viernes 29, marzo 2024
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Acuerdo de Escazú: Asamblea Legislativa archiva emblemático tratado regional adoptado en Costa Rica en el 2018 bajo su liderazgo

Según informaron distintos medios de prensa, el pasado 1ero de febrero la Asamblea Legislativa de Costa Rica optó por no mantener en la corriente legislativa el expediente correspondiente al trámite de aprobación del Acuerdo de Escazú, puesto a su conocimiento desde el mes de febrero del 2019 (véase por ejemplo cable de la agencia EFE replicado en Swissinfo y esta nota muy completa cuya lectura integral se recomienda publicada en el medio digital Delfino.cr).

Al vencerse el plazo cuatrienal, este expediente pasa a ser definitivamente archivado, a menos que el Poder Ejecutivo costarricense decida presentarlo de nuevo en la corriente legislativa: se estima que esta posibilidad no ocurrirá con las actuales autoridades que tomaron posesión en mayo del 2022.

Como se recordará, el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional adoptado bajo los auspicios de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) en marzo del 2018 en Costa Rica por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe y consta de 26 artículos (el texto se encuentra disponible en este enlace): su objetivo es traducir en términos legales el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 sobre participación pública informada en materia ambiental.

En marzo del 2022, una cita en la capital costarricense auspiciada por la CEPAL con los principales bancos internacionales de cooperación al desarrollo  (Banco Mundial, BCIE, BID, BEI)  reafirmó que el Acuerdo de Escazú se enmarca perfectamente con los lineamientos generales sobre transparencia y rendición de cuentas que promueven estas entidades internacionales en materia de inversión (véase comunicado oficial de prensa). Al respecto, Escazú ha sido descrito por numerosos especialistas como un instrumento moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental, y ello desde diversas perspectivas y disciplinas (Nota 1).

Un hecho insólito

Cabe precisar que fue sin Costa Rica que el Acuerdo de Escazú entró oficialmente en vigor el 22 de abril del 2021, con 12 Estados Parte, siendo Argentina y México los Estados que permitieron alcanzar la cifra necesaria para su entrada en vigor:  el estado actual de firmas y ratificaciones está disponible en este enlace oficial de Naciones Unidas, con, a los 12 precitados Estados, un instrumento de ratificación adicional (Chile) depositado en junio del 2022, y otro aún pendiente (Colombia) luego de aprobarse por parte de ambas cámaras de su Poder Legislativo  y ser sancionado por el Presidente colombiano en noviembre del 2022 (véase nota nuestra al respecto).

En el caso de Costa Rica, es la primera vez que se observa semejante ausencia por parte de un Estado que lidera una negociación de un instrumento internacional y que le da el nombre de uno de sus cantones al acuerdo aprobado: Costa Rica es doblemente ausente, al no haber estado entre los primeros Estados en ratificarlo y al no figurar tampoco en el grupo de Estados que le otorgan vida jurídica para lograr su entrada en vigor (11 Estados requeridos, en el caso del Acuerdo de Escazú).

Se trata de una situación totalmente anómala e insólita, y sobre todo desconocida hasta la fecha en la práctica diplomática internacional.  Tanto dentro como fuera de Costa Rica, la inconsistencia con la imagen internacional proyectada es absoluta.

En el ámbito interno, la incongruencia de varios partidos políticos es más que evidente al recordarse que en febrero del 2020, este mismo instrumento internacional fue aprobado en primer debate con 44 votos a favor y 0 en contra (véase tablero con detalle de los votantes del 13 de febrero del 2020): raramente se ha observado en Costa Rica tan súbito cambio de parecer de diversas agrupaciones políticas, cuyos integrantes se retiraron en mayo del 2022 de aquella legislatura (2018-2022) sin brindar ninguna explicación al respecto.

Las lagunas persistentes del ordenamiento jurídico en materia ambiental

Resulta bastante erróneo sostener que el Acuerdo de Escazú no aporta nada nuevo al marco legal existente costarricense, tal y como escuchado por parte de las actuales autoridades costarricenses para justificar su no aprobación.

