San Salvador, 3 feb (Prensa Latina) Capturar hasta el último pandillero es hoy una de las promesas más difíciles de cumplir del gobierno en El Salvador, pese a los buenos resultados alcanzados en política de seguridad, estiman hoy comentaristas locales.
El número de miembros de las maras es algo impreciso, algunos como el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, lo ubica en cerca de 76 mil, otros dicen que son 118 mil. No hay uniformidad en la información como tampoco es precisa la suma de arrestados que son miembros de las llamadas maras.
Sin embargo, esta cifra es la más cercana a la realidad, son cerca de 63 mil los detenidos, muchos de los cuales ocuparán la mega cárcel inaugurada esta semana por el presidente Nayib Bukele y que dicen puede ser habitada por 40 mil reos.
Cuando se cumple dos meses de la aplicación de la fase V del Plan de Control Territorial (PCT) (extracción), en marcha con el cerco por 10 mil uniformados del municipio de Soyapango, aun hay un largo trecho por recorrer, según muestran los resultados de una consulta del programa El Salvador Cómo Vamos.
No obstante, los resultados del muestreo parecen alentadores. Siete de cada diez habitantes de Soyapango dicen sentirse seguros o muy seguros en sus comunidades o sus colonias. De acuerdo al estudio, un siete por ciento se declara inseguro o muy inseguro y un 19, ni seguro ni inseguro.
La recuperación de viviendas usurpadas por pandilleros o familiares, el control total de territorio por las autoridades y la captura de cientos de delincuentes son algunos de los principales resultados obtenidos en los dos meses que se cumplen este viernes, desde que se implementó el cerco militar, según la información oficial
Ahora la población está libre de la violencia que ejercían las maras pero muchos recienten de las acciones en marcha como los controles vehiculares, controles de revisión, patrullajes aéreos y terrestres, y dicen que hay una alteración en sus vidas, mientras otros se preguntan si la economía del país resistirá mantener esta política.
Las autoridades dicen que ya arrestaron, desde el 3 de diciembre de 2022, a más de mil criminales de diferentes pandillas en intervenciones realizadas en colonias de ese municipio, así como el decomiso de drogas, armas y otros ilícitos.
Los estimados oficiales y las encuestas de opinión aseguran que se logró reducir la violencia homicida hasta en 75 por ciento, y con el régimen de excepción y el cerco de seguridad ejecutado, el accionar delictivo de las pandillas fue borrado “por completo”.
La información oficial avanza en esa línea pero, en la medida que pasa el tiempo, crece el número de personas que piden volver a la normalidad sin el PCT arropado por el régimen de excepción que limita derechos constitucionales.
El malestar crece y algunos piden la eliminación de una política que golpea garantías constitucionales, algo normal, pues ya no se aprecian los problemas en la magnitud que obligaron a su implantación, según evidencia la propia información oficial.
Mientras las encuestas y la información oficial abonan el camino de la seguridad, algunos se preguntan si todo se normalizará cuando sea capturado el último pandillero a nivel nacional. ¿Se podrá cumplir esa promesa?, es una pregunta cuya respuesta cae en el saco de las quimeras.
