En tiempos en los que la seguridad pública debería unirnos en un esfuerzo común, declaraciones como las de la diputada Dinorah Barquero, al afirmar que “los policías ni siquiera saben usar los radios”, no solo son despectivas, sino que ponen en evidencia una desconexión preocupante con la realidad que viven miles de oficiales que, día tras día, salen a enfrentar una amenaza creciente: el narcotráfico. Qué fácil hacer comentarios desde una silla de una Comisión Legislativa, pero qué difícil puede ser imaginar lo que implica estar en primera línea, desprovisto muchas veces de los recursos suficientes y enfrentando un desafío de vida o muerte.
Estas declaraciones, lejos de abrir un diálogo constructivo, atacan directamente a quienes más nos necesitan en este momento: nuestra Fuerza Pública. No solo pueden descalificar la labor de los oficiales, sino que revelan una estrategia política más amplia: la instrumentalización de la seguridad pública como herramienta para desprestigiar al oficialismo, mientras se ignoran los avances que se han logrado.
El gobierno, en su esfuerzo por fortalecer la lucha contra el narcotráfico, ha trabajado en acuerdos de cooperación con instancias internacionales como la DEA y EUROPOL, mejorando la infraestructura y dotando a las fuerzas policiales con nuevos equipos y tecnologías. Sin embargo, en lugar de reconocer estos avances, la oposición parece decidida a generar una narrativa de narco Estado, distorsionando el verdadero contexto y deslegitimando la labor que se ha venido realizando. Aquí el tema no es si se es un “rodrigolover” o no, el tema es quien o quienes buscan beneficiar o no al país, sea oficialista o no.
Es cierto que la Fuerza Pública enfrenta grandes desafíos. Pero pretender descalificar a la Fuerza Pública es una simplificación irresponsable. Los problemas de seguridad pública son complejos y no se pueden reducir a una crítica cargada con discurso de odio. Hacerlo no solo trivializa el trabajo que estos hombres y mujeres realizan diariamente, sino que también envía un mensaje desalentador a quienes dependemos de ellos para nuestra seguridad.
Lo más preocupante de este tipo de declaraciones es que terminan usando a los policías como piezas de un juego político. Detrás de cada uniforme hay una persona que enfrenta el peligro para proteger a su comunidad. Y lo hacen con sacrificio personal, en ocasiones sin los recursos que realmente necesitan, pero con la determinación de cumplir con su deber. Esas personas merecen nuestro respeto, no una burla pública.
¿Qué sentirán esos oficiales al escuchar que quienes deberían apoyarlos solo los descalifican? Para aquellos que día tras día se levantan con la responsabilidad de enfrentar el narcotráfico en las calles de nuestras ciudades, el saber que se les ve como incompetentes, en lugar de recibir el respaldo que merecen, puede ser devastador. Al final, este tipo de retórica no solo ataca al gobierno; ataca directamente a los hombres y mujeres que, con todo y limitaciones, se esfuerzan por cumplir su misión.
No es la primera vez que la oposición recurre a estrategias de deslegitimación. Al utilizar la seguridad pública como un arma política, en lugar de construir propuestas serias, terminan haciendo más daño que bien. Esto no solo polariza a la sociedad, sino que también distrae de lo realmente importante: cómo podemos trabajar juntos para enfrentar el narcotráfico y garantizar la seguridad de nuestras comunidades.
El verdadero peligro de esta estrategia de desacreditación a como de lugar, es que puede minar la confianza en las instituciones que velan por nuestra seguridad. Si quienes están llamados a protegernos son constantemente desacreditados, ¿qué le queda al ciudadano común? Si perdemos la fe en nuestras fuerzas policiales, el camino hacia la seguridad se vuelve aún más difícil.
En lugar de atacar los esfuerzos del gobierno y de las fuerzas del orden, la conversación política debería estar enfocada en mejorar las condiciones de los oficiales y en proponer soluciones concretas para los problemas de seguridad pública que enfrenta el país. Las declaraciones que buscan desacreditar, sin ofrecer una alternativa real, solo perpetúan un ciclo de división.
