San José, 14 Nov (Elpaís.cr).- El Programa Estado de la Nación (PEN) advirtió en su informe 2024 un estancamiento en la inversión social de Costa Rica, principalmente en las áreas de salud y educación.
Estos recortes en la inversión social pública (ISP) se enmarcan en las políticas de austeridad fiscal implementadas en la administración Chaves-Robles, lo cual genera volatilidad en el presupuesto destinado a mejorar la calidad de vida de la población, señala el Informe.
Si bien este tipo de inversión ha experimentado reducciones desde el 2018, la tendencia desde el 2022 es que los recortes han sido mayores en los sectores financiados con el presupuesto nacional, a través del Ministerio de Hacienda (MH).
Destaca que ello explica que el rubro “protección social” de la ISP registró un aumento el año pasado (4,7%), pues corresponde principalmente al gasto en pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que administra la Caja Costarricense del Seguro Social.
En perspectiva a largo plazo, el impacto de estos recortes en las poblaciones vulnerables es preocupante, según la investigadora Natalia Morales Aguilar.
“Ante la disminución de estos recursos, el enfoque de la política social se ha tornado más asistencialista, dejando de lado los programas que generan capacidades en las personas para prevenir la pobreza”, añade.
Recortes en sectores clave para el desarrollo humano
En el 2023, la inversión en educación por persona disminuyó un 1,6%, afectando a todos los niveles educativos, pero
principalmente a preescolar, primaria y universitaria.
Además, desde el 2020, los incentivos para estudiar también fueron reducidos.
El programa “Avancemos”, dirigido a estudiantes de secundaria, tuvo un recorte presupuestario del 40% entre el
2020 y el 2024.
Como consecuencia, señala, el número de personas beneficiadas cayó drásticamente, pasando de 417 mil en el 2021 a 290 mil en el 2023.
“En términos reales, el manejo político del gasto público ha sacrificado los recursos para financiar la educación, que en el 2023 tuvo una inversión por habitante menor a la del 2010 (82.325 colones, versus 83.085 colones, respectivamente)”, indica Morales Aguilar.
Este panorama también se refleja en el sector salud. El año pasado, la inversión en salud fue reducida un 1,4% por habitante, situándose por debajo de los niveles del 2010, 77.086 colones versus, 68.891 colones, respectivamente.
Cambio en el enfoque de la política selectiva
En los últimos tres años, la inversión per cápita en programas sociales selectivos ha caído un 22%, inclinando la política social hacia un enfoque más asistencialista.
Entre el 2022 y el 2023, los recursos se destinaron principalmente a hogares en pobreza, en especial aquellos liderados por mujeres, con menores en primera infancia, personas adultas mayores o con discapacidad.
Este enfoque difiere del aplicado antes del 2020, cuando más recursos eran dirigidos a financiar beneficios para generar oportunidades de desarrollo para las personas en condición de vulnerabilidad, a través de programas para estudiar o de capacitación laboral.
“Las transferencias monetarias son útiles para atender necesidades inmediatas, pero no deben ser el único enfoque de la política social, porque no son suficientes para prevenir la pobreza en el mediano plazo”, comenta la investigadora.
Entre el 2017 y el 2023, los hogares en pobreza extrema beneficiados por la política social aumentaron un 12%, mientras que el total de hogares que recibían beneficios cayó un 17% en general.
El Informe indica que los programas de política selectiva enfocados en el desarrollo de capital humano han perdido relevancia dentro de la política social en los últimos años, al punto de que su peso relativo no es estadísticamente significativo hoy día.
Perspectivas a largo plazo
La historia de Costa Rica muestra que los recortes en la inversión social pública tienen efectos duraderos. La crisis económica de los años ochenta, por ejemplo, causó una disminución en el desarrollo humano del país y aún hoy sigue afectando a miles de costarricenses. Aquellas personas que salieron de las aulas para trabajar, hoy solo tienen acceso a empleos con salarios insuficientes.
Los actuales recortes en educación y salud, combinados con un enfoque más limitado en la política social, podrían generar un impacto similar en las generaciones futuras.
En este sentido, el Informe proyecta que, de mantenerse la actual política fiscal, el presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) y programas selectivos como Avancemos, entre otros, continuará disminuyendo entre 2025 y 2029.
La proyección para el presupuesto del MEP, si se consideran las normas de la regla fiscal, es que en el 2029 sería de un 4,9% del Producto Interno Bruto (PIB).
Tomando en cuenta un escenario regido por el Marco Fiscal 2025 del Ministerio de Hacienda, en ese año el presupuesto del MEP podría llegar a ser del 4,47% del PIB.
“El manejo político del presupuesto actual, centrado en el corto plazo, no se alinea con las necesidades de desarrollo humano del largo plazo del país. Es necesario volver a asignar recursos a la ISP para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y la prevención eficaz de la pobreza”, concluye Natalia Morales.
El Programa Estado de la Nación (PEN) es un centro de investigación participativa e innovación para la promoción del desarrollo humano sostenible.
Pertenece al Consejo Nacional de Rectores (CONARE), entidad que agrupa a las cinco universidades públicas de Costa Rica. También cuenta con el respaldo de la Defensoría de los Habitantes de la República.
Conclusión: me gustaría pensar que el informe fue elaborado con total imparcialidad y neutralidad, a pesar de que el PEN reporta directamente a instituciones que no se han caracterizado por la imparcialidad y la neutralidad en los últimos años.
En pocas palabras, no están de acuerdo con el «cambio de timón» del gobierno actual y necesitan que la «oposición» les devuelva los «privilegios» que el actual gobierno les quiere eliminar o les quiere ordenar: sí, estamos en un país que produce mucho pero con semejantes «anclas» al presupuesto obtenido por los impuestos al costarricense, no alcanza la plata o se la roban.
Actualmente, parece que algunos gobernantes (conscientes de la realidad) entienden que es necesario «reestructurar» el sistema antiguo de gobernar, conservador, donde los privilegios de una parte de la población, en un mismo país, son «abusivos», ya que mediante mecanismos burocráticos mantienen el poder corrupto y hasta lo legitiman aprovechando su silla de poder, mire el caso de Guatemala, Haití, Costa Rica y otros, gobierno tras gobierno y el país no camina pero sus gobernantes y políticos y familiares sí que prosperan, hasta que llegue la hora del cambio y haya igualdad de derechos y oportunidades para toda la población.