San Salvador, 27 mar (Prensa Latina) El régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa en El Salvador hace hoy un año que trajo seguridad y también críticas por presuntas violaciones de los derechos humanos.
La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó por primera vez el estado de excepción el 27 de marzo de 2022, un día después de que se registraran 62 homicidios en un solo día, un nivel de criminalidad que no se vio en El Salvador en mucho tiempo.
Fue el día más sangriento del que hay registro desde el final de la guerra civil hace 30 años, describían medios como el estadounidense The New York Times al abordar la matanza cometida por las pandillas, las que dispararon indiscriminadamente a vendedores callejeros, pasajeros de transporte público y clientes del mercado.
Disminuir el índice de homicidios hasta 0.6 por cada 100 mil personas en un país que fue uno de los más violentos del mundo, es algo que no se puede ocultar, y la población, pese a las restricciones a sus derechos, se ve confiada en las calles y los comerciantes no sienten la presión de la extorsión. La realidad no se puede negar.
Sin embargo, medios internacionales y organizaciones defensoras de los derechos humanos aunque reconocen esos resultados atacan la medida y manifiestan que sus resultados son a costa de los derechos y libertades.
Muchos “no quieren recordar” las acciones bárbaras de las pandillas contra la población y ahora arremeten contra las imágenes “turbadoras” de las cárceles de seguridad del presidente Nayib Bukele, donde se apiñan asesinos aunque también muchos inocentes.
Es una situación compleja. Recientemente una voz autorizada en el país, el cardenal Gregorio Rosa Chávez dijo que es “una ley inicua”, es decir, aseveró, cruel e injusta.
Rosa Chávez, primer y único cardenal salvadoreño exhortó a las autoridades a “buscar el diálogo para revertir los efectos negativos que generó el régimen de excepción en un sector de la población”.
A 12 meses de su aprobación, no hay señales sobre cuándo terminará, “hasta que vaya a prisión el último pandillero”, alegan miembros del Gabinete de Seguridad de Bukele.
Sin embargo, ni ellos pueden ofrecer precisiones coincidentes sobre la cifra, algunos dicen que son 76 mil, mientras otros, incluso, hablan de 118 mil integrantes de las llamadas maras.
El tema de las pandillas, representado fundamentalmente por la MS13, Barrio 18 facción Sureños y Revolucionarios, aunque hay otros grupos como Mao Mao y Mara Máquina, una de las pandillas más antiguas en el país, permite al gobierno y al partido Nuevas Ideas (NI), por otra parte, limpiar el camino hacia las elecciones de 2024. Esa esa es otra realidad.
