Ciudad de Panamá, 10 ago (Prensa Latina) Las reacciones de rechazo de los movimientos populares a las primeras medidas anunciadas por el Gobierno para encarar el futuro del seguro social signaron la semana que concluye hoy en Panamá.
En medio de una crisis financiera y estructural, el presidente de la República, José Raúl Mulino, designó como nuevo director de la Caja de Seguro Social (CSS) al empresario Dino Mon, a quien las organizaciones sociales asocian con las viejas políticas de privatización de la única entidad estatal que atiende a jubilados y pensionados.
La economista y excandidata presidencial por libre postulación Maribel Gordón, adelantó que el próximo sábado los colectivos debatirán en la Universidad de Panamá acciones frente a estas designaciones y anuncios de medidas paramétricas como aumentar la edad de jubilación.
Gordón indicó que no era de extrañar que el nuevo mandatario designara a un funcionario que, aunque ese cargo debe ser avalado por la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) también dominado por el partido oficialista Realizando metas, fue un defensor de leyes contrarias a la voluntad del soberano que abolieron el sistema de aporte a las pensiones.
Por su parte, la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá, entre otros sindicatos , también rechazó las consultas que realiza el Ejecutivo con los lideres de los tradicionales partidos políticos en busca de consensos contrarios a las demandas de los obreros.
En esta semana, el jefe de Estado se reunió con los jefes de esas toldas políticas y dijo que esperaba hacerlo con otras organizaciones sociales.
Mulino manifestó que su plan es desarrollar durante este mes de agosto un amplio proceso de consultas con todos los sectores que incluyen a los gremios sindicales, médicos y empresariales, para tener, en septiembre, planteamientos más concretos de las reformas a la CSS.
Con ello, se espera presentar en octubre un proyecto de ley a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) para que sea discutido y aprobado entrando el mes de diciembre con el mayor respaldo y consenso posible.
El objetivo de todo este proceso es poner fin al colapso financiero del sistema de pensiones de la CSS, proyectado para enero de 2025 si no se hacen los ajustes, pero a la vez se busca mejorar el crítico sistema de servicios médicos de la entidad en beneficio de la población.
“Aspiro a que no haya confrontaciones, y es allí donde estoy trabajando”, dijo Mulino, y señaló que este tema ya lo conversó con el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares “y no vi radicalismo a ultranza” contra debatir una nueva ley de la CSS.
Para reflotar el programa de pensiones, la junta actuarial ha propuesto a la junta directiva elevar la edad de jubilación de los hombres y de las mujeres hasta los 67 años, así como bajar hasta en un 20 por ciento el pago de las pensiones de los jubilados.
Además apuestan por aumentar el aporte de cuotas obrero-patronales hasta un 18.5 por ciento y fijar en 25 años el periodo de pago de estas cuotas, medidas paramétricas que han sido rechazadas de antemano por los movimientos populares que alertan sobre el fin de privatizar la entidad estatal que administra el sistema público de pensiones.
La CSS también ofrece servicios de salud a los asegurados y jubilados. Maneja la plantilla más grande de todo el aparato estatal, con 31 mil 356 funcionarios, y un presupuesto cercano a los siete mil millones de dólares.
El mayor de sus actuales desafíos son las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido y el fideicomiso de la CSS que se agotan este año.
Un informe de la Junta Técnica Actuarial indica que se acabaron los ahorros que tenía este sistema de pensiones y también los fondos del fideicomiso, cuando se consideran los traspasos que se deben hacer por vigencias vencidas, por lo que se necesitan más de 14 mil millones de dólares para cubrir el pago a los pensionados en los próximos 10 años.
