sábado 28, enero 2023
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Vasto despliegue de seguridad en guerra anti pandillas en El Salvador

San Salvador, 28 dic (Sputnik).- La fuerte presencia de soldados listos para el combate junto a policías en comunidades de la capital de El Salvador cercadas como parte de la escalada de la guerra contra las pandillas, fue constatada por Sputnik en un recorrido nocturno por la ciudad el martes.

La presencia de los militares fuertemente armados patrullando entre las edificaciones asemeja imágenes surrealistas en un país que en 1992 terminó un cruento conflicto interno con la firma, el 16 de enero de ese año en México, de los Acuerdos de Paz.

Las dos últimas comunidades cercadas por las fuerzas de seguridad a partir del pasado sábado 24 son la Tutunichapa y La Granjita, dos barriadas densamente pobladas y próximas al centro histórico y las populares zonas comerciales de Metrocentro y Metrosur.

«Todos los terroristas, narcotraficantes y pandilleros serán removidos de esta comunidad, hasta hace unos meses bastión del crimen», escribió ese día el presidente, Nayib Bukele, en Twitter.

Bukele agregó que «los ciudadanos honrados no tienen nada que temer y pueden continuar su vida normalmente».

Horas más tarde, más de 1.000 militares y agentes policiales fueron desplegados en La Granjita con el propósito de capturar, además, a los pandilleros que buscaran refugio en el lugar tras huir de la Tutunichapa.

Durante un recorrido realizado por la Agencia Sputnik la noche del martes, se apreció la fuerte presencia militar en un área de edificios multifamiliares contigua a la alameda Juan Pablo II y en la penumbra de las calles a los soldados de posta y sus armas de guerra, no lejos de lo que parece un punto de control.

A unos 50 metros, sobre la acera, dos mujeres jóvenes con sus hijos venden refrescos, perros calientes y pupusas, el popular platillo nacional, en carritos móviles, bien iluminados y con ruidosos equipos de música.

«Todo está mejor. Estamos más seguras», dijo sonriente una de las jóvenes, pero pidió no le tomaran fotografías.

Esa es la percepción que encuentran las encuestas sobre el régimen de excepción decretado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo pasado, con altos niveles de aprobación, en algunos sondeos superior al 90 por ciento.

En otras zonas donde la población se reúne a disfrutar de las luces navideñas y los puestos temporales de comidas y ventas de todo tipo es más ostensible la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM).

Así lo comprobó esta agencia en la popular Plaza del Divino Salvador del Mundo, donde se reúnen centenares de vacacionistas y vendedores, y las plazas del centro histórico de la capital.

La otra cara de esta moneda son las denuncias de violaciones a los derechos humanos hechas por organizaciones como el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BPR).

En su último reporte este mes, la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, informó que, desde la aprobación del régimen de excepción, registran 274 expedientes con más de 4.000 denuncias por violaciones a esas garantías.

«Es preocupante que a nueve meses no hayan superado los grandes problemas con el régimen de excepción», dijo a periodistas Samuel Ramírez, uno de los representantes del MOVIR.

El despliegue en la Tutunichapa y la Granjita fue precedido por el cerco del municipio de Soyapango, el tercero más populoso del país y en el oriente de San Salvador, iniciado la madrugada del pasado día 3 por 10.000 militares y policías, en la mayor operación de estas fuerzas desde el fin de la guerra civil en 1992.

Estas operaciones forman parte de la quinta fase del Plan de Control Territorial, puesto en marcha desde 2019 por el Gobierno de Bukele y lleva por nombre «Extracción», pues su propósito es capturar a los pandilleros que han logrado escapar a la persecución de las autoridades.

El problema de las pandillas se gestó a fines del siglo pasado tras la llegada de centenares de deportados de Estados Unidos y paulatinamente las «maras» sometieron a su control muchas zonas del país, asoladas por la violencia y un régimen de extorsiones tan común que la población lo llama «la renta», como si fuera un impuesto legal. (Sputnik)

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