Quito, 18 ene (Sputnik).- La Corte Constitucional (CC) de Ecuador declaró el viernes la inconstitucionalidad del artículo que había servido como base para iniciar un proceso sumario mediante el cual fue sancionada la vicepresidenta del país, Verónica Abad, suspendida de funciones durante 150 días y sin derecho a remuneración.
La CC emitió «la inconstitucionalidad del artículo 2» del Acuerdo Ministerial aplicado contra Abad, según informó en su cuenta de la red social X.
La Justicia precisa que la aplicación de cuatro artículos (2, 4, 54 y 56) del Acuerdo Ministerial para justificar el proceso iniciado contra Abad «es incompatible con el derecho al debido proceso en la garantía de ser juzgado por una autoridad competente».
Además, la CC emitió una sentencia mediante la cual se excluye la posibilidad de que los funcionarios de elección popular sean juzgados a través de un proceso sumario, similar al que fue sometida la vicemandataria.
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, encabezó el proceso contra la vicepresidenta por la demora de su traslado desde la ciudad israelí de Tel Aviv, donde cumplía funciones como «embajadora por la paz», hasta la capital de Turquía, Ankara.
Al regresar a Ecuador, la autoridad solicitó una acción de protección con la cual logró la suspensión de dicha sanción, una vez que la ministra Núñez no pudo argumentar la base legal para definir el tiempo establecido para la sanción.
La jueza Nubia Vera ordenó la rehabilitación en su puesto y con todas las garantías de la dignataria elegida en las urnas en los comicios anticipados de 2023.
Además, Vera dispuso el pago de su salario adeudado y las disculpas públicas de la ministra de Trabajo, sin embargo, hasta este momento la vicemandataria no ha podido ingresar a su despacho de la Vicepresidencia, actualmente militarizada.
Mientras, durante su ausencia temporal para hacer campaña electoral por su reelección, el presidente Daniel Noboa por dos ocasiones cedió la Presidencia a una funcionaria a quien designó mediante decreto ejecutivo como «vicepresidenta constitucional», aun cuando la Constitución dispone que la delegación correspondería a Abad en este caso.
Abad presentó el viernes una «acción pública de inconstitucionalidad» contra el más reciente decreto firmado por Noboa.
La vicepresidenta ha denunciado públicamente que el interés del jefe de Estado y su equipo es evitar que ella lo reemplace mientras hace campaña proselitista para buscar su reelección para el periodo 2025-2029. (Sputnik)