San José, 25 mar (Prensa Latina) El impulso a proyectos de ley para enfrentar la ola de criminalidad y el rechazo a las imposiciones del Gobierno en diálogo sobre la Ley Marco de Empleo Público destacaron en Costa Rica la semana que concluye hoy.
Autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial acordaron este lunes acelerar ocho proyectos de ley como un primer intento para combatir la ola de violencia que enfrenta Costa Rica, con la cifra récord de casi 190 homicidios en 2023.
De esa cantidad de iniciativas, tres ya están en la corriente legislativa, presentadas por el Poder Judicial y una está aún por entregar, según anunciaron los participantes en el encuentro, efectuado en el Salón de Expresidentes del Parlamento tico.
La primera busca fortalecer y mejorar la regulación del procedimiento para investigar y juzgar procesos por delincuencia organizada, la cual establece el Tribunal contra el Crimen Organizado, mientras la segunda es una reforma que ataca los capitales emergentes y pide capturar los bienes de negocios ilícitos.
Mejorar el desarrollo curricular de la policía judicial, utilizando los terrenos de la Escuela Judicial; una modificación a la Ley de Telecomunicaciones para sancionar penalmente a quien fabrique dispositivos de radiofrecuencias con propósitos ilícitos y cambios en el proceso de protección de víctimas son otras propuestas.
También aparecen ampliar las escuchas telefónicas en casos de femicidios y soborno transnacional y establecer el anticipo de prueba en casos donde se pueda perder, así como la aún no presentada referida a que el Registro Judicial de Delincuentes conserve durante mayor tiempo los antecedentes de las personas sentenciadas.
La nación centroamericana vive una ola de violencia con unos 190 homicidios hasta la fecha, cifra récord y atribuida mayormente a las luchas entre bandas dedicadas al narcotráfico por el control de territorios y al sicariato.
En 2022, este país contabilizó 654 asesinatos y una tasa de 12,6 por 100 mil habitantes, ambas cotas máximas históricas.
De otro lado, el Movimiento Sindical rechazó las imposiciones del Gobierno para el diálogo social, al considerar que pone un candado a la discusión de los temas más lesivos de la Ley Marco de Empleo Público.
Centrales sindicales, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense y agrupaciones de varios sectores cuestionan los términos de la convocatoria y señalan que habrían participado del proceso, si previamente se hubieran pactado, entre las partes, las reglas del diálogo.
En segundo lugar, estiman, que el objetivo del proceso debe enfocarse en reformar integral, sustancial y estructuralmente la referida norma, pero además que el dialogo incluya, de manera urgente, la modificación del Decreto que reglamentó esa norma.
Finalmente, señalan que de manera inmediata se discutiera la política de congelamiento de salarios y el restablecimiento pleno del derecho a negociación colectiva en la función pública.
