¿Avanza Costa Rica hacia el autoritarismo?

Publicado originalmente en la revista digital europea MEER

Un análisis detallado del controvertido mandato de Rodrigo Chaves Robles

Rodrigo Chaves Robles, costarricense, vivió 36 años fuera de Costa Rica, desempeñándose en el Banco Mundial en diferentes países.

Regresó retirado de ese organismo mundial, prácticamente expulsado del mismo, y bien recibido en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022) quien le asignó el Ministerio de Hacienda, por un breve período, del cual fue retirado. Su breve gestión, con altos y bajos, le logró cierta presencia pública, que lo ubicó como posible candidato a la presidencia por algún nuevo partido político hacia el período 2022-2026.

Alrededor de su figura inicialmente se reunieron distintos pequeños sectores, en general todos nuevos, procurando impulsar su candidatura, sin tener todavía un partido político que le acuerpara, porque algunos de esos grupos estaban en procesos de inscripción partidarios. Los primeros grupos que se le acercaron se le retiraron, mostrando él, cada vez, más posiciones conservadoras, más neoliberales.

Finalmente, logró aliarse como candidato presidencial a un nuevo partido, impulsado por Luz Mary Alpízar, Partido Social Democrático, que participaría por primera vez en las elecciones nacionales presidenciales en el 2022, contra partidos políticos tradicionales de larga data y mayoritariamente gobernantes. Dos de estos partidos, el socialdemócrata Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, habían dominado, desde 1953, 15 gobiernos de 17, y los últimos dos, 2014-2022, un partido político, surgido en el 2001, había gobernado el país, partido del cual, Rodrigo Chaves Robles fue ministro en el segundo período gubernamental del partido Acción Ciudadana, en el 2018-2022.

La Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional a principios de este siglo habían sufrido graves escándalos de corrupción, con dos expresidentes detenidos. El tema de la corrupción había emergido como una de las banderas más importantes para la agitación política electoral.

Acción Ciudadana, fundado por ex liberacionistas, así se había levantado. El partido Liberación Nacional en el 2014 disputó la final electoral, perdiendo en segunda ronda. En el 2018 no llegó a la final de la segunda ronda. En el 2022 despuntó como primer finalista y en la segunda ronda electoral fue derrotado por el nuevo partido Progreso Social Democrático, que instaló a Rodrigo Chaves en la presidencia hasta el 2026. Abordó este partido como si hubiera tomado un taxi, o un servicio Uber, que lo llevó a buen destino. Los socialcristianos habían quedado marginados del gobierno desde el 2006.

Parlamentariamente, Liberación Nacional se ha mantenido como el partido con más número de diputados, prácticamente duplicando a los que le siguen, sin tener por sí la mayoría parlamentaria. Esta mayoría legislativa se ha visto disminuida para esos partidos gobernantes. El último de ellos, Acción Ciudadana, en sus dos gobiernos 2014-2022, no pasó de 12 diputados de 57.

El actual partido gobernante, que llevó a Rodrigo Chaves a la presidencia, eligió 10 de esos 57, lo que le ha acentuado una crisis de gobernabilidad, no por la minoría parlamentaria, que la tuvieron los últimos dos gobiernos, sino porque ha querido gobernar a la fuerza, pasándole por encima a los controles institucionales y constitucionales existentes.

Acostumbrado el presidente a su condición de alto ejecutivo del Banco Mundial, a cargo de países, con prácticas corruptas de gobierno y de gestión, donde el ejecutivo internacional era como un presidente paralelo, impulsando proyectos en todas sus fases sin controles importantes, de pronto chocó con la institucionalidad de un Estado de Derecho, de un régimen republicano, con poderes públicos, Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, totalmente independientes, con funciones propias, exclusivas e indelegables. Son poderes públicos que así funcionan desde 1824, desde hace 200 años, y el Electoral desde hace 75 años, que ha sido gran garantía y soporte de la democracia nacional.

