Como operador del derecho y en especial sobre el que determina los hechos delictivos, he de indicar que el año 2022, ha sido objeto de múltiples críticas en los dos ámbitos estatales que tienen bajo su potestad el control de la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana, a saber el Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Ministerio de Seguridad Pública.
Críticas propias de los ciudadanos que desde su óptica han visto afectados dichos sistemas, por los hechos que han constituido noticias nacionales de portada de todos los medios de comunicación que de manera acertada en ocasiones muy profesionalmente le indican a los ciudadanos lo que ha sucedido y lamentablente en muchas ocasiones con titulares de bochorno y sin una clara realidad. Algunos hechos en los cuales se ha tratado a sus protagonistas como presuntos culpables, con sentencias mediaticas, que no tienen recurso alguno, olvidando con ello el principio constitucional de la presunción de inocencia.
Desde inicios del año, se dieron hechos relacionados con la INSEGURIDAD que acompaño al país, al verse atacado por una serie de actos que pusieron en duda la efectividad de la política estatal en torno a la seguridad jurídica y ciudadana. Ciudadanos pidiendo cárcel a diestra y siniestra, y ahora un Ministro de Seguridad Pública coqueteando con el sistema de Bukele, sin pensar con ello en los derechos humanos violentados por éste, pero aplaudidos por muchos.
Recordados hechos; múltiples homicidios que han sido atribuidos al sicariato, graves feminicidios, y las múltiples estafas que se indican se dan a lo interno de los Centros Penales, determinaron que algo grave pasaba a lo interno de los centros penales y que posteriormente demostró no solo ello, sino la existencia de una red de criminalidad institucional propiciada por funcionarios, privados de libertad y agentes externos al sistema. Ello conllevo a una serie de investigaciones internas, que sin profesionalismo y pretendiendo atacar la existencia del problema, se dieron a recibir y propiciar testimonios a lo interno del sistema, disque para conocer la verdad real de los hechos denunciados y que eran vox populi entre quienes frecuentan dicho medio. Ello conllevo a la existencia de causas judiciales y administrativas que aun hoy día se encuentran por dilucidarse judicialmente. Hechos que generaron criticas sin sentido y hasta llevaron a legisladores a proponer descabellados proyectos de ley tendentes a reducir beneficios penitenciarios que en nada tenían que ver con la existencia de estos hechos.
Hoy día un Ministerio Público, considerando inconstitucional un sistema de ejecución de la pena, que a través del tiempo ha sido progresivo y en el cual la lamentable participación de algunos beneficiados en graves hechos delictivos, ponen en dudas las decisiones del Instituto Nacional de Criminología y Adaptación Social, que siempre han sido duramente criticados por quienes adversan la desinstitucionalización paulatina y la reinserción del privado de libertad a la sociedad. Solo queda ver, si la Ley de Ejecucion Penal, avanza en el Poder Legislativo.
Nos enteramos por los medios, que funcionarios del Ministerio de Seguridad Publica, se vieron involucrados en hechos delictivos en los cuales funcionarios policiales ostentando dichos cargos eran acusados de ser partícipes en los mismos. Noticias que llevaban consigo la indignación de la ciudadanía al ver que quienes estaban llamados a resguardarla, eran quienes ejecutaban dichos actos. Robos, asaltos, tumbonazos al narcotráfico, tráfico y otros hechos fueron objeto de las críticas ciudadanas y ello conllevo a que el Gobierno pretendiera otro rumbo en sus políticas, esperamos den resultados.
En cuanto al Poder Judicial, los cuestionamientos de Jueces, funcionarios de la Fiscalía, personal auxiliar y resoluciones judiciales disminuyeron grandemente con las decisiones que se tomaron otrora, sin embargo no deja de cuestionarse, la lentitud de los procesos judiciales en general y la grave mora judicial, que hace que con el transcurso del tiempo la verdad de los hechos, se desvanezca y la justicia que se pide no se otorgue. Las estadísticas siguen indicando que la ciudadanía ha perdido la confianza en este PODER DE LA REPUBLICA, que años anteriores no ha sido objeto de ello. Un año que dejo la pérdida lamentable de un insigne magistrado, Álvaro Burgos y además el Director del Organismo de Investigacion Judicial don Walter Quesada, quedando la esperanza de que quienes les sustituyan sigan con su legado. Que las decisiones, en temas de crimen organizado, sean en buen derecho debidamente tomadas y nos saquen del limbo en el cual se encuentran.
En el Poder Legislativo, existen una serie de proyectos de ley, para mejorar en mucho los problemas indicados y que fueron noticia este año 2022. Esperamos que las decisiones del Gobierno, sean las apropiadas, para mejorar no solo la imagen de estos importantes entes gubernamentales, sino para poner en marcha los proyectos que si darán mejoría a ello. Solo esperamos que si se crean leyes, su contenido presupuestiario permita su buena puesta en marcha.
Que el año 2023 , sea un año lleno de Seguridad para todos los ciudadanos de nuestro país.
(*) Rafael Rodríguez Salazar es Abogado
