Ciudad de Panamá, 25 mar (Prensa Latina) Organizaciones sociales descalificaron hoy una consulta pública no vinculante que impulsa el Gobierno por 30 días sobre un controversial contrato con la empresa Minera Panamá.
En una plataforma digital denominada Agora la población podrá emitir criterios sobre el convenio con la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, una manera de hacer transparente el texto manejado de espaldas al pueblo, según los colectivos.
En sus mensajes agrupaciones como el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales y la Central Nacional de Trabajadores de Panamá señalan la inconstitucionalidad de ese contrato, decretada por la Corte Suprema de Justicia en 2017, a lo que se hace caso omiso.
De acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), gestor del pacto, la consulta es más bien informativa, pero está lejos de significar ningún cambio al acuerdo minero si alguien llegara a mostrar su inconformidad con los consensos alcanzados, denuncian los gremios.
La fecha límite para hacer llegar los comentarios, que serían más bien anecdóticos, es el 22 abril de 2023.
Sin embargo, el MICI insiste en que un aspecto económico relevante es que la minera deberá hacer un pago mínimo anual al Estado de 375 millones de dólares, incluyendo regalías, impuesto sobre la renta, retenciones de intereses de pago de deuda y el impuesto complementario y retenciones sobre dividendos.
En el plano laboral, el contrato anterior permitía la contratación del 25 por ciento de la mano de obra extranjera, mientras ahora se redujo el alcance a un 15 por ciento, resalta.
Estos son los mismos términos comunicados el 8 de marzo pasado, cuando se anunció que había un acuerdo formal con la minera, después de meses de tensas negociaciones, indicaron las agrupaciones.
En diciembre pasado, el Ejecutivo, incluso, interrumpió las conversaciones y anunció que buscaría otro operador para la concesión en Donoso, Colón, mientras First Quantum amenazó con entablar un arbitraje contra Panamá, pero sin mayores connotaciones.
Transcurridos los días de consulta, el documento de 69 páginas será sometido a la aprobación del Consejo de Gabinete, que posteriormente deberá pasar a la Contraloría General para refrendarlo.
Por último, el contrato ley será enviado a la Asamblea Nacional (parlamento) para su correspondiente aprobación, aunque los diputados no podrán hacer modificaciones; y de ahí a la firma del presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien lo promulgará.
Ahora se habla de 20 años más y el mismo lapso prorrogables a cambio de miserias, devastación ambiental y la excavación de otros gigantescos cráteres dentro del Corredor Biológico Mesoamericano que pretenden extenderse al resto del territorio nacional, indicaron las organizaciones ambientalistas.
