Ciudad de México, 21 ene (Sputnik).- Las órdenes ejecutivas emitidas por el nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, desde su toma de posesión, representan una «violencia autoritaria» que causa frustración enojo y tristeza, denunció este martes Melissa Vértiz, secretaría técnica del Grupo de Trabajo de Política Migratoria (GTPM), en entrevista con la agencia Sputnik.
«Hay una gran frustración frente a un Gobierno autoritario en EEUU que violenta de manera sistémica y sistémica a personas en contextos de movilidad», dijo la directiva de la red que aglutina a organizaciones de México, Centroamérica y EEUU defensoras de personas migrantes.
La experimentada dirigente ciudadana señala que las medidas no son nuevas, porque el magnate republicano las impuso en su primer mandato (2017-2021); sin embargo le sorprende que insista en transitar rutas ineficaces.
Por ejemplo, menciona que es «absurdo negar la nacionalidad a niñas y niños que nacen en territorio estadounidense», argumentando que sus padres están en situación migratoria irregular.
Desilución
Horas después de la asunción de Trump la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) cerró su aplicación electrónica para coordinar solicitudes de asilo en ocho puntos de entrada, la frontera sur y las citas confirmadas fueron canceladas.
Las primeras redadas contra indocumentados comenzaron ya el martes, confirmó Tom Homan, el llamado «zar de la frontera» del nuevo Gobierno estadounidense.
El ambiente entre los activistas que defienden los derechos de las personas es de profundo desaliento e indignación.
«Colegas y organizaciones que ofrecen atención directa a la población en movilidad nos expresan un sentimiento de enorme desaliento, enojo y mucha tristeza por las personas que apuestan no solo su dinero sino su vida ante una política cerrada a la migración», dice Vértiz en su testimonio.
Trump repite acciones que aplicó en 2018 y años siguientes, con el programa «Quédate en México», que obligó a la población migrante a esperar sus trámites en ciudades mexicanas fronterizas, fuera de EEUU.
La especialista lamenta que no se conoce cuántas son las personas extranjeras indocumentadas que están en territorio mexicano tratando de llegar a cruzar la frontera sur de EEUU.
Declina ofrecer una cifra porque hablar de números puede minimizar o magnificar una situación humanitaria muy crítica, pero considera evidente que la clausura de la aplicación llamada CBP One ha dejado varada a miles de personas.
«Hay un desaliento muy grande, porque la única ventana de esperanza se cierra completamente en EEUU, y quedan a merced de México, donde su estancia ya era precaria mientras esperaban las citas que fueron canceladas», relata la defensora.
En la larga historia de la migración, siempre hay un registro incompleto de personas migrantes, porque se mueven en rutas clandestinas, albergues, o padecen desamparo en situación de calle y nunca son contabilizadas en forma precisa.
«Muchas personas quieren llegar a EEUU porque no han tenido otras opciones de parte del Gobierno mexicano para generar mayores opciones que les permitan poder quedarse en este país», indica.
Lamenta además que tampoco les garantizan sus derechos fundamentales, a vivienda, salud y trabajo en este país en su travesía.
Acerca de las estadísticas de un 78 por ciento de reducción de los flujos migratorios entre diciembre de 2023 y enero de 2025, señala: «Son cifras del Gobierno de EEUU para argumentar que los planes de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro han funcionado, y que la migración ha disminuido».
En cambio sostiene que el Estado mexicano no debería aceptar programas como «Quédate en México» impuesto de nuevo por Trump.
«Nuestra postura es que México debe tener una política de integración que incluya el acceso de migrantes a trabajar en forma comunitaria en los lugares donde están residiendo, donde no existen condiciones favorables para permanecer», subraya.
Prioridad de México: connacionales
No todas las personas que quieren llegar a EEUU son extranjeras, sino también hay mexicanas desplazadas internas, que no pueden regresar a sus regiones de origen afectadas por la violencia del crimen organizado.
«Preguntaría cuántas personas son mexicanas desplazadas internas», interroga Vértiz.
Responde así al anuncio del apoyo legal en los consulados mexicanos de EEUU, y las medidas de recepción que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó para beneficiar a sus connacionales que sean deportados.
La mandataria dice que las acciones están enfocadas en personas mexicanas repatriadas.
Cuando le preguntaron sobre otras nacionalidades, la mandataria ofreció ayuda humanitaria de alimentación y el retorno a sus países de origen, deplora Vértiz.
En efecto la jefa de Estado respondió en conferencia de prensa: «Buscaríamos los mecanismos a través de la política migratoria y la política exterior de retorno a sus países de origen».
La entrevistada cuestiona que esas repatriaciones de deportados se aplicarán desde México «sin antes implementar un mecanismo de identificación de perfiles en la recepción y posibilidades a quedarse en México o regularizar su situación migratoria».
También estima que «no se debe dar por hecho que pueden retornar a sus países de origen, porque muchas corren peligro de perder sus vidas».
Recomienda además identificar perfiles y situaciones estructurales en las comunidades de origen, para saber si pueden regresar sin riesgo, y muchas personas ni siquiera saben que pueden solicitar asilo en México, ni regularizar su situación migratoria.
Lamenta que el Gobierno no ofrece la integración e inclusión laboral en el sureste mexicano, no sólo con proyectos de desarrollo, sino con acuerdos con empresarios que puedan contratar a personas migrantes y refugiadas.
Una de las propuestas es reformar la Ley del Trabajo para triplicar el porcentaje de personal extranjero que pueden contratar las empresas, que actualmente es un máximo de 10 por ciento.
Recuerda que, la semana pasada, diplomáticos de América Latina y el Caribe hicieron un llamado conjunto a Trump en defensa de los migrantes.
«Es una postura excelente, pero también deben participar las organizaciones y personas en contexto de movilidad para acordar acciones que permitan garantizar medidas de no repetición que se presentaron con Trump y su antecesor Joe Biden (2020-2024)», sostiene Vértiz.
Diez países hicieron un llamado al hemisferio para respetar el derecho internacional, los derechos humanos y las legislaciones internas en la gestión de la movilidad humana «con un enfoque humanista, particularmente ante la amenaza de deportaciones masiva» de EEUU.
Se estima que en el anterior mandato de Trump y Joe Biden, unas 60.000 personas estuvieron viviendo en las calles de ciudades fronterizas mexicanas sin satisfacer sus necesidades básicas, deambulando mientras esperaban el asilo que nunca llegaba.
Finalmente, la experta pide que las autoridades de ambos países atiendan el impacto psicológico y emocional de muchas personas que ven en la migración una prioridad de vida o muerte.
Relata que son personas que dieron todo lo que tenían por cruzar el estrecho de Darién, en la selva de Panamá, atravesar tomando riesgos en condiciones precarias Centroamérica y el territorio mexicano, para llegar a un cita, en una fila cuando la puerta se cerró con el CBP One cancelado.
«Es inimaginable ver apagarse la pequeña luz de esperanza para sus hijos, y que por esta situación se derrumba todo, en una angustia insuperable a pesar de la ayuda humanitaria ofrecida», puntualiza .
El GTPM trabaja para que la política migratoria en Norteamérica se base en los derechos humanos, la infancia, el género y la interculturalidad.
Entre las organizaciones que lo integran están: Aldeas Infantiles SOS México, Alianza Americas, American Friends Services Committee, Asylum Access México, Casa del Migrante Saltillo, y Frontera con Justicia. (Sputnik)