Quito, 15 may (Sputnik).- Una serie de declaraciones del Gobierno de Ecuador en las últimas semanas generan creciente preocupación en varios sectores del país, pues sugieren que la administración de Daniel Noboa podría desconocer el rotundo rechazo de la ciudadanía a dos de sus propuestas en la consulta popular del 21 de abril.
Para el abogado Pedro Vásconez, máster en Derecho Laboral y Seguridad Social y en Derecho Procesal Constitucional, algo así podría ser causal de un juicio político contra Noboa.
«Están yendo en contra de la voluntad soberana del pueblo y eso tiene una protección constitucional», advirtió en entrevista con la Agencia Sputnik.
Las alarmas se encendió en la opinión pública luego de que la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, declarara a medios locales la intención de avanzar en una nueva modalidad de contratos laborales fijos y por horas, tal cual propuso el Gobierno en las urnas, pese a que el 69,50 por ciento de los votantes rechazó esa posibilidad planteada en la pregunta «E».
La funcionaria había adelantado que la reforma laboral no requeriría cambios legales, sino que podría ser aprobada mediante acuerdos ministeriales emitidos por esa cartera, los cuales establecerían las reglas a aplicar a los contratos sobre jornadas de cuatro o menos horas diarias.
Por otro lado, el excandidato presidencial Andrés Arauz denunció en redes sociales que en un tratado de libre comercio (TLC) que negocia Ecuador con Canadá se estaría intentando incluir una cláusula del arbitraje internacional en la solución de conflictos entre el Estado y empresas extranjeras, aun cuando el 65,16 por ciento de los votantes rechazó esta idea, presentada en la pregunta «D».
Estos fueron los únicos dos resultados negativos que tuvo el Gobierno en la consulta, con un total de 11 preguntas.
De inmediato se renovaron los cuestionamientos de líderes políticos y de opinión tanto en redes como en los medios de comunicación tradicionales respecto a la pertinencia de la realización de este proceso electoral, que costó 62 millones de dólares al Estado, si es que no se iba a tomar en cuenta la decisión del electorado.
Ante ello, el Ejecutivo intentó tranquilizar las aguas. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, aseguró en el canal local Ecuavisa que la administración de Noboa no insistiría en contravenir la voluntad ciudadana en esos dos temas, lo cual representaría «desconocer al mandato popular».
Sin embargo, persiste la desconfianza en una parte de la opinión pública, debido a que Noboa ya se ha desdicho en el pasado de sus promesas, como el aumento al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Rechazo a la precarización laboral
En la consulta popular y referéndum el gobierno propuso en la pregunta «E» reformar la Constitución de 2008 y el Código del Trabajo para cambiar el texto del contrato de trabajo fijo y por horas, cuando este se celebrara por primera vez entre el mismo empleador y el trabajador, sin que se afectaran sus derechos.
Para el Gobierno, esta sería una alternativa de generar empleo y beneficiar al 70 por ciento de la población económicamente activa (PEA) del país que no cuenta con un empleo adecuado.
En declaraciones al diario El Telégrafo previo a aquella jornada electoral, la ministra Núñez defendió la propuesta gubernamental al señalar que, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de los ocho millones 300.000 integrantes de la PEA, tres millones tienen un empleo adecuado y los restantes cinco millones estarían en el grupo de los subempleados, desempleados o en el sector de los informales.
Además, la funcionaria atribuyó el alza del desempleo registrada en el primer trimestre del año a la culminación de contratos de temporada y contradijo que la jornada por hora contribuya a la precarización del empleo. Además, adelantó que el acuerdo ministerial podría emitirse antes de finalizar mayo, pero posteriormente de desdijo.
El abogado Vásconez, docente de la Universidad Nacional de Loja, recordó que hasta 2008 existían en Ecuador tres modalidades contractuales en materia laboral: los contratos de plazo fijo, a plazo indefinido y por horas.
Indicó que la Constituyente de ese año eliminó la contratación por horas y el contrato fijo al considerarlos una forma de precarización laboral.