El gobierno ha hecho esfuerzos notables, pero es evidente que hay mucho trabajo por delante. El narcotráfico es una amenaza que trasciende fronteras, y la solución no vendrá de la crítica sin base. Lo que necesitamos es un trabajo conjunto, un compromiso real por parte de todos los sectores políticos para encontrar soluciones que fortalezcan a las instituciones en lugar de debilitarlas.
Al final del día, la seguridad de nuestras comunidades no puede depender de quién gana en el campo de batalla político. Los costarricenses merecen algo más que una guerra de palabras. Merecen ver a los miembros de los tres poderes trabajando por el bien común, reconociendo los avances cuando los hay, y proponiendo soluciones que de verdad mejoren la seguridad y calidad de vida del país. Desacreditar a quienes están en primera línea no es la solución. Fortalecerlos sí lo es.
Las opiniones expresadas en este artículo son a título personal y no reflejan la posición de ninguna institución.
(*) Cristian Valverde C., Dirección de Proyectos Construyendo Futuro, Gestionando Hoy.
Cuando se habla de las deficiencias en la formación de nuestra fuerza pública , no sería precisamente con el.afàn de
desscreditarla , sino para llamar la atención de lo necesidad urgente de enfocar mas recursos en mejorar todo lo conceniente a su entrenamiento y equipamiento. Así como aumentar el número.de efectivos.
Las declaraciones reflejan la absoluta desconexion del PLN con la realidad del país, no les importa nada más que atacar cualquier iniciativa que provenga del Ejecutivo. La fracción de mayoría legislativa no muestra coordinación ni coherencia en sus discursos, no hay planes y tampoco propuestas, y lo único que saben responder ante los costarricenses es que las demandas de acciones específicas son un ataque a la institucionalidad, cuando en realidad son un llamado desesperado a que dejen de lado la mediocridad. Será que todos los diputados del PLN salen a la calle y le preguntan cara a cara a los ciudadanos que opinamos de la labor que han realizado estos 2 años? Será que dejan de quejarse del Presidente y se ponen a trabajar en serio por este país?
Señor Valverde la observación que hizo la legisladora no es precisamente para increpar a los miembros de la Fuerza Pública; su pensamiento simplista no piensa en que la utilización incorrecta de los radios perjudica la salud de los policías nacionales. Las ondas de radio afectan la visión y el desempeño normal del cerebro, por eso dentro de la seguridad laboral hay todo un tema dentro de las diferentes agencias de las Naciones Unidas.
A veces la ignorancia es atrevida, y lo expresado por usted es un claro ejemplo. Usted pide mejor equipamiento y formación policial, y los diputados, a excepción de la bancada de gobierno, votaron por eso y por más apoyo logístico y de presencia; y que maravilla el gobierno y sus diputados se olvidaron de las necesidades inmediatas y se opusieron porque no hay dinero para financiar las necesidades inmediatas de los policías. No hay recursos para las necesidades de la Fuerza Pública , pero para los comerciantes importadores de arroz si los hay; ahora el arroz está más caro y el gobierno recibe menos ingresos fiscales; no tienen recursos para la seguridad, pero sí para hacer óleo con los aranceles que dejaron de cobrar a sus amigos importadores de arroz.
Con la seguridad ciudadana no se juega, ni se improvisa; se planifica y programa su acción. Hoy vemos que la escuela para la preparación de los marinos de los Guardacostas reciben su instrucción lejos del medio natural de su trabajo, el océano; sin embargo el primer capítulo de esa preparación debe ser el adiestramiento del Convenio Solas o Convenio sobre la seguridad de la vida en el mar y eso solo se debe hacer en concordancia con el agua; entonces, quien subestima o denigra a los policías?;
el gobierno y el ministerio de Seguridad Pública que improvisa la formación de los cuerpos policiales.
Por último no sería malo que leyera las estadísticas sobre las incautaciones de droga en las costas Atlántica y Pacífica; ahí se dará cuenta de cuál es la diferencia en cantidades de lo que ha decomisado las autoridades presentes y cuánto recogieron las autoridades en administraciones pasadas.