El presidente Chaves Robles es un personaje sin historia nacional, sin conocimientos importantes de esa vivencia político democrática, sin tradición política en el país, y sin conocimiento básico del orden político republicano nacional, lo cual hace que constantemente choque con la institucionalidad pública, y la propia ministerial, con aquellas comisiones que existen por ley, sin que él pueda modificarlas en el papel de congestionantes y controladoras internas de sus ministerios, por lo que ha levantado un peligroso discurso de ingobernabilidad y de desear gobernar por la fuerza.

Desde la misma campaña electoral, 2021-2022, había lanzado su idea de gobernar por Decreto. Aunque no lo decía claramente, era un ataque directo al poder legislativo. El resultado electoral no le dio más que 10 diputados y acentuó su agresión hacia el parlamento y los seis partidos políticos allí representados, incluido el que lo llevó a la silla presidencial.

Dijo que él dinamitaría todos los puentes con esos partidos, renunciando a la posibilidad de gobernar sin acuerdos y pactos políticos, especialmente con el parlamento que trabaja seis meses, al año, para conocer proyectos de ley propios y exclusivos que le envía el Poder Ejecutivo, sin los cuales el Poder Legislativo no trabajaría.

La prensa en Costa Rica ha tenido, desde el siglo XIX, un papel crítico muy importante hacia el gobernante, hacia los gobiernos y hacia los políticos. La Libertad de Prensa ha sido un baluarte nacional, que con breves lapsos históricos se interrumpió o se afectó. Frente a esa crítica el presidente Chaves arremetió acusándola de “prensa canalla” y “prensa sicaria”, se enfrentó a varios medios de comunicación e informativos violentamente, incluso persiguiéndoles desde el Estado, desde la Tributación Directa y el Ministerio de Hacienda, en sus finanzas, atacando duramente a sus periodistas, burlándose de ellos en las mesas de prensa que organiza, cada miércoles, ridiculizándoles, faltándoles el respeto.

Esto llevó a algunos medios al punto de dejar de enviar sus periodistas a esos encuentros con periodistas, por lo demás bien montados a favor del presidente, con periodistas y medios de comunicación que ha doblado a su favor, económicamente, por financiamiento público propagandístico de las instituciones del Estado, que se lo ha quitado a esos otros medios informativos.

Costa Rica, justamente, de manera reciente ha sido calificada internacionalmente como uno de los países donde más se ha afectado la libertad de prensa, tanto por el Congreso de los Estados Unidos como por la última reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa.

En esta situación el presidente ha ido creando su telaraña. Su discurso de que no le dejan gobernar está dirigido a sectores pobres, marginales, urbanos y especialmente rurales, sectores necesitados de políticas y ayudas públicas, que como gobierno él ha instruido para quitarlas, disminuirlas y afectar gravemente a miles de ciudadanos. Ha eliminado incluso becas a estudiantes, ha disminuido la matrícula nacional, no cumple el porcentual constitucional destinado a la educación pública, ha eliminado los subsidios de transportes para estudiantes, y de comedores estudiantiles. Ha disminuido las políticas de construcción de vivienda social.

Sus políticas están orientadas a la privatización total de las principales instituciones públicas del país, el Banco de Costa Rica, la apertura de los servicios eléctricos y de la salud pública, la tercerización de servicios, la disminución del empleo público, el congelamiento de salarios, que ya tiene cuatro años, y de las pensiones, así como la reducción de las pensiones por los distintos sistemas que las otorgan, que provocan diferencias importantes entre ellas.

Ha creado institucionalmente, con sus políticas al interior de algunas instituciones estratégicas del Estado, como son el Instituto Costarricense de la Electricidad, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Servicio Nacional de Acueductos y alcantarillado, verdaderas crisis de funcionamiento y de “paralización” de sus servicios, creando situaciones caóticas ante la población.

