San José, 7 feb (Elpaís.cr).- La Sala Constitucional de Costa Rica aseguró en una sentencia que las autoridades de los ministerios de Salud, de Seguridad y de Ambiente y Energía (Minae) entraron en “desobediencia” de una resolución de ese tribunal de 2021, que ordenó la puesta en marcha de un “plan remedial” que entre otras cosas atendiera el problema de la contaminación por mercurio y cianuro en la zona de Crucitas de San Carlos.
El abogado ambientalista, Álvaro Sagot, resaltó en setiembre de 2021 que en el Voto Crucitas No 2021020047, los magistrados reconocieron el daño ambiental y la responsabilidad estatal.
Mineros entraron a las fincas de Crucitas para extraer oro de manera ilegal, tras el fracaso del proyecto minero de Infinito Gold, propiedad de inversionistas canadienses en un sitio ubicado a tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.
En esta última resolución, la Sala IV califica de gravedad es el hecho de que, desde marzo del año anterior y como parte de los muestreos llevados a cabo por el Ministerio de Salud, “se realizaron análisis de mercurio y cianuro donde se detectó el mismo por encima del VMA (valor máximo admisible) permitido en el Reglamento 38924-S en los acueductos de Llano Verde y Chamorro”.
Lo anterior se aprecia en un oficio enviado por Joselyn Chacón, ahora ex ministra de Salud, precisamente para referirse a la denuncia por desobediencia.
Desde marzo del año 2022 la administración Chaves tiene noticia de que además del mercurio ya en la zona el cianuro se ha convertido en un contaminante importante y no sólo no tomó acciones al respecto, sino que ni siquiera se informó al público.
Tras determinar que “sí existe la desobediencia acusada” los magistrados y magistradas de la Sala IV ordenaron a Chacón como ministra de Salud, a Franz Tattenbach como jerarca del Minae y a Jorge Luis Torres, como ministro de Seguridad, que cumplan con la sentencia de 2021, “con la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra y el testimonio de piezas ante el Ministerio Público si no lo hicieren”.
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El caso se remonta a un recurso de amparo que a través del abogado ambientalista, Álvaro Sagot, presentó la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) en 2019. En setiembre 2021 se dio la resolución que ordenó al Ejecutivo -por ese entonces la administración Alvarado- presentar un plan remedial para la zona en un plazo de tres meses.
En setiembre de 2022, Sagot presentó una acusación por desobediencia contra las autoridades de gobierno, pues denunció que Chacón y Tattenbach alegaron que “resulta imposible” limpiar la contaminación por mercurio en la zona.
Autoridades de gobierno presentaron los escritos, entre ellos el mencionado en que Chacón admite que su Ministerio tenía conocimiento de la contaminación por cianuro.
La Sala IV determinó que esas autoridades de gobierno “tampoco detallan o exponen a profundidad y con rigor la imposibilidad de transportar o transformar el mercurio ya depositado en la zona (proceder que con anterioridad sí se había realizado), ejecutar medidas de reforestación u otras técnicamente viables para reparar los daños ambientales causados; por lo que este Tribunal no puede avalar una respuesta que sencillamente afirme que es imposible remover dicho elemento por la “magnitud difusa” de la contaminación, sin mayor análisis y explicación al respecto”.
La muchachita no tenía tiempo por estar contratando troles y peleando con los medios de desinformación canallas , pero dice Chaves que ella hizo 27 proyectos en 9 meses , algo es algo ,pero la pobrecita se desgasto mucho tratando de defenderse, se le olvidó los grandes problemas que tiene éste país con la contaminación que dejo Oscar Arias en Crucitas