Buenos Aires, 21 oct (Sputnik).- Docentes y no docentes universitarios de Argentina inician este lunes una huelga nacional de 48 horas en pleno conflicto con el Gobierno por la falta de actualización salarial y el desfinanciamiento de las casas superiores de estudio.
«21 de octubre. Yo paro», confirmó en las redes sociales la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más importante del país.
Este gremio, como los otros cinco sindicatos de docentes y no docentes que integran el Frente Sindical de Universidades, justificó la medida de fuerza al señalar que «sin salarios dignos no hay trabajadores; sin trabajadores no hay universidad; sin universidad no hay futuro».
El cese total de actividades es la tercera huelga que organiza la comunidad universitaria en esto últimos días, tras el paro del 17 de octubre y el del 10 de octubre.
Las medidas de fuerza acompañan otras iniciativas, como clases públicas, abrazos a las sedes de las facultades y este martes una «marcha blanca», en la que confluirán representantes del sector educativo y el sanitario para denunciar los recortes que ejecuta el Gobierno de Javier Milei.
Después de que la Cámara Baja avalara un veto del presidente a la ley de Financiamiento Universitario que garantizaba el presupuesto para el año en curso, los sindicatos resolvieron profundizar el plan de lucha «con un horizonte de disputa con el Gobierno nacional».
Los gremios universitarios, que denuncian un atraso salarial de alrededor del 50 por ciento desde que asumió la actual gestión en diciembre de 2023, criticaron que cayera la ley que obligaba al Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y no docentes a partir del 1 de diciembre de 2023 de acuerdo a los índices de inflación.
Esta medida beneficiaba a los 155.000 profesores y a los 60.000 no docentes que integran las 60 universidades nacionales del país.
Unas 70 facultades y universidades provinciales fueron tomadas en los últimos días, tras caer la ley de Financiamiento Universitario.
El miércoles 9 de octubre, a pocas horas de concluida la segunda marcha federal universitaria que organizó el sector educativo hace apenas cinco meses, Milei vetó esta normativa que implicaba una inversión del 0,14 por ciento del producto interior bruto (PIB), según la Oficina del Presupuesto del Congreso.
En el proyecto de Presupuesto 2025 presentado al Palacio Legislativo, el Ejecutivo también decidió suspender la obligación del Estado de invertir en educación al menos el seis por ciento del PIB. (Sputnik)