El objetivo oculto de todo ello, justificar su mensaje de que no lo dejan gobernar a favor de los más pobres. Paradójicamente, uno de los partidos políticos que ha estado impulsando, “Aquí Costa Rica Manda”, acaba de reconstituir su Asamblea Nacional, con miras a las próximas elecciones nacionales del 2026, Asamblea que realizaron, nada más y nada menos, que en el Club Unión de la capital, el Club, centenario, más señorial, más clásico de la Oligarquía Nacional y del gran capital, el de trayectoria nacional más vieja, con la fama de que allí se escogían y ponían los presidentes del país, al menos hasta mediados del siglo pasado.

En las pasadas elecciones municipales, en 84 cantones del país, los dos partidos cantonales que se impulsaron promoviendo el apoyo al presidente no pudieron participar por problemas de inscripción, a pesar de que uno de ellos, por la cantidad de candidatos que proponía era la tercera opción partidaria mayoritaria para participar.

Fue una lástima que no hubiera participado porque hubiera permitido valorar el alcance del discurso presidencial dirigido a esos sectores populares, que le permiten tener índices de aceptación personal y presidencial superiores al 50% en las encuestas nacionales.

Esto se acompaña con giras que el presidente hace al interior del país, donde moviliza en buses, por aparte, simpatizantes locales, para realizar pequeñas plazas públicas, y dar la sensación de “grandes” recibimientos que realmente no lo son.

Aparte de esto ha promovido movilizaciones populares, en la capital, que no le han resultado más que en pequeños piquetes, para protestar contra el Poder Judicial, contra la Sala Constitucional de la República, contra la Contraloría General de la República y contra la Asamblea legislativa.

Alrededor de la presidencia de la República han creado una red muy importante de troles que exaltan constantemente al mandatario, que le defienden, 24-7, de cualquier crítica que se le haga al mandatario, que atacan a los mensajeros y no a los mensajes críticos de su gestión, que en esos ataques no les importa el insulto, la ofensa, la difamación, la mentira y hasta las amenazas sutiles y directas.

De sus 10 diputados electos por el Partido Progreso Social Democrático le quedan ocho. Dos se le han salido, entre ellos la presidenta del partido. Los restantes ocho se mantienen en ese partido solo por los beneficios legislativos que eso les depara.

En las elecciones municipales estos diputados estuvieron apoyando los partidos que la Casa Presidencial impulsó y que no pudieron participar en las elecciones cantonales, de febrero de este año.

La jefa parlamentaria de este grupo de diputados, una periodista de larga y reconocida trayectoria en la prensa nacional, Pilar Cisneros Gallo, nacida en Perú, afirmó en su momento, que ella enseñaba a los ministros a mentir, a decir mentiras de su gestión, que era necesario y se justificaba hacerlo.

Hoy el país se encuentra en los dos últimos años de gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles. Se encuentra más desesperado, porque no ha hecho nada sustantivamente propio. Hay gestión de gobierno que viene de gobiernos anteriores, que él ha finalizado. Pero, lo propio no se ve todavía, por su incapacidad de gobernar, por la crisis que tiene su gabinete y sus directores de instituciones que ha nombrado, donde en estos 24 meses ha provocado cambios a razón de dos por mes, paralizando él mismo sus propias acciones de gobierno e improvisando cada 15 días nuevos gestores, que tienen que hacer lo que él les diga, esa es la condición de su nombramiento y así lo ha dicho reiteradamente.

En el Informe constitucional que obligadamente tiene que presentar, cada primero de mayo, a la Asamblea Legislativa, en el último, retó a los diputados: o me aprueban los proyectos de ley o convoco a un Referéndum para aprobarlos, y mencionó más de una docena.

En este campo el presidente mostró su ignorancia política mayor, por la naturaleza jurídica de lo que quiere convocar, que está muy reglado en el país, y que prácticamente no le da plazo para convocar el referéndum.

El referéndum al que alude el presidente es el que se puede convocar con su nombre y el apoyo de 29 diputados. Esa es una posibilidad, no muy difícil, pero sí compleja, por los ataques persistentes que ha hecho a todos los diputados y por las respuestas de algunos cercanos a él, que han sido muy corrosivas, lo que dependerá al final de los proyectos de ley que quiera someter a la consulta popular.

