San José, 21 May (Elpaís.cr).- La Defensoría de los Habitantes logró constatar que el proceso administrativo donde se denuncian actos por maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor en los centros educativos sigue siendo revictimizante para las personas menores de edad.
Con base en la Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el Sistema Educativo Costarricense, N° 9999, la cual empezó a regir en el 2021, esta Defensoría logró constatar que tanto el Ministerio de Educación Pública (MEP) como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), incumplen con algunos aspectos relevantes de esta normativa, por lo que se les giró una serie de recomendaciones para proteger los derechos la niñez y adolescencia estudiantil.
Al MEP, se le recomienda realizar un estudio de cargas de trabajo, ya que, hasta agosto del 2023, se contaba con siete asesores para todo el país. Además, solicitarle a la autoridad presupuestaria las plazas necesarias para hacerle frente a la responsabilidad que exige la Ley y mientras esto se resuelve, se sugiere gestionar el traslado de plazas para poder tramitar los expedientes que quedaron pendientes del 2023, ya que según datos de Departamento de Gestión Disciplinaria del MEP, a Noviembre del año anterior se habían tramitado 265 casos, de los cuales el 67 % estaba pendiente de resolver.
Se solicitó, además, indicar las acciones que realizará para la instalación de espacios adecuados que garanticen la integridad emocional de las personas menores de edad y los resultados de las inspecciones realizadas a las Direcciones Regionales para verificar si reúnen las condiciones mínimas para las audiencias, según establecido en la Ley.
Por otra parte, se recomienda iniciar un proceso de capacitación para este año y convocar una comisión interinstitucional conformada por un representante del Departamento de Gestión Disciplinaria del MEP, la Contraloría de Derechos Estudiantiles y del Instituto Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano. Además, deberá, en un plazo de 6 meses remitir copia del Reglamento a la Ley N° 9999 y sus reformas, el cual en el momento de esta investigación no existía.
A la Presidencia Ejecutiva del PANI, se le recomendó emitir una circular a todas las Direcciones Regionales informando sobre la Ley y del deber de acompañar a las personas menores de edad víctimas, de conformidad con lo establecido, ya que, a raíz de una situación denunciada ante esta Defensoría, se logró constatar que personal del Patronato no se hizo presente a una audiencia de repregunta programada y en tres días diferentes estuvieron ausentes los profesionales de psicología del MEP y las autoridades del PANI.
La Defensoría reitera la importancia de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes estudiantes y ha recalcado que, en el trato y vinculación docente/estudiante subyace una relación de poder, de manera que, cuando ese poder es ejercido en forma abusiva por la persona docente -como ocurre en situaciones de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor- en perjuicio de una persona estudiante menor de edad, resulta claro que ésta se encuentra en una posición de vulnerabilidad y evidente desventaja, debido a su edad, menor experiencia y situación de dependencia.
En dos años de ejecución de esta Ley, los casos que procesa el Departamento de Gestión Disciplinaria del MEP, han ido en aumento. En el 2021, con solo tres meses de ejecución de esta Ley, se presentaron 20 denuncias; para el 2022 se tramitaron 356 y para noviembre de 2023 se habían tramitado 265 casos. En el primer año de la Ley, el 65% de las denuncias fueron sancionadas con suspensión, despido y cese, mientras que el 35%, fue resuelto por absolutoria y archivo por falta de mérito.
Para el 2022, el 51% representó una sanción, mientras que el 49% fue absuelto o archivo. A noviembre de 2023 ya se habían sancionado el 71 % de las denuncias finalizadas, y el 25% fue archivado y/o absuelto. Sobre las regiones donde más se tramitan denuncias, se determinó que, para el primer año fueron las Direcciones Regionales de Educación en San Carlos y en Coto.
Para el 2022 fue la Dirección Regional de Alajuela y para el 2023 la de Heredia, mientras que la Dirección de Sulá es una de las Regiones donde se presentan menos denuncias.
Es interesante la purga que fomenta la Defensoría de los Costarricenses, con el PANI-MEP. Y digo Defensoría de los Costarricenses, por cuanto de los Habitantes no refleja quienes son los directos beneficiarios de tales servicios. Por lo cual, debe cambiarse el nombre. El hecho que estamos invadidos por más de un millón de migrantes, los cuales el poder mediático y la justicia esconde la nacionalidad de los delincuentes y encartados, nos refleja el encubierto cáncer que está en serio carcomiendo las entrañas mismas, de nuestras instituciones sociales y gentes. Aunado a ello, en esas instituciones se han apoltronado el dañino y plagiado (foráneo) poder feminoides, donde se reconstruyen auténticas piezas, gestiones para despedazar, aniquilar y destruir cientos, miles de hombres y familias, las cuales es la finalidad principal de los progres, por el odio a nuestro estatus quo de esos medulares encadenamientos familiares. En fin, sería sugestivo sacar a la luz pública un caso concreto, para desnudar un secreto a voces que se encubre hasta con la complacencia judicial, donde tales instituciones y otros, se prestan a actuar en contubernio para abozalar este simple opinólogo. Un próximo artículo, dará más insumos a lo comentado.