En la política actual de Costa Rica, el discurso políticamente correcto ha sido utilizado como un escudo por la oposición, que acusa de «discurso de odio» a todo aquel que se atreva a desafiar el sistema. Este calificativo se ha convertido en una herramienta para desacreditar ideas, sin la necesidad de debatir su contenido. Pero ¿quién define lo que es un «discurso de odio»? En un entorno donde cualquier crítica es etiquetada como tal, la pluralidad de ideas y el debate democrático se ven seriamente amenazados.
¿Es violento llamar a la acción en las próximas elecciones? No. En una democracia, llamar a la acción es un ejercicio legítimo de la ciudadanía. Sin embargo, la verdadera violencia no está en las palabras, sino en el uso coercitivo del poder del Estado para imponer un modelo que prioriza las instituciones por encima de la dignidad humana. Es una ironía que quienes se presentan como defensores del ciudadano arremeten con toda violencia contra quienes no se alinean con su discurso, empleando tácticas de descalificación y ataque personal, en lugar de presentar argumentos sólidos para defender sus ideas.
Esta contradicción genera un vacío de coherencia y congruencia, lo que a su vez alimenta la creación de opositores irracionales, cuyo único objetivo es atacar sin fundamento. La falta de argum3entos no les permite debatir ideas; prefieren atacar a la persona. Y en esta dinámica, el discurso de la oposición se convierte en una herramienta más para reforzar la institucionalidad como el fin último, olvidando que la verdadera pregunta no es si defendemos a las instituciones, sino si estas instituciones velan por los intereses del ciudadano.
La institucionalidad se refiere al conjunto de normas, estructuras y prácticas que organizan y regulan la vida política y social de un país, con el fin de garantizar el orden, la cohesión social y la estabilidad política. Según la Unesco, las instituciones tienen como propósito fundamental proteger los derechos de los ciudadanos en un marco de respeto y justicia. Su razón de ser es, por tanto, servir al ciudadano, no perpetuarse a sí mismas como entidades aisladas o autosuficientes.
Sin embargo, en Costa Rica, la institucionalidad ha pasado de ser un medio para garantizar el bienestar ciudadano, a convertirse en un fin en sí misma, relegando al ciudadano a un segundo plano. Ejemplos como la CCSS, que debería velar por la salud pública, pero se encuentra atrapada en su propia ineficiencia, o RECOPE, que persiste como monopolio estatal sin refinar petróleo, evidencian cómo estas instituciones parecen más preocupadas por sostenerse que por cumplir con sus funciones esenciales.
El Poder Judicial, a su vez, ejemplifica cómo la burocracia y ha creado un sistema ineficiente y lento, afectando el acceso a la justicia que los costarricenses merecemos.
Es crucial recordar que las instituciones deben ser un medio, no un fin. Su valor radica en su capacidad para defender los derechos fundamentales de las personas, no en su mera existencia. Cuando se prioriza su perpetuación por encima de su función para el ciudadano, el modelo institucional pierde su enfoque y termina siendo una carga para la sociedad.
Cuando una institución deja de priorizar al ser humano y se enfoca en su propia perpetuación, se genera un conflicto ético. En la actualidad, pareciera estarse defendiendo un sistema que, más que beneficiar al ciudadano, busca proteger su estructura de poder. Esta falta de coherencia y congruencia es lo que ha generado que muchos ciudadanos pierdan la fe en las instituciones y el sistema democrático.
El problema no es la institucionalidad en sí misma, sino que ha dejado de servir al ciudadano y se ha convertido en un instrumento de poder. Las instituciones deberían ser los guardianes de los intereses del ciudadano, pero hoy parecen ser cápsulas aisladas de burocracia, más preocupadas por su sostenimiento que por su verdadero propósito.
El reto que tenemos como ciudadanos no es simplemente querer un cambio en la forma en que se gobierna nuestro país, sino cuestionar el modelo de institucionalidad que hemos permitido que se imponga. No es violento exigir un cambio en el sistema; lo violento es aceptar sin cuestionar un sistema que ha dejado de representar al ciudadano.
El ciudadano debe recuperar su poder frente a las instituciones, debe cuestionar y desafiar el sistema cuando este no responde a sus necesidades. La verdadera violencia es la imposición de un modelo donde las instituciones se perpetúan por encima de la dignidad humana.
Las opiniones expresadas en este artículo son a título personal y no reflejan la posición de ninguna institución.
(*) Cristian Valverde C.
Perfecto para afianzarse y escribir “El proceso” de Kafka o “Crimen y castigo” de Fedor Dovstoieski. Pero es la única realidad que hay en este triste destino.
El proceso de cambio debe ser lento pero constante, como ciudadanos elegimos de manera directa presidente y alcaldes, sin embargo, debemos cambiar la forma en la que elegimos a los diputados. La Asamblea Legislativa es el verdadero motor de un país, y la asamblea actual refleja como la decadencia moral y ética del partido mayoritario y sus aliados condenan a un país al estancamiento. Al cambiar la Asamblea de manera indirecta logramos un cambio en el Poder Judicial, y en todas las instituciones donde los diputados eligen los puestos de mayor jerarquía. De esta manera pasamos del sistema «amigos eligiendo amigos» a «ciudadanos eligiendo a ciudadanos para que se desempeñen como funcionarios». El cambio depende únicamente y exclusivamente de nosotros como sociedad.
Las élites de poder en Costa Rica, ya sea política, económica, progres, feminoides, académicos, etc., se han enquistado con tal furor, que han perdido de vista los derechos del ciudadano común y corriente. Esos grupúsculos están tratando de convencer a nuestras mayorías en que el único camino es continuar en lo mismo. Han viciado principios, valores y moralidad, donde el soberano es atrapado abiertamente, al no permitir abiertos referéndums, los cuales montan leguleyos entrabamientos y razones. No es casualidad que los devotos del judicial y legislativo, junto a letrados y mediáticos estén alcahueteando las conocidas corruptelas, con su actuar. Pero urge, un inmediato cambio, como por ejemplo hacer la votación con el TSE, con voto electrónico y papel, donde sus futuros políticos sean escogidos no a dedo, sino individualmente. Desafiar o imponer un sistema con el apoyo de las mayorías nos daría otro norte y, es providencial impulsarlo. Un reto, a usted costarricense, si quiere salir de sus usuales penurias. Usted tiene a la mano, el cambio.
Eso Hueso se denomina Huezo! Bien sabes que es imposible, estamos poseídos por el demonio de la burocracia por un lado y el narco por el otro.
E. Fdez: Añosa burocracia y narco instaurada desde hace años, y que ahora, reniegan que, ante los costarricenses huesos, se hacen enemigos del modo, al querer sacarnos de ese imperio de corrupción. Es cuestión de domar a Chaves R., de su intencionalidad de vender, ceder, rematar o cerrar nuestro sistema estatal, buscando una globalizada e integral purga, generado nuevas leyes, para mandar al tavo a los maleantes burócratas. Por otro lado, la élite de pensionados de lujo ha juntado fuerzas mediáticas, hasta sindicales, para construir blocks, para supuestamente defender sus agremiados. Flaco favor se hacen. Y este huezo tiene… carne y cédula, para hacer una sopa.