Entre muchos ejemplos de omisiones legales en Costa Rica que busca precisamente solucionar este tratado regional de vanguardia, la indefensión de las personas que defienden el ambiente constituye una persistente realidad. Una valiosa publicación titulada «Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica» documenta una realidad muy alejada de la imagen de democracia verde y pacífica promovida internacionalmente por el Estado costarricense en los últimos 30 años. Incluso, un informe presentado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en septiembre del 2022 recomendaba expresamente a Costa Rica ratificar sin mas preludios el Acuerdo de Escazú, ante la situación de total vulnerabilidad que sufren líderes de varias comunidades indígenas costarricenses, dos de ellos habiendo sido asesinados en menos de un año entre marzo del 2019 y febrero del 2020 (véase nota  nuestra al respecto).

Otro aspecto que busca regular este tratado internacional, como el acceso a la información en materia ambiental, es objeto de lagunas persistentes que precisamente, obligan a ciudadanos y a organizaciones costarricenses a recurrir sistemáticamente a los tribunales de justicia para obtener información que entidades estatales les niegan o les entregan de manera parcial. El mismo recurso a la justicia nacional se puede observar en materia de participación de comunidades potencialmente afectadas por un proyecto de cierta envergadura: sobre este preciso punto, Chile recientemente estableció un mecanismo siguiendo precisamente los lineamientos del Acuerdo de Escazú (véase enlace oficial  del SEA – Servicio de Evaluación Ambiental – al respecto).

La conflictividad socioambiental en aumento registrada en Costa Rica en los últimos tiempos, en gran parte causada por el mismo Estado costarricense, evidencia las diversas carencias del actual marco normativo en materia ambiental (y los reiterados informes del Estado de la Nación así lo documentan ampliamente).

En junio del 2012 el vehículo de José Menéndez y de Sonia Bermúdez fue incinerado. Esta pareja había denunciado el madereo así como la extracción de piedras del río Banano en Limón. Foto extraída de este artículo del Semanario Universidad del 6 de abril del 2021 sobre el Acuerdo de Escazú. Como suele ocurrir en Costa Rica, 10 años después, la impunidad campea en este caso, como en muchos otros en los que ecologistas son objeto de acciones de esta naturaleza.SU)

Con relación a otros «argumentos» circulados a partir del mes de abril del 2021, por parte de una influyente cámara empresarial costarricense (UCCAEP), un primer intento para debatirlos públicamente con especialistas no logró su cometido (véase la emisión Café para Tres del medio Delfino.cr del 22 de abril del 2021 al que no quisieron concurrir representantes de UCCAEP). Dos intentos posteriores en aras de realizar debates públicos con representantes de la UCCAEP  tampoco fructificaron (Nota 2).

A modo de conclusión

Más allá del desconocimiento que parecieran tener algunos jerarcas sobre el carácter incompleto del marco legal en materia ambiental en Costa Rica y  de las razones esgrimidas por las actuales autoridades ambientales costarricenses para justificar su posición, el liderazgo de Costa Rica en América Latina en materia ambiental queda ahora en entredicho. En efecto, es muy probable que el archivar el Acuerdo de Escazú dañe sustancialmente la imagen de Costa Rica en el exterior.

Tal y como se indicó en una nota publicada por el Semanario Universidad en la misma fecha del 1ero de febrero, al no aprobar el Acuerdo de Escazú, «Costa Rica está perdiendo toda credibilidad internacional, al estar dándole la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior, como lo son derechos humanos y ambiente«.

— Notas —

Nota 1: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17 de abil del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a tres valiosas (y voluminosas) publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y de su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: ATILIO FRANZA J. & PRIEUR M. (dir.), Acuerdo de Escazú: enfoque internacional, regional y nacional, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2022, 670 pgs. Obra disponible de manera integral en este enlace;  así como BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL / Universidad del Rosario (Colombia), 298 páginas, disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI, 330 páginas, 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se puede confirmar aún más al revisar los desarrollos para garantizar una correcta aplicación del Artículo 7 y del Artículo 9, elaborados por la misma CEPAL en la guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada formalmente en abril del 2022 (disponible aquí, particularmente en pp.108-126).

