San José, 31 Oct (Elpaís.cr).- La Asociación de Desarrollo Integral de Turrúcares de Alajuela acusó a la vicepresidenta de Costa Rica y ministra de Salud sobre permisos y viabilidad ambiental para construir un relleno sanitario en el distrito.
«La señora Ministra de Salud, Mary Munive, ha expuesto en diversos medios situaciones irreales sobre al Municipalidad de Alajuela y sobre los pobladores de Turrúcares que deben ser desmentidas, por respeto a al comunidad nacional», sostienen la Asociación.
Afirman que en primer lugar, en Alajuela existe un plan regulador vigente que «para Turrúcares NO contempla el uso de suelo para instalar un relleno sanitario o un parque industrial» para el tratamiento de desechos sólidos.
«Los usos del suelo otorgados hace más de 10 años fueron girados en un escenario muy poco transparente, no cumplieron, ni cumplen el principio de tutela científica, puesto que fueron incluso emitidos de una forma sumamente cuestionable, en tiempo asombrosamente acelerado de apenas 4 horas desde que entraron las primeras 4 gestiones, hasta que salieron, tal y como se señala en el oficio INFORME 17-2013, contenido en oficio 0194-Al-12-2013 del 31 de diciembre de 2013, de la Auditoría Municipal de la Municipalidad de Alajuela».
Dicha Auditoría aseguró que «tanto la solicitud de uso de suelo para las cuatro fincas, como la documentación requerida fue recibida por el Subproceso de Servicio Integrado el 6 de setiembre de 2011. Dichas resoluciones de uso de suelo fueron firmadas por el Arq. José Manuel Salazar Sánchez, analista del Subproceso de Planificación Urbana el mismo día, 6 de setiembre de 2011…».
Observando los certificados de usos del suelo de las primeras 4 fincas, se aprecia que los mismos quedaron aprobados antes de medio día del mismo día de ingreso, es decir que el término de espera y análisis fue, repetimos, de tan solo unas 4 horas – partiendo del hecho irracional, que no hubiese ningún otro trámite ante al municipalidad – lo cual resulta totalmente cuestionable, pues deja entrever una falta del deber de cuidado, la mala fe y la ilegalidad en el análisis y la ponderación de la trascendencia del significado de dichos actos administrativos por parte de un funcionario municipal. Y fue precisamente basado en ello, cuando desde la Alcaldía se declararon esos usos del suelo como absolutamente ilegales».
Sobre los usos del suelo otorgados y el contraste con el plan regulador la Asociación brinda el siguiente gráfico:
Plano Catastrado
En el informe técnico, elaborado el ingeniero topógrafo José Joaquín Talavera que consta en al Municipalidad, se reconoció que al naturaleza de los sitios era predominantemente en demasía de protección, pecuaria y de zona semi residencial de baja densidad. A saber, véanse los porcentajes existentes en cada área de las fincas:
Resaltan que en el Semanario Universidad del 23 de octubre de este año, como en otros medios, la Ministra Munive señala, en nota que leva como título «Ministra de Salud critica a Concejo Municipal de Alajuela por frenar relleno sanitario en Turrúcares» lo siguiente:
«El Concejo ha dicho ‘aquí no’, y tienen judicializado todo el proceso, aunque inicialmente dieron planos, aprobación de uso de suelo, absolutamente toda la viabilidad, de repente el Concejo dijo ‘aquí no».
Advierte que como se puede observar es totalmente falso que «DE REPENTE» el Concejo cambió de criterio y dijo que ya no estaba de acuerdo, pues según No INFORME 17-2013, contenido en oficio 0194-A1-12-2013 del 13 de diciembre de 2013, al propia municipalidad había visto lo ilegal del otorgamiento de los usos del suelo pues incluso una de las fincas era en un 72% totalmente para área de protección.
Por otro lado, sostienen, nunca una municipalidad puede dar planos. Y también es claro que es absolutamente falso que desde la Municipalidad estuvieran de acuerdo con la viabilidad ambiental del proyecto, pues desde hace más de 10 años se le había señalado por escrito expresamente a al SETENA que los usos dados eran absolutamente ilegal y contrarios a derecho y al plan regulador y que el proyecto de parque industrial no podía instalarse en sitios destinados a uso residencial, de protección y agropecuario.
«En SETENA no les importó toda la prueba que se aportó desde la Municipalidad y ni la de la sociedad civil y otorgaron contra viento y marea el proyecto, a sabiendas de contrariar el plan regulador y de una resolución desde la Alcaldía del año 2013, que había declarado como nulos los usos del suelo. Es decir, que lo que ahora acontece lo sabe perfectamente al Ministra de Salud, pero ella se esconde bajo una nebulosa falsa, exponiendo que todo está a derecho y que fue de repente que se modificó el criterio», reprocha la Asociación.
