domingo 16, febrero 2025
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Afirman que idea de referendo en Costa Rica afronta “engorrosos” pasos legales

San José, 17 jun (Prensa Latina) La solicitud costarricense de referendo, presentada semanas atrás por el presidente Rodrigo Chaves ante la Asamblea Legislativa (parlamento), enfrenta hoy un engorroso procedimiento legal, y, además, estrictos y cortos plazos, aseguró el canal local Teletica.

La propuesta del Ejecutivo sobre esa consulta popular, cuya esencia es reformar artículos constitucionales respecto a controles, fiscalización y potestades de la Contraloría General de la República, pasa por complejas vías para llevarla adelante, comentó la televisora.

El primero de esos caminos, plasmados en la Ley Sobre Regulación del Referendo y en el artículo 105 de la Constitución, es la votación del proyecto, que los diputados están impedidos de modificar, solo pueden votarlo, y cuyo beneplácito requiere de la mayoría absoluta del Congreso, al menos 29 votos.

Esa es –aclara Teletica- la fórmula del Ejecutivo o “mancomunada”, pero también está la vía presentada por Chaves ante el Tribunal Supremo de Elecciones, la iniciativa ciudadana, que requiere las firmas de un cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, estimados en unos 181 mil.

El camino del Congreso –opina el canal- es el más rápido, pero también el más complejo, porque la fracción oficial tiene pocos diputados y enfrenta fuertes cuestionamientos de la oposición sobre el proyecto, en especial respecto a los intereses del Ejecutivo y la dudosa constitucionalidad de las reformas solicitadas.

Teletica recordó que la desaprobación de la iniciativa la enviaría al archivo, pero, de suscribirse, pasaría al Tribunal Supremo de Elecciones, el cual, antes de refrendarla, podría consultar su validez a la Sala Constitucional.

La Asamblea Legislativa acordó el jueves de forma tentativa el 25 de junio como fecha para votar sobre la controvertida solicitud de referendo presentada por el Ejecutivo.

El punto principal entre los asociados a la votación mediante el referendo es la llamada «Ley Jaguar para Impulsar el Desarrollo de Costa Rica», propuesta por el jefe de Estado, y motivo de discusiones entre los miembros de la Asamblea Legislativa sobre la ruta a seguir.

La única diputada que ya adelantó su voto es la liberacionista Andrea Álvarez, quien este jueves hizo público su rechazo a la consulta popular, al aducir severos cuestionamientos de constitucionalidad.

“El proyecto es lamentable y decepcionante, pues no incide en la calidad de vida de los costarricenses. Esperaba que sometieran a la voluntad popular temas de impacto en la seguridad, economía, vivienda y otros aspectos que siguen pendientes de resolverse.

Los debates sobre la “Ley Jaguar” del ejecutivo llevan unas dos semanas en el escenario legislativo tico, signados por fuertes cuestionamientos de personalidades como la propia Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, quien el 5 de junio la emprendió contra el proyecto.

“La iniciativa del Poder Ejecutivo –expresó en un comunicado- desmantela las competencias y funciones constitucionales y legales de la Contraloría General, suprime ámbitos de control y restringe sus funciones en detrimento de la protección de los fondos públicos que le pertenecen a todos los costarricenses».

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