La discusión en la Asamblea Legislativa abierta a propósito de la negociación del FEES, ha girado en torno a argumentos que a nuestro juicio cuestionan el atributo central de la universidad pública.
Desde Eliecer Feinzaig hasta Pilar Cisneros repitieron constantemente los siguientes argumentos:
- Las personas estudiantes que disponen de más altos ingresos deben pagar más por sus créditos en la universidad.
- Las universidades deben dedicarse más a vender servicios y depender menos de los fondos estatales.
- Las universidades deben cerrar carreras “menos rentables” y enfocarse en las “más rentables”.
¿Son estas ideas, compatibles con un sistema de educación superior público?
Compartimos una discusión breve de cada una:
- Financiamiento parcial de los gastos operativos de la universidad con matrículas más elevadas para estudiantes de mayores recursos: implementar un sistema de este tipo en un contexto contractivo del financiamiento público, puede lanzar a las universidades a buscar cada vez mayores recursos de este sector de estudiantes poniendo en riesgo su misión de ampliar el acceso y promover el desarrollo de todas las personas. Un riesgo adicional es que se promueva un círculo vicioso en la calidad académica, de manera que, con tal de que las personas estudiantes de mayores ingresos se mantengan activas, se incentive la idea en las personas docentes de lo “fundamental” de sus notas y su egreso, o incluso se vuelvan un indicador. Chile es un ejemplo, donde la privatización de la educación pública como medio para combatir los “problemas” de la educación, benefició de forma clara al sector más rico.
Ver: Cómo terminar con el lugar privilegiado de la educación privada en Chile
- Las universidades deben dedicarse más a vender servicios para depender menos de los fondos estatales:
El mercado, llámese el intercambio y generación de bienes y servicios entre entes privados, tiene, por su funcionamiento, un objetivo claro y concreto: la generación de ganancias económicas, optimizadas al mínimo plazo ¿Qué sucedería entonces si obligamos a las universidades públicas a depender mayoritariamente de los ingresos generados con o extraídos del mercado? Se incentiva a las universidades públicas a buscar formas de generar ganancia en el corto plazo para mantener su operatividad. Sin embargo, de ésta forma las universidades serían (y son) estimuladas a generar programas cada vez más tecnificados para suplir las demandas inmediatas del mercado. Esto puede obligar a abandonar líneas de investigación que generan réditos a largo plazo o las que generan valor más allá del retorno a la inversión económica en el corto plazo. Es lógico pensar además que las líneas de investigación en áreas que al momento de la inversión privada se encuentren subdesarrolladas, tendrán cada vez menos recursos.
¿Qué prioridad tendrá en el presupuesto la investigación un físico en física cuántica o un químico en temas de protección ambiental, frente a un programa técnico de mercadotecnia para el cual existe mayor demanda en el corto plazo? Con esto no decimos que el técnico en mercadotecnia tiene menor valor que las otras áreas de estudio, sino más bien, que el valor y la priorización de inversión será otorgado casi exclusivamente por lo que ordenen las necesidades en competencia del mercado. Poner más recursos y esfuerzos hacia la venta de servicios desincentiva además al cuerpo docente e investigador a mejorar la calidad de la docencia, puesto que la misma tiene mayor prioridad y beneficios personalizados.
Por otra parte, el argumento de la “venta de servicios “ y recursos externos es un argumento repetido de manera insistente en el debate público y político al respecto del sistema universitario, como si de una opción válida o un “mantra” indiscutible se tratara. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿dónde están las evidencias de que eso es factible, tiene sentido o es una verdadera fuente de ingresos? Si ponemos como ejemplo el MIT (referencia en cuanto a universidad que podría ser el ejemplo de este paradigma) tan sólo el 4% de sus ingresos proceden de innovación y patentes (entrevista de Nuño Dominguez a Rita Nelsen, Directora de la Oficina de Transferencia de Tecnología del MIT. Diario “El País” (España) el 4 de diciembre de 2017). ¿Por qué no empezar a exigir a quienes repiten ese argumento a que muestren las evidencias de que algo así es posible? ¿O acaso cuando dichos fondos “no aparezcan” se responsabilizará a la universidad por “no hacer bien su trabajo” y no al hecho de que ese argumento es falaz de partida?
- Cerrar carreras menos rentables para el mercado: De forma similar a los cuestionamientos anteriores, el mercado como mayor y exclusivo conductor de decisiones en la academia, puede llevar a la administración universitaria a tomar decisiones de poco valor estratégico. ¿Qué hubiese pasado si en los países desarrollados se hubiesen cerrado más de la mitad de facultades de física para favorecer carreras más rentables en una coyuntura como la actual, donde tal vez la informática o la mercadotecnia son más rentables para el mercado?. ¿Cuáles capacidades de generación de conocimiento para entender y resolver los últimos retos en física cuántica tendrían estos países? Si cerramos todas las carreras de filosofía, antropología y sociología ¿Cómo podríamos hoy entender y proponer soluciones para las derivas de los sistemas políticos y sus democracias?
