San José, 29 Jul (Elpaís.cr).- El proyecto de Ley Jaguar para convocar un referendo para modificar la legislación de la Contraloría General de la República (CGR), fue desahuciada por la Sala Constitucional de Costa Rica.
En votación dividida, la Sala IV sentenció la ilegalidad del referendo propuesto por el presidente Rodrigo Chaves a través de la iniciativa popular.
Los magistrados declararon que la propuesta contiene vicios de ilegalidad «en todos los artículos consultados».
La consulta de constitucionalidad ante la Sala IV fue presentada por los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), donde se planteaba en atención a la jurisprudencia constitucional que limita las reformas a las competencias de la Contraloría General de la República definidas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política.
Los magistrados adujeron que esta facultad se ejerce en aras de que la Sala Constitucional se pronuncie, ya no solo sobre la legitimación y momento oportuno en que se puede realizar la consulta popular, sino sobre el fondo de esta.
Los magistrados de la Sala Constitucional determinaron que la propuesta afecta «atribuciones constitucionales de la Contraloría» y que además se le quitan herramientas importantes para ejercer sus funciones.
El fallo completo del voto de la Sala IV aún se ha dado a conocer.
Reacción de la CGR
La Contralora General de la República, Marta acosta dijo en un comunicado que «nos satisface la decisión de la Sala Constitucional sobre las competencias de fiscalización con las que la Contraloría debe ejercer los controles previos, preventivos y posteriores, establecidos tanto en la Constitución Política así como en las leyes que rigen nuestras competencias».
«Hemos cumplido con seriedad nuestro rol en el pasado, lo hacemos en el presente, y lo seguiremos haciendo a futuro, cumpliendo con el principio de legalidad, la ética y las buenas prácticas nacionales e internacionales», resalta Acosta.
La Contralora expresó también que «los ciudadanos pueden tener garantía de que las actuaciones de la institución siempre pueden ser revisadas en instancias judiciales, como en un Estado Democrático de Derecho corresponde».
Oficialismo en contra
Para la jefa de fracción legislativa del oficialismo, Pilar Cisneros Gallo, manifestó «descontento» y «preocupación» por el supuesto impacto negativo «que esto tendrá en los proyectos de desarrollo del país».
Entre tanto, Casa Presidencial no ha emitido criterio y convocó a una rueda de prensa para este martes 30 a las 11:15 de la mañana, donde el mandatario Chaves dará su declaración sobre el tema.
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