Tegucigalpa, 20 sep (Sputnik).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras declaró inconstitucional una ley de 2013 que creó las llamadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), tras considerar que vulnera los artículos pétreos de la Constitución de la República.
«La CSJ por mayoría de votos, declara la inconstitucionalidad del Decreto 236-2012 sobre la reforma a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, así como el Decreto 120-2013 que contiene la Ley Orgánica de las ZEDES, con efectos nulatorios por vulnerar artículos pétreos», informó el Poder Judicial en su cuenta oficial de la red social X.
La declaratoria de inconstitucionalidad fue respaldada de inmediato por la presidenta Xiomara Castro, quien calificó a la decisión de «patriótica, histórica, justa y legal».
«La justicia para el pueblo hondureño, es no vender nuestro territorio en partes ni privatizar nuestra soberanía», enfatizó la estadista en X.
Con legislación derogada, las ZEDE contaban con un alto nivel de autonomía, con un sistema político propio, tanto a nivel judicial, económico y administrativo, en teoría basados en el capitalismo de libre mercado, según una definición de expertos en sitios de documentación en internet.
La presidenta de la CSJ, Rebeca Raquel Obando, explicó en X que la decisión está encaminada al respeto de la soberanía nacional, y resaltó que fue adoptada en el «mes de la patria», ya que se celebra la independencia de España, ocurrida el 15 de septiembre de 1821.
«Hoy y en este mes de la patria, celebramos un avance importante en la defensa de nuestro Estado de derecho y la soberanía nacional con la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)», afirmó la magistrada.
El actual Poder Judicial de Honduras «reitera su compromiso de velar por el respeto a la Constitución y las leyes, asegurando que cualquier iniciativa de desarrollo económico o inversión esté alineada con los principios fundamentales que rigen nuestra democracia y protegen los derechos de todos los ciudadanos», agregó.
La magistrada señaló que las ZEDE, en su implementación, «suscitaron preocupación sobre la capacidad del Estado para ejercer plenamente su autoridad en determinadas zonas del país, así como sobre el equilibrio entre la promoción de la inversión y el bienestar de nuestra gente».
«La derogación de este marco nos brinda una oportunidad para replantear estrategias de desarrollo que beneficien de manera equitativa a la población, respeten nuestras instituciones y fomenten la transparencia», subrayó.
Las ZEDE fueron aprobadas en 2013 durante el Gobierno del entonces presidente Porfirio Lobo, del Partido Nacional (derecha), que se instaló el 27 de enero de 2010, poco más de seis meses después del golpe militar del 28 de junio de 2009.
Desde su aprobación estas zonas económicas son rechazadas por fuerzas progresistas y de izquierda que la consideran una forma de privatizar la soberanía nacional, mientras tienen el apoyo de sectores políticos y empresariales de derecha.
Los artículos pétreos o inmodificables de la Constitución citados refieren a la división política de Honduras, el 294; mientras el 303 establece que «la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes».
El tercero mencionado, el 329, define que «el Estado promueve el desarrollo económico y social, que estará sujeto a una planificación adecuada (…) con la participación de los Poderes del Estado y las organizaciones políticas, económicas y sociales, debidamente representadas». (Sputnik).
