Buenos Aires, 27 nov (Sputnik).- Un tribunal de alzada de Argentina del fuero civil confirmó que el expresidente Alberto Fernández (2019-2023) debe depositar un tercio de la jubilación de privilegio que percibe como exmandatario a su expareja y exprimera dama Fabiola Yañez para la manutención del hijo que tienen en común, Francisco.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil ratificó que el 30 por ciento de la pensión de Fernández deberá ser para Yáñez, confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Sputnik.
Los jueces Marisa Sorini, Ricardo Li Rosi y José Benito Fajre confirmaron un fallo en primera instancia que ordenó en septiembre al exmandatario que entregase parte de la jubilación que recibe como exjefe de Estado.
Fernández, que cobra cada mes 17 millones de pesos (16.500 dólares al cambio oficial) por este concepto, deberá entregar 5,1 millones de pesos (4.961 dólares) a su expareja hasta tanto se resuelva una causa en la que el expresidente está imputado por violencia de género.
«Los alimentos provisorios están destinados a satisfacer las necesidades impostergables del alimentado durante el breve lapso que debe mediar hasta el dictado de la sentencia», alegaron los jueces en su fallo.
El próximo 11 de diciembre, Fernández será indagado en los tribunales federales de Buenos Aires bajo la presunción de que inflingió a Yáñez, durante al menos ocho años, agresiones psicológicas y físicas que le provocaron «secuelas de daño psíquico, produciéndole un debilitamiento permanente de su salud».
Desde el año 2016 y hasta el 6 de agosto de 2024, fecha en que la exprimera dama interpuso la denuncia contra el expresidente, «el imputado se habría aprovechado de la especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada, y ejercido con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez», consignó una resolución del juez Julián Ercolini la semana pasada.
Fernández está acusado de los delitos de lesiones leves y agravadas y coacciones, que pueden conllevar una pena de hasta 18 años de prisión.
El exgobernante peronista acudió este miércoles a los tribunales federales de Buenos Aires para prestar declaración indagatoria en otra causa que investiga las intermediaciones con la contratación de seguros por parte de organismos públicos durante su gestión. (Sputnik)
