lunes 2, diciembre 2024
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Tribunal de paz colombiano imputa a líderes de las FARC por reclutamiento de menores

Bogotá, 13 nov (Sputnik).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este miércoles a seis exintegrantes del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por crímenes de guerra y reclutamiento de menores.

«Por el reclutamiento y la utilización de niños y niñas, así como por otros crímenes de guerra cometidos en su contra en el contexto de la vida intrafilas (entre sus miembros), incluidos malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio, la Sala de Reconocimiento imputó como máximos responsables a seis exintegrantes del último Secretariado de la extinta guerrilla de las Farc-EP», indicó el tribunal en comunicado.

De acuerdo con la JEP, que surgió del acuerdo de paz entre las FARC y el Estado colombiano tras la firma del acuerdo en 2016, los miembros del ahora partido Comunes son responsables de estos crímenes por sus «acciones y omisiones durante su vida activa en la guerrilla».

«Los imputados y llamados a reconocer responsabilidad son Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape y Julián Gallo Cubillos», señaló.

La JEP analizó los informes de organizaciones de víctimas, entidades del Estado y testimonios de sobrevivientes acreditados por reclutamiento y determinó que los afectados fueron 805 niños (56 por ciento) y niñas (44 por ciento).

«La Sala acreditó de manera colectiva a los pueblos étnicos Koreguaje, Hitnu, Bari, Sikuani y Cubeo, que suman 8.903 personas individuales. A su vez, tomó el Universo Provisional de Hechos en el que se documentaron 18.677 víctimas únicas reclutadas y analizó los expedientes de la justicia ordinaria, protocolos de necropsia y trámites de medidas cautelares de protección de lugares e identificación de personas dadas por desaparecidas», indicó.

Por ahora, los exintegrantes del antiguo Secretariado de las FARC tienen 30 días hábiles para «reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlos», además de poder presentar argumentos o evidencia adicional. (Sputnik)

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