Ciudad de México, 11 jul (Sputnik).- Las bancadas de tres partidos mexicanos opositores en la Cámara de Diputados presentaron el miércoles ante la Suprema Corte de Justicia de México una impugnación para invalidar las reformas a las leyes de Amnistía y de Amparo, aprobadas en abril pasado por la mayoría oficialista.
La Ley de Amnistía «genera la impunidad, e impide de forma definitiva que las víctimas de graves violaciones a derechos humanos tengan derecho de acceder a la verdad, a la justicia y la reparación, por lo que es claramente violatorio de los derechos de las víctimas», dijeron los partidos en un comunicado conjunto.
La reforma aprobada brinda al presidente el poder de otorgar «amnistía de manera directa» a personas sentenciadas por cualquier crimen, incluso delitos federales como narcotráfico, trata de personas, feminicidios o secuestros.
Los opositores partidos Acción Nacional (PAN, centroderecha), Revolucionario Institucional (PRI, centro), y de la Revolución Democrática (PRD; centroizquierda) afirman que esa legislación violaría el derecho de acceso a la justicia y a la reparación del daño, al impedir que los tribunales emitan sentencias en favor de las víctimas.
«Exigimos que se respeten los derechos de las víctimas, que se esclarezcan los hechos, que se fortalezca el estado de derecho y que se combata eficazmente la impunidad en nuestro país mediante justicia efectiva, y no selectiva», dice la petición.
Denuncian que la legislación proporciona al presidente una «herramienta de persecución política», porque una de las condiciones para otorgar una amnistía es confesar acciones que incriminen a alguna tercera persona, incluso con falsedad de declaraciones.
Argumentan que la reforma otorga al Ejecutivo una facultad que está reservada para el Poder Legislativo en la Constitución mexicana.
«La amnistía no es igual al indulto y está señalada claramente como una facultad exclusiva del Congreso de la Unión», señala el texto de la apelación al máximo tribunal.
Contra ley de amparo
Por otra parte, denuncian que la reforma a la Ley de Amparo aprobada por la mayoría oficialista de la coalición que encabeza el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), impide que los jueces puedan suspender los actos de las autoridades, en varios supuestos que dañen al resto de la sociedad.
Los cambios a esa ley impedirían la protección judicial aun cuando esos hechos concretos denunciados afectan el interés general de toda la sociedad, «lo que implica que esta herramienta deje de ser efectiva para defender los derechos de la ciudadanía», indica la apelación.
Los tres partidos afirman que si no se previene que se materialice el daño a los derechos de las personas, entonces el juicio de amparo deja de ser un medio efectivo de protección judicial de toda la sociedad.
«Con esta restricción, el acceso a la justicia para los que menos tienen será más difícil, ya que la ley reformada garantizaba que cualquier suspensión que afectará sus derechos era aplicable a cualquier persona», indica la fundamentación del reclamo.
Afirman que con esta modificación, las personas que antes se podían beneficiar de un fallo en casos similares, ahora deberán emprender sus propios procesos judiciales y contratar sus propios abogados especialistas, cuyos servicios suelen ser altos.
«Con la reforma se impide que los jueces suspendan la aplicación de normas generales, como leyes, decretos y reglamentos, cuando éstos afecten los derechos humanos de la ciudadanía», sostiene la apelación.
Los opositores sostienen que la intención es otorgar más poder al presidente y al Gobierno federal y «quitarle a la ciudadanía los medios para protegerse frente al atropello de sus derechos».
Esgrimen en su argumentación el artículo 17 de la Constitución mexicana sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagran garantías y el derecho a la protección judicial de los derechos humanos.
Finalmente sostiene que la reforma «atenta contra los avances alcanzados en materia de protección de los derechos humanos por medio del amparo, que se habían conseguido con la reforma del año 2011», y otros criterios judiciales que limitaron el principio de relatividad de la sentencia de un amparo otorgado por un juez.
En suma, concluyen, la reforma a la Ley de Amparo restringe la utilización de todos los medios apropiados para salvaguardar la integridad de las personas. (Sputnik)