Lima, 15 mar (Prensa Latina) Si bien las torrenciales lluvias que asolan hoy el territorio peruano absorben las preocupaciones de la población, esta semana dos hechos significativos mostraron que las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte persisten motivadas por el descontento.
Marchas de limeños y pobladores de la región surandina de Puno, bastión de las protestas iniciadas tras la caída del presidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre, desafiaron la prohibición impuesta con virulencia por la Policía, de realizar marchas en el centro de Lima.
Pobladores del municipio de Puente Piedra emprendieron una combativa y concurrida marcha junto a los puneños, cuya región mantiene la protesta, con pausas, desde hace más de tres meses.
Los reclamos son desde entonces la renuncia de la presidenta, la convocatoria a prontas elecciones presidenciales y legislativas y un referendo sobre la pertinencia de una asamblea constituyente.
La movilización, convocada por la Coordinadora vecinal de Puente Piedra, se proponía recorrer, bajo un fuerte calor, 26 kilómetros del centro histórico de Lima, vetado para marchas opositoras.
Cuando habían avanzado los primeros kilómetros, la policía antimotines dispersó la marcha con gases lacrimógenos y golpes de garrotes, algo similar a lo ocurrido con otras movilizaciones.
De otro lado, el lunes último, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, y el viceministro de Salud, Henry Rebaza, fueron objeto de repudio por parte de activistas sociales, cuando visitaban, respectivamente, las ciudades surandinas de Abancay y Ayacucho.
Los activistas los calificaron como asesinos, por las muertes en esas regiones, parte de un total de 66, cifra desglosada en 48 caídos en disturbios, un policía asesinado, seis militares ahogados en un río y 11 civiles fallecidos en accidentes ligados a las protestas.
La muerte de los soldados, en la región de Puno, fue atribuida oficialmente a la agresión de campesinos que los obligó a lanzarse al agua, pero un conocido periodista que cubrió el incidente, reveló que no existió tal agresión y que las muertes responderían a la negligencia del oficial al mando, que obligó a la tropa a lanzarse al agua con sus pesados equipos en una hondonada.
Medios de prensa de Puno advirtieron que la acusación contra los indígenas aymaras ha indignado y exacerbado el clima de protesta.
Por otra parte, la Asamblea Nacional de los Pueblos, bloque formado por organizaciones sociales y partidos progresistas, convocaron en la semana una jornada de movilización nacional por los objetivos buscados por las protestas iniciadas en diciembre.