Pero es que además, ¿A qué llamamos “rentabilidad”? ¿Al criterio cortoplacista y basado solo en el estado actual del conocimiento y de los requerimientos actuales del mercado de trabajo? Los mismos que hoy en día defienden sin la más mínima duda la necesidad, por ejemplo, de formar y estudiar en Inteligencia Artificial son, insistimos, los mismos que hace 10 años al menos, rechazaban los fondos destinados a una disciplina que era tan solo “un divertimento académico” ¿Quiénes son ahora los verdaderos beneficiarios del auge de la IA? ¿Quiénes la construyen y quienes van por detrás? ¿Qué les pasará (o les está pasando) a los países que abandonen la formación, por ejemplo, en cuántica citada anteriormente, porque “no es rentable” cuando acabe ocurriendo lo mismo con la computación cuántica? ¿Se lanzarán entonces a exigir al sistema universitario que dispongan una oferta que ellos mismos condenaron tiempo atrás?
El sistema universitario público tiene, intrínseco a su definición, un valor estratégico y de largo plazo. Privilegiar al mercado como único driver o conductor para la toma de decisiones o sostén de la universidad “pública” puede generar pérdidas en distintos indicadores más allá del económico. Y es que esto no es algo novedoso. Países como Estados Unidos, Inglaterra o Alemania saben que entregar el sistema educativo superior al lucro, genera pérdidas a largo plazo. La educación privada tiene mucho menor presencia en estos países (alrededor del 18%), que en Latinoamerica. La realidad es que en Costa Rica y en la región latinoamericana hacemos muy poca inversión pública en educación superior. Respecto a la OCDE Costa Rica destina por año $6.624 (₡3.589.648,93 al tipo de cambio actual) por una persona estudiante matriculada en un centro de educación pública, frente a $10.600(₡5.786.574,78), cifra promedio de inversión para el 2021 en los países de la OCDE.
Ver: Costa Rica tiene baja inversión pública por estudiante frente a otros países de la OCDE
Es claro que una mayor inversión en la educación superior pública debe responder a la mejora continua de indicadores, pero estos deben ser diversos en cuanto a la medición del impacto desde distintas perspectivas (ambiental, social, económico, humanista, ético), y por supuesto, deben responder a una visión estratégica y de largo plazo para el conjunto de la sociedad. Recortar el presupuesto universitario estatal para mejorar el balance de ingresos y egresos de un año fiscal (o quizás con la convicción de mercantilizar la educación superior como una mera transacción comercial) se fundamenta con la visión de un balance económico del mercado, tener activos, liquidez y rentabilidad. Pero orientar el sistema de educación pública superior hacia el funcionamiento del mercado, con sus mecanismos y necesidades, no cumple con su principal atributo: promover la equidad, la movilidad social ascendente, la promoción de un desarrollo sostenible, la lucha por sociedades más justas y por el bien común, en definitiva se pierde el sentido social y estratégico, el paradigma de la educación superior como un bien integral, un derecho y patrimonio nacional. Es por esto que los estados y no el mercado en la mayoría de países desarrollados, asumen los principales retos que involucran el bienestar de toda la población y no sólo de un sector. Ya uno de los premios nobel de economía de este año, Daron Acemoglu, ha dejado bastante claro sobre la importancia de las instituciones y su valor estratégico, por encima de los mantras del libre mercado.
(*) Los coautores de este artículo son los profesores, investigadores y extensionistas del Instituto Tecnológico de Costa Rica:
- Dr. Saúl Calderón Ramírez
- M.sc. Laura Hernández Alpízar
- Dr. Juan Luis Crespo Mariño
- Dra. Désirée Mora Cruz
Lamentablemente se han dado abusos con los recursos que los costarricenses, NO el Gobierno, destinamos al FEES, y precisamente en el TEC se presentaron abusos por parte de la FEITCR, de lo cual no hemos sabido nada más hasta el momento. Nadie cuestiona el papel fundamental de las universidades públicas, pero cuando un rector (UNA) decide construir una plaza con los recursos del FEES, se encienden las alertas, cuando un rector (UCR) paraliza la universidad para manifestarse en las calles «exigiendo» un 4%, solo porque sí, da para pensar si los rectores, decanos, profesores, personal administrativo y estudiantes están conscientes de que vivimos en Costa Rica, y que como tal debemos ajustarnos a una realidad económica y social. Ya quisiéramos todos ganar 7 millones al mes como algunos profesores, pero no es posible, así que primero apliquen los controles, eliminen los privilegios, pongan a los estudiantes como prioridad número 1, y todo lo demás cae por su propio peso.