San JOsé, 15 Ene (Elpaís.cr).- La Propuesta de modificación del Decreto Ejecutivo Nº 38924-S, «Reglamento para la Calidad del Agua Potable» ha desatado un rechazo por parte de diversos sectores, como estudiantes, sindicatos y ecologistas.
La flexibilización de este reglamento plantea riesgos para la salud pública, lo que genera una creciente preocupación en la sociedad, resaltan organizaciones ecologistas aglutinadas en Bloque Verde.
Por su parte, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), ha lanzado una campaña de firmas en la que denuncia que la reforma al reglamento de agua potable representa un grave retroceso para la salud pública y el medio ambiente.
Según la FEUCR, «el agua es un derecho fundamental que debemos proteger. Esta reforma pone en peligro la salud de nuestras comunidades y contradice los principios de sostenibilidad que definen a nuestro país».
En este contexto, han lanzado una petición en línea con el objetivo de alcanzar 10,000 firmas y garantizar que las autoridades administrativas consideren esta solicitud con la seriedad que merece (Circular DIR-2-2025).
La presidenta de la FEUCR Artemisa Villalta aseguro que “es importante comprender que el agua no es negociable. Es un derecho humano fundamental, y cualquier intento de permitir su contaminación con agroquímicos es una agresión directa contra la vida, la salud de las personas y la soberanía de nuestras comunidades, así como de nuestros ecosistemas. Como Federación de Estudiantes de la UCR, denunciamos con absoluta firmeza esta reforma promovida por el Ministerio de Salud, que traiciona su deber de protegernos y se arrodilla ante intereses económicos. Esta medida no solo pone en riesgo nuestras fuentes de agua, sino también nuestro futuro como país”.
Por su parte, el Frente Ecológico de Cipreses ha presentado una solicitud formal a la ministra de Salud, Mary Denisse Muñive, en la que cuestiona los fundamentos científicos, técnicos y jurídicos de la reforma, especialmente en relación con el manejo de casos de contaminación del agua con agroquímicos».
«La reforma busca tergiversar el principio precautorio, que actualmente es la base de la legislación ambiental, para permitir que se realicen análisis de riesgo con el fin de suspender el suministro solo después definir un valor especifico», anota la Asociación.
De seguido, sostiene que dicho enfoque «ha sido utilizado por el Ministerio de Salud en situaciones de contaminación con Mancozeb en Barranca y Clorotalonil en Cartago (ver casos Cipreses y Barranca «.
En la carta, los ecologistas piden aclaraciones sobre el cambio del «Valor Máximo Admisible» a un «Valor de alerta», dado que en Costa Rica no existe un monitoreo continuo de las fuentes de agua ni de los operadores de abastecimiento de agua, ni por parte del Ministerio de Salud y con capacidad limitada para detectar la mayoría de agrovenenos.
Actualmente, los exámenes se realizan de manera anual y no detectan de manera proactiva la contaminación por agroquímicos.
Además, recordaron que en Costa Rica hay más de 250 ingredientes activos registrados para su uso en la agricultura, pero el Laboratorio Nacional de Aguas no tiene la capacidad para analizar más de 40 de estos ingredientes activos. Esto significa que, cuando se detecta un agrotóxico, es posible que muchos otros ya estén presentes sin poder ser detectados.
Las organizaciones ecologistas han enviado cartas a la ARESEP, Universidades, ASADAS y la Defensoría de los Habitantes para que se pronuncien sobre la reforma mencionada.
Las organizaciones insisten en que «el Reglamento para la Calidad del Agua Potable siempre ha considerado las regulaciones de la Unión Europea, que son mucho más estrictas y cuentan con un componente ético de toxicidad. Por lo tanto, es fundamental mantener el ‘Valor Máximo Admisible’ y no reemplazarlo por un valor de alerta».
Este rechazo generalizado refleja la preocupación de distintos sectores por los posibles impactos negativos de la reforma en la salud y el bienestar de la población.
Muy interesante pero ya la señora ministra o presidenta ejecutiva del gobierno actual aclaró que esto no es así y son especulaciones de la oposición a vísperas de las elecciones presidenciales.
Todo lo que fuese contrario a la calidad del agua potable, la ciudadanía en general, debe manifestarse. Este principal elemento para la vida humana representa cientos de miles de millos., de dólares, que andan detrás nacionales y trasnacionales, que no reconocen y quieren pagar, como por equidad nos merecemos los costarricenses. Y los políticos y vende patrias se la ceden alegremente a esos “limitados” consorcios y entes, que ocupan tal elemento, para producir y fabricar sus componentes hasta tecnológicos. El agua, cotizada en bolsas de valores mundiales es nuestro oro líquido, donde unos cuantos ya hicieron sus foráneas conexiones, a precio de vacas flacas. Claro, dejando sectores generalmente pobres, sin ese esencial servicio, cuando escasea.
si la Defensoria, Minsa, ARESEP, AyA , el gobierno local y hasta creo que gobierno central y el Congreso , saben que las personas (niños-niñas-adultos y adultas mayores-) en algunas localidades del canton de Carrillo Guanacaste, toman agua no-potable, porque lo permiten?
No es que es prohibido o inconstitucional el agua no-potable en viviendas o residencias. O es pura paja.