tres delitos.

Tras conocerse la detención de su jefe de su seguridad, Lacalle Pou afirmó en conferencia de prensa estar «sorprendido» por la situación y negó que esta persona tuviera antecedentes penales.

No obstante, al ser detenido, Astesiano reconoció tener antecedentes, que incluyen más de 20 indagatorias policiales por diversos delitos, entre ellos hurto, estafa y apropiación indebida.

Luego de que algunos dirigentes del oficialista Partido Nacional (centroderecha) señalaran que le habían advertido al presidente sobre los antecedentes de Astesiano y los medios remarcaran que el prontuario del excustodio era conocido desde 2020, Lacalle Pou dijo enterarse por la prensa de los antecedentes de su jefe de seguridad, aunque reconoció que sí sabía de las indagatorias.

Posteriormente, se revelaron otros chats sobre Astesiano que complicaron aún más la situación en el Gobierno: en uno de ellos, una empresa de «seguridad e investigaciones» que opera desde Estados Unidos le encomendó al exjefe de la seguridad presidencial el armado de «fichas» con «información personal» sobre los senadores del Frente Amplio Mario Bergara y Charles Carrera.

Además, La Diaria informó que Astesiano coordinó una reunión entre Lacalle Pou y el número tres del gobierno de Emiratos Árabes Unidos, tras ser contactado directamente por un diplomático emiratí a falta de respuesta de la Cancillería para concretar el encuentro.

Días atrás, ese mismo medio informó que Astesiano y funcionarios de su equipo distribuían «comisiones» a cobrar a empresarios españoles que visitaron la Torre Ejecutiva (sede del Gobierno) en mayo.

También trascendieron mensajes en los que el ahora excustodio ofrecía a un empresario argentino el uso de «El Guardián», un sistema del Gobierno que permite realizar escuchas telefónicas, y se conoció que Astesiano tenía acceso a las cámaras del ministerio desde la Torre Ejecutiva.

Por último, el 21 de diciembre se conoció que Astesiano pidió en julio pasado a al subdirector ejecutivo de la Policía, Jorge Berriel, información sobre un viaje de Lorena Ponce de León, expareja del presidente Luis Lacalle Pou.

Contradicciones y negación

Cardarello indicó que en el Gobierno existen «contradicciones y negación» por estos dos casos.

«Siguen surgiendo evidencia y chats que dejan claro que había muchas figuras del Gobierno que conocían este tipo de situaciones. Todo eso genera desconfianza y el ciudadano común tiene la capacidad de apreciar más claramente si se le mintió, si se dijo la verdad, más allá de las declaraciones de los dirigentes que tratan de quitarle los decibeles al asunto», agregó.

Consideró que es un tema más sencillo de entender para el ciudadano que cuando se discute sobre políticas o gestión de Gobierno.

Por su parte, Álvarez indicó que en estos casos se ve una trama de «abuso de funciones o de corrupción» y afirmó que «lo que resta saber es si el presidente estaba en conocimiento y hasta donde conocía».

Año preelectoral

A pesar de que el Gobierno intentó mostrar que el Frente Amplio estaba «corrompido», el actual Ejecutivo está viviendo hechos parecidos o incluso de «mayor gravedad», indicó Cardarello.

«Toda la superioridad que se quería exhibir no era cierta. Por eso es muy riesgoso cuando los políticos entran en temas de superioridad moral, de tener el monopolio de la transparencia y achacarle a otro todos los fenómenos de corrupción porque nadie está libre de eso y se vuelve un bumerán (…) Claramente puede tener un costo electoral», reflexionó.

A su vez, Álvarez consideró que puede tener un costo electoral sobre todo en la población más informada.

«Estos asuntos pegan mucho más fuertemente en la población más informada, pero de a poco llega al resto, que comienza ver que el Gobierno no resuelve los hechos. Esto no significa que se abandone en masa al Gobierno, porque una parte de la población no votaría al Frente Amplio, pero el sector que no tiene fidelidad por partidos sino que elige su voto por los hechos que ocurren, que es casi un 20 por ciento, puede estar influenciado por estos hechos», agregó.

De acuerdo a la Usina de Percepción Ciudadana, la aprobación de Lacalle Pou bajó de 40 por ciento a 35 por ciento entre los meses de octubre y noviembre.

Para el 52 por ciento de las personas encuestadas, el caso Astesiano influyó en la valoración de la gestión presidencial. (Sputnik)

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