San José, 3 Feb (Elpaís.cr).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, se encuentra en el centro de una tormenta política tras ser señalado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por presuntamente haber llegado al poder mediante dos esquemas ilegales de financiamiento de campaña.
Estas acusaciones, detalladas en un informe de casi 300 páginas, han puesto en duda la transparencia y legalidad de su ascenso a la presidencia en las elecciones de 2022. Junto a Chaves, otras 15 personas, incluyendo figuras clave de su gobierno y partido, han sido señaladas por su posible participación en dichos esquemas.
Estructuras paralelas
El TSE ha identificado lo que denomina «estructuras paralelas» de financiamiento, un sistema en el que un partido político opera con una administración económica oficial, reportada ante el órgano electoral, mientras mantiene simultáneamente una o más líneas de administración de fondos que no son declaradas. Estas estructuras se caracterizan por la falta de transparencia en la procedencia de los fondos, el incumplimiento de las normas electorales, el uso de mecanismos aparentemente legales para encubrir actividades ilícitas y la posible legitimación de capitales.
En el caso de Chaves, el TSE ha señalado al Ministerio Público (Fiscalía General) que estas estructuras paralelas habrían funcionado para beneficiar directamente su campaña presidencial y la de otros candidatos de su partido, el Progreso Social Democrático (PPSD).
Según el informe trascendido a la prensa, estas prácticas habrían violado el Código Electoral, que castiga estos delitos con penas de prisión de entre dos y seis años.
El primer esquema: el fideicomiso de Costa Rica Próspera
Uno de los esquemas de financiamiento ilegal identificados por el TSE está relacionado con el grupo Costa Rica Próspera (CRP), una organización que, según sus integrantes, buscaba generar un espacio para el análisis de políticas públicas. Sin embargo, el TSE ha cuestionado esta afirmación, señalando que las actividades de CRP estaban enfocadas en promover las aspiraciones político-electorales de Rodrigo Chaves y su partido.
El 25 de febrero de 2021, Chaves, en su calidad de vocero de CRP, junto con el banquero Jack Loeb, tesorero del grupo, suscribieron un contrato de custodia y administración de fondos con la empresa ATA Trust Company S.A., representada por Alonso Vargas.
El contrato establecía que la empresa recibiría y custodiaría fondos de donantes para financiar las actividades de CRP, los cuales serían girados bajo las instrucciones de Chaves, Loeb o Carlos Vásquez, director de operaciones del grupo.
Beneficios directos al PPSD y a candidatos afines
El informe del TSE detalla que los bienes y servicios adquiridos a través del fideicomiso de CRP beneficiaron directamente al PPSD y a las candidaturas de Rodrigo Chaves, Luz Mary Alpízar, Waldo Agüero, Stephan Brunner, Mary Munive, Pilar Cisneros y Manuel Esteban Morales. Además, se señala que las autoridades del partido, incluyendo a Alpízar, estaban al tanto de que las donaciones en especie recibidas no provenían de personas físicas nacionales, lo que constituiría una violación de las normas electorales.
El TSE ha concluido que, al menos desde julio de 2021, el PPSD comenzó a beneficiarse directamente de los fondos manejados por el fideicomiso. Esto sugiere que existió una estructura paralela de financiamiento que operó de manera coordinada para apoyar la campaña de Chaves y su partido, evadiendo los controles y regulaciones establecidos por el órgano electoral.
El cierre del fideicomiso y las implicaciones legales
El canciller Arnoldo André ha informado que el fideicomiso de CRP se cerró el 18 de septiembre de 2021, aunque sus obligaciones con terceros se extendieron hasta el 8 de octubre de ese año. Sin embargo, las evidencias recopiladas por el TSE indican que los fondos manejados por este esquema continuaron beneficiando a los candidatos del PPSD durante el período electoral.
El informe del TSE es contundente al afirmar que «sí es posible sostener que, en el marco de las Elecciones Nacionales de 2022, operó una estructura paralela de financiamiento en favor de la candidatura presidencial de Chaves Robles y del propio partido Progreso Social Democrático». Esta conclusión podría tener graves implicaciones legales para Chaves y los demás implicados, ya que el Código Electoral establece penas de prisión para quienes incurran en este tipo de delitos.
Reacciones y consecuencias políticas
Las acusaciones de financiamiento ilegal han generado un intenso debate político. Los opositores de Chaves han aprovechado el informe del TSE para cuestionar la legitimidad de su gobierno y exigir investigaciones más profundas.
Por su parte, el presidente y sus aliados han negado las acusaciones, argumentando que se trata de una campaña de desprestigio impulsada por sus adversarios políticos.
