Washington, 16 feb (Prensa Latina) El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos carece de la capacidad para acabar con los abusos contra los inmigrantes retenidos en los centros de detención, alertó hoy el diario The Hill.
Acorde con el medio digital los defensores de los derechos de estas personas denuncian que en esas instalaciones las condiciones empeoran, incluso después de años de investigaciones, llamados a la acción y promesas por parte del Gobierno sobre supuestas mejoras en el sistema de encarcelamiento para civiles.
“Aun cuando los funcionarios de la administración del presidente Joe Biden se comprometieron a reducir el apresamiento de inmigrantes, varias organizaciones, incluidas la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, destacaron constantemente las fallas”, señaló The Hill.
Sostuvo la fuente que los operadores de entidades privadas como CoreCivic y GEO Group fueron perseguidos por informes constantes de abuso, negligencia y mala gestión.
El Centro de Detención del Condado de Torrance, en Nuevo México, por ejemplo, recibió calificaciones tan bajas en una inspección de septiembre pasado que la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional “recomendó la reubicación inmediata de todos los detenidos hasta que la instalación asegure la dotación de personal adecuada y las condiciones de vida apropiadas”.
Dicho informe fue redactado después de una solicitud no seguida, y realizada por la misma instancia en marzo de 2022, que recomendó que los inmigrantes fueran sacados inmediatamente del centro.
Asimismo, una investigación realizada por Innovation Law Lab en Torrance entre enero y febrero, y publicada en horas recientes, encontró que “los hombres están sujetos a condiciones aun peores que las que formaron la base para la recomendación de la Oficina del Inspector General del DHS de finalizar las operaciones en Torrance en marzo de 2022”.
El informe, basado en gran parte en relatos de primera mano de los detenidos, encontró “una imagen inquietante de la conducta de los funcionarios del gobierno y los empleados de CoreCivic”, una empresa privada que opera docenas de centros correccionales y de detención en todo el país, añadió el reporte.