Además, recuerdan que «debe saberse que la Sala Constitucional ha señalado que los planes reguladores deben cumplirse, pues son una especie de ley para cada cantón. Los magistrados han expuesto sobre ellos que son:
» . . . verdaderas normas jurídicas o leyes en sentido material, toda vez que reconoce derechos y establece obligaciones para los titulares y poseedores de los inmuebles ubicados en la circunscripción territorial del respectivo cantón». Voto constitucional, No. 2006-13330.
La Asociación precisa que «en razón de lo anterior, el Concejo Municipal y desde la Alcaldía, han hecho cumplir la ley y el derecho constitucional al presentar los procesos para anular los cuestionables usos del suelo entregados en tan solo 4 horas».
«Desde la comunidad hemos hecho además lo necesario para que se apliquen las normas y sentencias judiciales y desde esa perspectiva no existen ilegalidades y menos caprichos por parte de la Municipalidad de Alajuela como lo hace ver falsamente la señora ministra».
Por otro lado, asegura la entidad de vecino que «es falso» también el dato de las 194.418.27 de toneladas al año que salen del cantón de Alajuela, conforme lo menciona la ministra.
«El dato real de acuerdo con la información brindada por la municipalidad es de 95.088,40 toneladas en el año 2023. Importante también aclarar que, desde hace aproximadamente seis años, los residuos que se generan en el cantón central de Alajuela se trasladan al relleno sanitario Parque Tecnológico Tecnoambiente, en Montes de Oro, Miramar de Puntarenas», aclaran.
Para los vecinos a la fecha la ministra Munive, «está tratando de orquestar en diversos medios una campaña del miedo para echarnos la responsabilidad de la insuficiencia del Ministerio de Salud para manejar los residuos sólidos, pero como se aprecia en lo que señalamos, es una campaña falsa y que a la postre busca imponer miedo y ello es una especie de terrorismo institucionalizado, pues ella amenaza y dice que los residuos vienen para Turrúcares, pues piensa pasar sobre el plan regulador de Alajuela y sobre los dos procesos judiciales que existen para anular los usos ilegales del suelo».
«Por dicha, la gente ha entendido que este gobierno arremete irracionalmente contra el pueblo y contra los que no hacen lo que ellos quieren. Pedimos a los diputados respetar la autonomía territorial municipal y a la ciudadanía tomar en cuenta al verdad sobre el caso Turrúcares», expresan.
Finalmente, manifiestan que en razón de lo anterior «dejamos clara la realidad en pocas líneas de lo que existe sobre el tapete desde hace más de diez años y pedimos respeto a la verdad».
Cabe recordar que al momento en que en 2011 se tramitó y otorgó los usos de suelo cuestionados, los terrenos eran propiedad de diversas sociedades anónimas, pero hoy pertenecen únicamente a Bajo Pita S.A. y en el sitio la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A pretende establecer un relleno sanitario, pues el que funciona en La Carpio está a las puertas de su cierre técnico, aunque el Ministerio de salud no ha fijado una fecha para que deje de ingresar desechos sólidos al sitio.
El documento presentado por el alcalde Humberto Soto ante el Contencioso reseña cómo desde 2012 el abogado ambientalista Álvaro Sagot en 2012 presentó un recurso de revisión que fue declarado sin lugar por la Alcaldía, en ese momento ocupada por Roberto Thompson, en noviembre de 2013.
En abril de 2014, Sagot presentó apelación ante el Contencioso Administrativo, que le dio la razón en enero de 2016. En mayo de ese año se coordinó una inspección al sitio, cuyo resultado se plasmó en un oficio del Subproceso de Planificación Urbana de la Municipalidad, el cual concluyó que “no avala los usos de suelo otorgados ya que existen errores tanto de forma al otorgar un uso de suelo distinto al solicitado por el interesado, como de fondo al otorgar usos de suelo con una zonificación que no es la correspondiente”.
La Municipalidad dio cuenta que “se autorizan actividades industriales en propiedades cuyo único uso es el agrícola, pecuario o forestal y no se aplican las zonas o áreas de protección amparadas en la Ley en las propiedades que esta afecta, todo como anteriormente se indicó, por lo que estos errores constituyen un vicio de nulidad de dichos usos de suelo”.
Consultado al respecto, Sagot ha dicho que “a EBI no se le puede otorgar ningún permiso de construcción de ese relleno sanitario en Turrúcares porque el Plan Regulador lo prohíbe por los usos del suelo que existen actualmente”.
Finalmente, Sagot sostiene que si el Contencioso da la razón a la Municipalidad, “EBI jamás podría establecer el proyecto en el sitio, pero independientemente de eso hay que tener en cuenta que la Municipalidad ha dispuesto que el Plan Regulador se cumple porque se cumple, así que el proyecto para Turrúcares de trasladar lo de La Carpio jamás podría materializarse”.