Sin embargo, la gravedad de las evidencias presentadas por el TSE ha puesto en jaque la credibilidad de Chaves y su administración. Si las acusaciones se confirman, no solo podría enfrentar consecuencias legales, sino también un desgaste significativo de su imagen pública y una posible crisis política que afecte la estabilidad de su gobierno.
Falta de transparencia y rendición de cuentas
El caso del presunto financiamiento ilegal de la campaña de Rodrigo Chaves es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos electorales. Las estructuras paralelas de financiamiento, como las identificadas por el TSE, representan una amenaza para la integridad de la democracia y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
A medida que avancen las investigaciones, será crucial determinar la responsabilidad de los implicados y garantizar que se tomen las medidas necesarias para prevenir este tipo de prácticas en el futuro. “Por el contrario, sí fue posible demarcar contrataciones y erogaciones concretas, que tenían por objetivo y demás pruebas documentales -según el dicho de los proveedores consultados- potenciar las aspiraciones político -electorales de Chaves Robles y, directa o indirectamente, las del partido Progreso Social Democrático, en el marco de las Elecciones Nacionales de 2022”, dice el informe.
Según los términos constitutivos del fideicomiso, señalados por el tribunal electoral, la empresa se obligaría a “recibir y custodiar fondos de donantes que hagan en favor del grupo para financiar sus actividades” y estos serían girados bajo instrucciones de Chaves, Loeb o Carlos Vásquez, director de operaciones de la agrupación. El documento indica que el objetivo de esto sería el pago de las facturas emitidas por proveedores del grupo CRP o por la venta de productos o servicios contratados, debidamente autorizados por Chaves, Loeb o Vásquez.
El Tribunal anotó que el grupo constitutivo del fideicomiso estuvo integrado por Chaves, Loeb y Vásquez, pero en algún momento no determinado se incorporaron José Coto, primer gerente de campaña de Chaves; y Sofía Agüero, hija del diputado oficialista Waldo Agüero, así como asistente personal de Chaves y empleada de confianza de Loeb.
El informe detalla que los primeros donantes al fideicomiso de CRP fueron Loeb, André, Luis Diego Soto, Adrián Torrealba, Bernal Jiménez y Damaris Robles.
Según el TSE, el fideicomiso aparentemente habría recibido, por lo menos, ingresos que ascienden a los ₡62.010.239,00 y $348.182,50. Este dinero supuestamente provino de personas físicas y jurídicas nacionales, personas físicas extranjeras y otras fuentes sin precisar.
“De estas cuentas fueron pagados bienes y servicios que ascienden a ₡47.733.108,60 y $98.741,44 de naturaleza político-electoral, para el período comprendido entre febrero y octubre de 2021”, señala el documento. Los hallazgos que hizo el TSE demuestran que, entre los gastos que presuntamente hizo la agrupación, se habrían pagado millones en aspectos como alquileres o publicidad.
El Tribunal explica que el canciller André informó que el cierre del fideicomiso de CRP se hizo el 18 de setiembre de 2021, aunque hasta el 8 de octubre de ese año finiquitó todas sus obligaciones con terceras personas.
Según el TSE, las evidencias indican que los bienes y servicios adquiridos habrían beneficiado directamente al Partido Progreso Social Democrático (PPSD), las candidaturas de Chaves, Alpízar, Agüero, Brunner, Mary Munive, Pilar Cisneros y Manuel Esteban Morales.
“Se sabe que -al menos- para julio de 2021 el PPSD empezó a beneficiarse, directamente, de bienes y servicios costeados por el fideicomiso referido y que las autoridades partidarias -como mínimo la señora Alpízar Loaiza- conocían para ese momento que las donaciones en especie recibidas por la agrupación política no eran sufragadas por personas físicas nacionales”, dice el informe.
El documento concluye que “sí es posible sostener que, en el marco de las Elecciones Nacionales de 2022, operó una estructura paralela de financiamiento en favor de la candidatura presidencial del señor Rodrigo Chaves Robles y del propio partido Progreso Social Democrático”.
Efectos
El caso del presunto financiamiento ilegal de la campaña de Rodrigo Chaves ha sacudido la escena política costarricense, planteando serias dudas sobre la integridad del proceso electoral que lo llevó al poder.
A medida que las investigaciones avanzan, será fundamental determinar la responsabilidad de los implicados y garantizar que se tomen las medidas necesarias para prevenir este tipo de prácticas en el futuro.
La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de la democracia, y su preservación es esencial para mantener la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, han señalado analistas políticos.
No solo cuentas paralelas,habian amores paralelos tambien.
El candidato y el banquero se peleaban el «amor» a puro billete, de la dueña de las cuentas bancarias.
El banquero perdio su matrimonio,el candidato se salva porque la europea no le importa,ni lo determina.
Esa es la novela interesante,y obviamente todo por la plata y el poder .Aquello de que un par…..jala mas que una carreta de bueyes, es tan cierto.