Managua, 30 ene (Sputnik).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua ratificó este jueves una reforma parcial a la Constitución Política del país, promovida por el Ejecutivo, entre cuyas novedades destaca la creación de la figura del co-presidente de la República.
«Aprobada en su totalidad en Segunda Legislatura la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua», informó la Asamblea en redes sociales.
Según reseña del oficialista Canal 8, «la actualización de la Carta Magna establece y reafirma que Nicaragua es un Estado revolucionario; y define que el poder en el país será ejercido y reside en el pueblo».
La televisora destacó que la nueva estructura de la Presidencia de la República -integrada por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la hasta ahora vicepresidenta Rosario Murillo- ejercerá el poder por un período de seis años desde la entrada en vigencia de esta reforma.
La normativa establece que los co-presidentes elegirán a sus respectivos vicepresidentes, y que todos los cargos elegidos por voto popular en las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021 deberán ampliarse para cumplir con el período de seis años que establece la Constitución.
La vicepresidenta primera de la Asamblea, Arling Alonso, destacó en recientes declaraciones a medios locales que con las modificaciones Nicaragua se consolida como un Estado democrático y con justicia social.
«Esta reforma plantea con contundencia que el Estado de Nicaragua es revolucionario, también que el poder reside en el pueblo y se profundiza en su articulado», agregó Alonso.
El diputado del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y presidente de la Comisión Económica del Parlamento, Wálmaro Gutiérrez, aseguró a la prensa oficial que con la reforma se consolidan modelos de participación ciudadana claves para avanzar hacia una sociedad más equitativa.
De acuerdo con los legisladores del FSLN, las reformas, cuyas disposiciones finales fueron aprobadas este jueves, ratifican en la constitución que el Estado tiene como vocación principal la lucha contra la pobreza, con el fin de crear una sociedad justa en condiciones de igualdad, equidad y complementariedad.
Grupos de la oposición interna, así como organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, critican la reforma por considerarla un mecanismo para afianzar en el poder a Ortega y a Murillo, que gobiernan desde el regreso del FSLN al Ejecutivo, en 2007. (Sputnik).
