Ciudad de México, 25 sep (Sputnik).- El pleno del Senado de México aprobó al amanecer de este jueves, con 86 votos a favor y 42 en contra, el dictamen para reformar la Constitución que incorpora a la Defensa Nacional a la Guardia Nacional, corporación encargada de la seguridad pública, que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados.
«Tras casi nueves horas de debate, el pleno del Senado de la República aprobó la reforma constitucional para consolidar a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personas militar con formación policial, dependiente del ramo de Defensa Nacional», dice un comunicado de la cámara alta.
La discusión de los artículos reservados sobre los cambios constitucionales fueron aprobados en los términos del dictamen a las 06:30 de la mañana (12:30 GMT), por la mayoría calificada necesaria de dos tercios del pleno del Senado, y fue remitido a los congresos de los 32 estados de la federación mexicana, donde requiere el aval de la mayoría simple, de la mitad más uno.
El oficialismo logró la mayoría calificada requerida con el voto del senador opositor Miguel Ángel Yunes Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN ,centroderecha), que fue el único disidente de esa bancada.
Previo a la votación, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo que la reforma «es una oportunidad para profesionalizar el trabajo de las instituciones implicadas en garantizar la seguridad pública».
Legisladores de las bancadas opositoras del PAN, el Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro) y Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata) presentaron votos particulares en contra del dictamen.
Coincidieron en que «la estrategia de militarizar la seguridad pública ha sido un absoluto fracaso».
El senador y excandidato presidencial del PAN (2018) Ricardo Anaya, expresó que «con el arranque de la militarización en el sexenio de Felipe Calderón (2012-2018), se disparó el número de homicidios y alcanzó 120.000 casos».
Detalló que esa estrategia de desplegar a las Fuerzas Armadas continuó con la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y provocó alrededor de 160.000 muertes violentas
«Con el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) cerrará el sexenio con más de 200.000 homicidios, lo que evidencia lo fallido de este esquema», puntualizó Anaya .
En cambio, los aliados de Morena, los partidos del Trabajo (PT, izquierda), y Verde Ecologista defendieron la reforma al considerar que dará paso a un modelo de seguridad efectivo.
El objetivo es «combinar las capacidades operativas y la disciplina militar, con el enfoque de los derechos humanos de las instituciones civiles», dijo Alejandro González Yáñez, del PT.
Señaló que «el PAN involucró al Ejército en tareas de seguridad pública sin un marco jurídico adecuado».
Horas antes de la votación, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por los riesgos de aumentar abusos contra derechos humanos que representa el proyecto de reforma constitucional aprobado.
«Nos alarma que, de aprobarse la propuesta de reforma constitucional, asignará de forma permanente funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. El potencial impacto de esta modificación en el aumento de las desapariciones forzadas y la impunidad es extremadamente preocupante», dijeron especialistas en un posicionamiento emitido desde Ginebra. (Sputnik)