Brasilia, 9 Ene. (EUROPA PRESS) – El juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes ha apartado durante 90 días al gobernador de Brasilia, Ianeis Rocha, por haber sido presuntamente conocedor del asalto a las instituciones por parte de los simpatizantes de Bolsonaro.
Moraes ha tomado esta decisión durante la madrugada del lunes (hora local), tras la petición de un senador –Randolfe Rodrigues– y de la Fiscalía General de la República, considerando que los manifestantes contaron con la aprobación del gobierno de Brasilia para llevar a cabo los actos, según ha informado G1.
«La escalada violenta de hechos delictivos ha derivado en la invasión de los edificios de Palacio del Planalto, del Congreso Nacional y del Tribunal Supremo Federal, con depredación de bienes de dominio público, como fue ampliamente difundido por la prensa nacional», ha indicado el magistrado.
«(Estas) circunstancias solo podían darse con el consentimiento, e incluso la participación efectiva de las autoridades competentes en materia de seguridad pública e inteligencia, ya que la organización de las supuestas manifestaciones era un hecho notorio, que fue difundido por los medios brasileños», ha agregado.
Asimismo, ha señalado que las pruebas que apuntan contra el gobernador son que los delincuentes fueron escoltados por las fuerzas de seguridad hasta la escena del crimen, que la Policía no mostró resistencia dada la gravedad de la situación, y que parte del personal desplegado no cumplió las normas propias del cuerpo.
Moraes se ha referido a que algunos agentes se han grabado, en lo que parecería un tono de broma, presenciando los actos delictivos. A esto, el juez agrega que el secretario de seguridad, Anderson Torres, no debió ser exonerado de su cargo en momentos en los que todavía se desarrollaba el asalto.
Horas antes, el magistrado aseguró que «el poder judicial no faltaría en Brasil», ya que «se responsabilizaría a los despreciables atentados terroristas contra la democracia y las instituciones».
Tras esto, Moraes señaló a quienes habrían financiado los actos, así como a los instigadores y miembros del gobierno que hubiesen participado de alguna forma «en la realización ilícita de actos antidemocráticos».