«Por eso mismo el 70 por ciento (69,50 según el dato oficial del Consejo Nacional Electoral) de la población se opuso a que se dé cabida a esa pregunta en virtud de que los derechos, entre ellos las conquistas sociales laborales, no son regresivos, y es por esa razón que no procede (enmendar) el No», anotó.
Sobre el tema también se pronunciaron varios gremios, entre estos la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, que rechazó la pretensión del Ejecutivo de implementar el trabajo por horas, pese a la negativa de los ecuatorianos a esa propuesta.
«Nos pronunciamos profundamente indignados por las declaraciones de algunos funcionarios del gobierno de Daniel Noboa, que buscan implementar esta modalidad laboral a través de un acuerdo ministerial, para beneficiar a los sectores mineros y agroindustriales, manifestó la organización gremial a través de un comunicado.
Frenar pérdidas millonarias
El 65,16 por ciento de los votantes dijo «No» a la pregunta «D» en la votación del pasado 21 de abril, referida a la posibilidad de que el Estado ecuatoriano retome el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión.
Esta propuesta recibió de inmediato la negativa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor de su tipo en el país, y de grupos ambientalistas en el país, debido a las condiciones en que se realizan estos litigios y el impacto que han tenido para este país suramericano.
Al respecto, el catedrático Vásconez indicó que «el texto constitucional (2008) establece de manera obvia la imposibilidad de realizar tratados o instrumentos internacionales en los cual el Ecuador está cediendo la jurisdicción a un arbitraje internacional en materia comercial».
Apuntó que la negativa de los votantes en las urnas habría tenido una buena razón y es que por lo general Ecuador siempre pierde en esos tipos de litigios, tanto por los montos que exigen las empresas como por los gastos en los costos para la defensa del Estado.
Se estima que en 7 de cada 10 casos, las empresas extranjeras ganan demandas económicas al Estado ecuatoriano con estos arbitrajes internacionales.
En el caso de Ecuador, es el quinto país más demandado en América Latina por inversionistas extranjeros y las pérdidas superan los 3.000 millones de dólares, o sea 3 puntos del Producto Interno Bruto, con lo cual se afectan los presupuestos para la educación, la salud y la seguridad.
Según estimados del gobierno, este año el Estado ecuatoriano tendría que pagar 2.426 millones de dólares por concepto de pérdidas en arbitrajes internacionales, de los cuales al menos el 82 por ciento corresponderían a la compañía Chevron-Texaco por razón del laudo que perdió el país suramericano en la Corte Internacional de Justicia, el 7 de septiembre de 2018.
Un tribunal ecuatoriano había condenado en 2011 a la petrolera estadounidense a pagar 9.500 millones de dólares como compensación a los habitantes la región de Lago Agrio (noreste), contaminada por prospección del oro negro.
A decir del abogado, este podría ser un ejemplo de cómo las empresas extranjeras han exigido a Ecuador ceder soberanía en la resolución de un conflicto sometido al arbitraje internacional.
En torno a las denuncias respecto al intento de introducir dicha cláusula en el TLC con Canadá, denunciado por el candidato presidencial Arauz, el jurista manifestó que primero la Corte Constitucional debería realizar un control sobre la constitucionalidad de ese instrumento, a ver si es compatible con la Constitución ecuatoriana y no transgrede derechos refrendados en la carta magna (artículo 422).
Sin embargo, sentenció que la firma y entrada en vigor del TLC con el país norteamericano pudiera significar para Ecuador una pérdida millonaria.
«Estamos acostumbrados a no mantener una línea técnica con respecto al arbitraje internacional», aseveró.
En su opinión, si bien la consulta popular y referéndum constituyen un instrumento establecido por la Constitución con el objeto de tratar de enmendar el texto regente de la sociedad e incluso modificar algunas normas, esta ha representado un acto de gestión política para tratar de beneficiar determinados intereses.
Círculos políticos atribuyeron este proceso democrático a un intento del presidente Noboa de medir su apoyo en las urnas para lanzarse por la reelección en 2025, sin embargo, sería arriesgado revertir el resultado de estas dos preguntas para sus pretensiones electorales. (Sputnik)