Nota 2: Diversos intentos en aras de debatir públicamente estos supuestos «argumentos» con académicos y especialistas en materia ambiental fracasaron: primero en el mes de abril del 2021 con un espacio auspiciado por el medio digital costarricense Delfino.cr, luego en mayo del 2021 con un debate organizado desde la UCR (véase también comunicado oficial de la UCR), así como en junio del 2021 desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica. Al tratarse de foros virtuales en los que se solicitó a la UCCAEP conectar a sus representantes a una hora determinada en una fecha fijada con antelación, las razones esgrimidas para no asistir plantean interrogantes muy válidas. Al parecer, enviar comunicados a los congresistas contra el Acuerdo de Escazú y rehuir constantemente el debate público sobre sus supuestos «argumentos» fue la tónica de algunos en Costa Rica.

(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

 

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5 COMENTARIOS

  1. Qué vergüenza para nuestro país, un tratado ambientalista patrocinado por la CEPAL y la ONU, que fue lanzado desde Costa Rica y hasta lleva el nombre de la ciudad de Escazú, ha sido sepultado por la Asamblea Legislativa.
    Esto se suma al apoyo de nuestro presidente a la guerra en Ucrania, flaco favor a nuestra neutralidad y carencia de ejército y erosiona nuestra fama de adalides en la protección del medio ambiente.
    Lo que le estamos presentando al mundo es una Asamblea Legislativa con una mayoría ultraconservadora, más bien troglodita o cavernícola, émulo del trumpismo que hasta niega los efectos de la irresponsabilidad del ser humano en el cambio climático.
    jf

  2. Lo mas conveniente es que le den el caso al Lic Juan Diego Castro.Tiene excelentes relaciones en el Poder Judicial,en la Asamblea Legislativa y con la prensa.Ese les asegura con Pilar Cisneros su otrora enemiga y hoy intima que el Acuerdo de Escazu se firme.

  3. Excelente sumario de parte del Dr. Boeglin…..con ese voto en la Asamblea Legislativa, decaerá la imagen de Costa Rica al nivel internacional. ‘Pura vida’ ahora se podría entender más bien como ..’Pura —————‘, por los daños venideros para el medio ambiente y el aumento de peligro para los defensores de la naturaleza.

  4. Abelardo Morales:Las facturas ambientales

    Tal vez el acuerdo de Escazú rechazado por 41 padres y madres de la matria y la patria, este dos de febrero de 2023, tenga muchas carencias y limitaciones. Estoy seguro de que ningún tratado es una medida de la perfección. Lo que dicho tratado intentaba era proporcionar mejores vías a la ciudadanía en materia de gestión ambiental y en la protección de los recursos naturales.
    No obstante, no deja de ser una gran paradoja que mientras elementos diversos de nuestra ecología política toman esas decisiones, varios metros cúbicos de tierra se desploman en unas lomas aledañas a unas de las más preciadas costas de este país y con ellos se derrumba una buena parte de un condominio privado de majestuosas construcciones que a todas luces transgredían una gran cantidad de normas de construcción, pero sobre todo de protección y regulación del medio ambiente.
    Las mismas obras fueron al parecer la principal causa del derrumbe y de ninguna manera originadas por meros factores geológicos.
    Supongo que así como en las páginas de muchos medios de comunicación del mundo se desplegó la noticia del rechazo al acuerdo de Escazú, de la misma forma estarán circulando las tomas de ese evento que es solo la punta del iceberg del desastre en el que los capitales inmobiliarios han convertido a las bellezas naturales de este país. A eso contribuyen los enormes huecos, parálisis institucional y la corrupción relacionada con la inversión en los territorios marino costeros del país.

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