domingo 5, febrero 2023
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Vuelve a correr la sangre de defensores del ambiente en Honduras

San Salvador, 9 ene (Sputnik).- Cuando aún una buena parte de la sociedad hondureña reclama justicia total por el asesinato de la defensora del ambiente Berta Cáceres (2 de marzo de 2016), el fin de semana el país centroamericano lamentó el homicidio de otros dos jóvenes ambientalistas en el departamento de Colón (norte).

Aly Domínguez y Jairo Bonilla fueron baleados la tarde del sábado por desconocidos en la aldea La Concepción de Tocoa, mientras viajaban rumbo a sus hogares a bordo de una motocicleta.

Fueron los dos primeros ambientalistas asesinados durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que cumplirá su primer año de gestión el 28 de enero.

Ambos formaban parte de los defensores del río Guapinol y del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.

La organización no gubernamental Libertad para el río Guapinol demandó la investigación diligente de tales graves hechos y el cese inmediato de la violencia contra las comunidades de pueblos autóctonos.

Amenazados

El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), un movimiento creado en 2015 para defender el derecho al agua de los ríos y el Parque Nacional Cerro Botadero, exigió justicia al denunciar los asesinatos de los líderes de la comunidad de Guapinol y padres de familia.

Tras resaltar que los defensores del territorio en esa región son objeto de constantes amenazas y hostigamiento, la organización comunitaria denunció que «las autoridades estatales se niegan a garantizar la integridad física de las comunidades por defender su agua y su territorio del proyecto minero ilegal».

El comunicado exige al gobierno hondureño la inmediata cancelación de las licencias mineras en el parque nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, así como la adopción de medidas urgentes en aras de garantizar la seguridad física de las personas defensoras en Tocoa.

El conflicto en torno al río Guapinol enfrenta a los defensores del ambiente con la empresa privada Los Pinares (anteriormente denominada Emco Mining Company).

Un decreto gubernamental en 2012 redujo el área protegida en el citado parque nacional en 217 hectáreas.

El territorio surcado por el Guapinol ganó relevancia internacional por el caso de los seis ambientalistas opuestos el proyecto de explotación minera, que guardaron prisión durante más de dos años, hasta su liberación en febrero de 2022 por orden de un tribunal.

Domínguez y Bonilla engrosan la lista de víctimas mortales entre los defensores del Guapinol, en la que figuran desde agosto de 2019 Roberto Antonio Argueta y José Mario Rivera, más Arnold Joaquín Morazán, asesinado el 14 de octubre de 2020.

El común denominador de esas muertes ha sido la lucha contra «Los Pinares» que desde 2019 provoca graves daños ambientales en los ríos Guapinol y San Pedro, así como en la montaña de Botaderos o Parque Nacional Carlos Escaleras.

El doble crimen del sábado en La Concepción de Tocoa se enmarca en un contexto de mucha presión contra la comunidad de Guapinol y la CMDBCP, organización que denunció a la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente por dilatar la entrega de un informe de la inspección de la empresa Inversiones Los Pinares, realizado en 2022.

¿Gobierno, responsable?

El abogado Joaquín Mejía, doctorado en derechos humanos, responsabilizó al gobierno por las dos muertes más recientes, al alegar que el Poder Ejecutivo no ha suspendido o declarado la nulidad de las concesiones dadas a empresa Los Pinares.

«A esta empresa se le otorgó un contrato de concesión minera firmado en septiembre del año 2014 sin tener la respectiva licencia ambiental. A su vez, usó un acta falsificada de cabildo abierto en el que supuestamente la población dio su aprobación a sus actividades mineras», apuntó Mejía en un hilo de nueve tuits publicado este lunes.

El gobierno de Xiomara Castro fijó su posición a través de un comunicado de su Secretaría de Derechos Humanos en el que condenó de manera enérgica el crimen, el cual ubicó en «el contexto de una campaña de hostigamiento, amenazas, criminalización y atentados, contra quienes defienden su derecho a defender derechos y a un medio ambiente sano garantizados por la Constitución».

Recordó que en su discurso de toma de posesión Castro exigió la libertad de los defensores de Guapinol y una de sus primeras diligencias ante la grave situación de violencia heredada en el Departamento de Colón, estuvo la adopción de medidas para la solución del conflicto.

«Hacemos un llamado a la Fiscalía del Estado, para la investigación inmediata de estos crímenes, y garantizar el acceso a la justicia a los familiares de las víctimas, investigando a profundidad estos asesinatos. La identificación y captura de los responsables materiales e intelectuales es una responsabilidad del Estado. Así como la acción oportuna y eficaz de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional», proclamó el organismo estatal. (Sputnik)

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