La otra vía es por la recolecta del 5% de firmas del padrón electoral nacional, que equivales casi a 180.000 firmas válidas. En este sentido tiene que recoger por lo menos 210.000 firmas por aquellas que se anulen por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, que verifica la autenticidad de esas firmas. No es un problema difícil y para ello tiene 9 meses, firmas que tienen que recogerse en un papel sellado y en sitios debidamente autorizados por el TSE.

El plazo posible para realizar el Referéndum es hasta el mes de julio del próximo año, lo cual es un plazo muy apretado, por esta vía.

A ello se suma el hecho de que, por cada Proyecto de Ley que quiera someter a consulta, debe recoger firmas específicas. Si quiere someter 14 proyectos, es como si convocara 14 referéndums, cada uno con sus 180.000 firmas. Esa es una tarea muy difícil de que pueda llevarla a cabo.

De esta forma el presidente ha montado su estrategia del caos total. No va a poder realizar el referéndum por su propia incapacidad organizativa y política, pero va a usar la convocatoria, sea válida o no, para azuzar a sus fanáticos seguidores y al público, al que él le llega, para decir que no le dejan gobernar, que es necesario, como ya lo ha dicho que él debe gobernar sin controles y sin trabas administrativas, legales o constitucionales, sin los poderes públicos, para hacer válido su mensaje de la campaña electoral del 2021, de poder gobernar por decretos. Su sueño mayor, quizá, imitar el gobierno de facto de 1948-1949, de la Junta fundadora de la Segunda República, aunque el presidente Chaves no ha dicho que quiera fundar una Tercera República. A lo que más se acera, por ahora, es a hacer de Costa Rica una República de Segunda. El deterioro en el campo social ya nos lleva en esa pendiente.

También, es ligar la convocatoria del Referéndum al proceso electoral del 2025, llamando a votar por la continuidad de su gobierno, con otro partido y otro candidato, porque la reelección en el país está prohibida, supuestamente para continuar las políticas que no le han dejado hacer o desarrollar. Este sería su discurso si no logra precipitar el país a una situación de caos que le permite establecer por la fuerza un estado de excepción, de fuerza, que le prorrogue su mandato.

En este caos opera la inseguridad ciudadana, que aparte de que es un gran negocio, es el marco del ambiente que, con amparo del gobierno, se mantiene, para contribuir a buscar esa alternativa del gobierno fuerte, del presidente duro, con el cual se expresan en las encuestas algunos ciudadanos.

En Costa Rica operan en todo el territorio nacional casi 50 organizaciones criminales, en sus distintas provincias y cantones. El país se ha convertido en la bodega de droga más importante de toda la región, equiparable y compitiendo con Ecuador que es la más importante de Sur América. Regularmente en Europa detienen envíos de drogas que salen por los puertos autorizados de Costa Rica. El control de este negocio de exportación es lo que ha provocado la mayor criminalidad en el país. Los controles en el país son literalmente laxos. Las ramificaciones de estas organizaciones han penetrado la sociedad política nacional y las estructuras institucionales, paralizándolas o neutralizándolas en sus controles. Se dice que decomisos se hacen bajo denuncia de las mismas organizaciones criminales con el fin de que se muevan mayores cantidades, sin esos controles.

El ambiente de inseguridad ciudadana es el marco de oro para presionar en la ruta del caos nacional y del estado de excepción que se quiere impulsar desde la Casa de Gobierno. El autoritarismo del presidente Rodrigo Chaves es cada vez más evidente, y peligroso para la democracia nacional y la estabilidad política que ha gozado el país por muchas décadas.

(*) Vladimir de la Cruz de Lemos, Formado en los campos de la Historia y el Derecho. Ha sido Director de la Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica y Miembro de la Asamblea Colegiada en la UCR, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Director del Instituto de Estudios del Trabajo y Miembro del Consejo Académico de la UNA.