jueves 26, enero 2023
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Menos legisladores, una propuesta del Gobierno de Ecuador para próxima Consulta Popular

Quito, 6 ene (Sputnik).- La Consulta Popular que se realizará el 5 de febrero en Ecuador preguntará a los ciudadanos si están de acuerdo con la reducción del número de integrantes de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral). ¿Es viable esta propuesta en un país de 18 millones de habitantes?

«Reducir los asambleístas no mejora la calidad de los representantes. Con esa lógica, para mejorar la justicia, deberíamos reducir el número de jueces o también el número de los ministros, para mejorar el gabinete. Eso es ilógico», dijo a la Agencia Sputnik la legisladora Paola Cabezas, de la coalición de centroziquierda Unión por la Esperanza (UNES).

La idea del Ejecutivo es que, para los comicios legislativos de 2025, disminuyan los parlamentarios provinciales, de los dos actuales a uno, y permitir uno adicional en los territorios con más de 250.000 habitantes, además de dos parlamentarios nacionales por cada millón de habitantes y uno por cada 500.000 ecuatorianos residentes en el exterior.

Para que ello sea posible, es preciso enmendar el artículo 118 de la Constitución, vigente desde 2008, según el cual la Asamblea Nacional debe integrarse con 15 legisladores elegidos en circunscripción nacional; dos por cada provincia, y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000, de acuerdo al último censo nacional de la población.

En ese orden, la carta magna señala que la ley determinará la elección de asambleístas de regiones, de distritos metropolitanos, y de la circunscripción del exterior.

Posibles cambios

Actualmente, el máximo órgano legislador de Ecuador está integrado por 137 miembros, 15 de ellos elegidos a nivel nacional, lo cual representa el 10,95 por ciento del total, mientras que los provinciales suman 116 y otros 6 por el exterior.

De mantenerse ese esquema, para los sufragios de 2025, el número de asambleístas nacionales aumentaría a más del doble y los provinciales al menos a 130, teniendo en cuenta las proyecciones de crecimiento poblacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC).

En el caso de los representantes de los migrantes, actualmente están divididos a partes iguales en las tres circunscripciones en el exterior: Europa, Oceanía y Asia, Canadá y Estados Unidos y Latinoamérica, el Caribe y África, mientras que con la reforma prevista sólo habría dos.

«Los congresos en los años 80 y 90 tuvieron desde 69 a 121 parlamentarios. El congreso de 2002 se redujo a 100 y no por eso eran mejores que la actual Asamblea Nacional. Esto porque la cantidad de legisladores debe ser proporcional con el crecimiento poblacional de cada jurisdicción», señaló al respecto Cabezas.

Opiniones encontradas

A juicio del Ejecutivo, la pregunta busca fortalecer la democracia. Sin embargo, otras voces difieren e incluso rechazan el argumento oficial de que ayudará a cambiar el país para mejor.

«Reducir la asamblea definitivamente va a incomodar a quien ha visto en los curules una oportunidad de negocio, pero siendo un país tan pequeño, con pocas provincias, disminuir el número no solo va a ser eficiente en el gasto, en el presupuesto; también va a ser eficiente en mejorar la calidad de asambleístas que tengamos», manifestó en Twitter la abogada Karla Morales.

Morales señaló, además, que esta reforma permitirá exigir a los partidos que propongan mejores perfiles, a la ciudadanía ser más responsable con el voto y a quienes salgan electos garantizar la representatividad de una forma mucho más eficaz y coherente.

Ricardo Ulcuango, también legislador por UNES, dijo a la Agencia Sputnik que esa propuesta no resuelve ningún problema de eficacia de la Asamblea Nacional y, por el contrario, vulnera los derechos de representación y por ende democráticos de la ciudadanía y su capacidad de elegir a sus representantes.

«La pregunta elimina la representación en algunas circunscripciones como en la Amazonía y en el exterior», enfatizó.

En tanto, Cabezas dijo a esta agencia que, de aprobarse esa pregunta, se afectará la representación de muchos ecuatorianos residentes en provincias pequeñas y en el exterior.

«Habría nueve provincias que de dos o tres asambleístas pasarían a tener uno. Cerca de 80 por ciento de la población quedaría sin representación y habría una concentración de poder, y hasta volveríamos a los cacicazgos que han existido históricamente», apuntó.

Si se da paso a esta pregunta, en cambio, deberán elegirse sólo 100 asambleístas a 2025, en contraposición con los 152 que se calcula que deberían ser escogidos, de acuerdo al crecimiento poblacional.

Otro de los argumentos del Gobierno es que al reducirse el número de representantes en el parlamento, el país se ahorrará 585.525 mensuales, si se restan 37 asambleístas, y 822.900 si los 52 legisladores salen del cálculo previsto, tomando en cuenta que cada asambleísta representan para el Estado un total de 15.825 dólares mensuales, según las estimaciones.

Relación Gobierno-Parlamento

La pregunta de la Consulta Popular que busca reducir el número de parlamentarios ha vuelto a poner sobre la mesa las divergencias entre el gobierno y el parlamento, con amenazas constantes de una «muerte cruzada», un mecanismo constitucional vigente con el cual el mandatario podría disolver la Asamblea Nacional y esta, a la vez, iniciar un proceso de destitución del presidente.

En el parlamento, el oficialismo no cuenta con mayoría y ha recibido golpes como el bloqueo de proyectos legales presentados por el presidente, Guillermo Lasso.

Incluso, el mandatario llegó a declarar públicamente en marzo de 2022 que no necesitaba al Parlamento para gobernar y planeaba hacerlo mediante decretos, buscando dentro de la Constitución espacios que le permitieran actuar sin contar con el máximo órgano legislativo.

Luego, en junio pasado, durante el paro popular contra medidas neoliberales del gobierno y por la falta de respuestas a las demandas ciudadanas, la Asamblea evaluó la posible destitución del jefe de estado, iniciativa que no fructificó, pues solo hubo 80 votos a favor, cuando se requerían 92.

Karen Sichel, secretaria jurídica de la Presidencia, aseguró desde su cuenta en Twitter que esta pretendida reforma tiene como efecto la reducción de los asambleístas, pero lo más importante es «que mejora la proporcionalidad de la Asamblea y con eso mejora la representatividad».

En medio de ese panorama, los 13 millones 450.047 electores convocados a las urnas tendrán que elegir a sus autoridades locales, a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (entidad autónoma que participa en la elección de 77 autoridades), y responder a la consulta respecto a qué representatividad quieren tener en la función legislativa, donde se necesitan voces que definan el futuro de la nación a nombre de todos. (Sputnik)

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