Buenos Aires, 5 ene (Sputnik).- El Gobierno argentino convocará sesiones extraordinarias en el Congreso durante la segunda quincena de enero a fin de que puedan tratar el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema promovido por el Ejecutivo, anunció este jueves la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.
«Va a ser para la segunda quincena de enero», informó la funcionaria en una rueda de prensa.
Bajo esta consigna, el parlamento deberá reunirse para tratar la solicitud del Gobierno de analizar las actuaciones de los cuatro integrantes del máximo tribunal y para abordar otros temas económicos, puntualizó Cerruti.
El presidente Alberto Fernández entregó en la víspera a la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, un documento en el que el jefe de Estado y 11 gobernadores de las 24 jurisdicciones que tiene el país solicitan el juicio político de los miembros de la Corte Suprema.
La decisión fue tomada a raíz de una medida cautelar dictada por la Corte Suprema el 21 de diciembre que amplía de 1,4 al 2,95 el porcentaje de unos impuestos que el Estado debe transferir a la capital, denominados fondos coparticipables.
Durante su comparecencia, Cerruti cuestionó la relación del alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, con un empresario a cargo del manejo de las grúas y de las playas de estacionamiento en la capital, Marcelo Violante.
Este ejecutivo está en la mira desde que se difundieran unos chats con el hasta ahora ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, que darían cuenta de supuestos sobornos y otras irregularidades.
Al respecto, la portavoz presidencial señaló que Violante ha sido denunciado desde «hace más de diez años» por falsas concesiones y subsidios y que se refería a «bolsos, dólares que van para el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires».
En ese sentido, Cerruti planteó la posibilidad de que quizás «muchos de esos dólares terminan siendo párate del sistema que montó Larreta para tener impunidad a través del silencio y de muchos medios de comunicación».
Entre tanto, el pedido de juicio político atañe al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y de los otros tres integrantes del máximo tribunal del país: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La actual gestión reprochó que la medida cautelar de la Corte implique transferir a la ciudad, el distrito más rico del país, más de 180.000 millones de pesos adicionales (997 millones de dólares al cambio oficial).
Después de considerar que era incumplible, el Gobierno decidió que finalmente acataría el fallo, pero promovió al mismo tiempo la solicitud de juicio político que debe ser debatida en el Congreso. (Sputnik)
Gobierno de Argentina convocará este mes sesiones extraordinarias en el Congreso
