San José, 5 Feb (Elpaís.cr).- La Universidad de Costa Rica (UCR) expresa su preocupación por la propuesta de reforma al Decreto Ejecutivo N.° 38924-S, Reglamento para la Calidad del Agua Potable, vigente desde el 12 de enero de 2015.
La institución académica instó a las autoridades competentes a reconsiderar la decisión de aumentar los límites permitidos de plaguicidas en el agua potable, argumentando que esta modificación podría poner en riesgo la salud de la población y comprometer el acceso a un recurso vital libre de contaminantes.
El Consejo Universitario de la UCR, tras un análisis detallado de la propuesta, alertó sobre la introducción de nuevos Valores Máximos Admisibles Ajustados por Riesgo (VMAAR), los cuales superan ampliamente los límites establecidos en la normativa actual. Entre los cambios más preocupantes se encuentra la posibilidad de permitir niveles alarmantes del plaguicida clorotalonil, prohibido desde 2023 por su clasificación como cancerígeno y detectado en numerosas fuentes de agua en el país.
Un riesgo para la salud pública
La UCR señaló que, de aprobarse la reforma, el agua potable en Costa Rica podría contener concentraciones más altas de residuos de pesticidas, lo que representaría un peligro potencial para la salud pública. El clorotalonil, en particular, ha sido identificado como un químico altamente tóxico, y su presencia en el agua de consumo humano podría tener efectos graves a largo plazo, incluyendo el desarrollo de enfermedades crónicas como el cáncer.
“El reglamento vigente se basa en la estricta regulación de la Unión Europea, por lo que es fundamental mantener el Valor Máximo Admisible (VMA) en lugar de sustituirlo por un valor de alerta”, destacó el Consejo Universitario. La institución enfatizó que, dada la falta de monitoreo continuo en las fuentes de agua y los operadores de abastecimiento en el país, cualquier relajación de los estándares actuales incrementaría el riesgo para la población.
Deficiencias técnicas en la propuesta
Otro de los puntos críticos señalados por la UCR es la falta de claridad en la propuesta sobre cómo se abordarán las dificultades técnicas para determinar los valores de riesgo para la población. El decreto propuesto no establece los mecanismos necesarios para definir metodologías que consideren efectos acumulativos y sinérgicos de múltiples residuos químicos en una muestra de agua.
“Es especialmente crítico cuando se detectan múltiples residuos de agroquímicos en una muestra de agua, ya que se requiere una metodología especial que considere efectos acumulativos y sinérgicos”, explicó el Consejo Universitario.
La institución también destacó la necesidad de definir un protocolo de análisis de riesgo para evitar sesgos y metodologías inconsistentes, así como ampliar el alcance a otros parámetros de calidad del agua.
El principio precautorio: una herramienta clave
La UCR recordó la importancia de aplicar el principio precautorio en cualquier modificación de las regulaciones relacionadas con la calidad del agua potable. Este principio establece que, cuando existe el riesgo de un daño grave e irreversible, deben adoptarse medidas preventivas para proteger la salud de la población. Sin embargo, la reforma propuesta no respeta este principio, ya que aumenta significativamente el potencial de que las concentraciones de plaguicidas en el agua se incrementen, lo que podría convertirse en un riesgo para la salud pública.
“Es más costoso reparar el daño que prevenirlo”, subrayó el Consejo Universitario. La institución hizo un llamado a las autoridades para que reconsideren la decisión y conformen un comité técnico intersectorial que facilite una discusión más amplia sobre los mecanismos técnicos y logísticos necesarios para garantizar la implementación efectiva de las medidas de control.
Solidaridad con las comunidades afectadas
El pronunciamiento de la UCR también expresó solidaridad con las comunidades que actualmente enfrentan la exposición a plaguicidas en su agua de consumo. La institución reconoció los riesgos que esto representa para la salud y el bienestar de estas poblaciones, así como la necesidad urgente de tomar medidas para proteger su derecho a un acceso seguro y libre de contaminantes.
“La presencia de plaguicidas en el agua de consumo representa un riesgo potencial para la salud pública”, afirmó el Consejo Universitario. La UCR se comprometió a poner a disposición del país todos sus conocimientos científicos y expertos para contribuir en la resolución de esta problemática.
Un llamado a la acción
La UCR instó a las autoridades competentes a especificar en la reforma cómo se abordarán las dificultades técnicas para determinar los valores de riesgo para la población y cómo se garantizará la implementación ágil de medidas de control. Asimismo, la institución hizo un llamado a mantener los estándares rigurosos que actualmente rigen la calidad del agua potable en el país, en línea con las normativas internacionales más estrictas.
“Es fundamental contar con regulaciones normativas rigurosas y actualizadas para garantizar la calidad y seguridad del agua potable, protegiendo así la salud pública”, concluyó el Consejo Universitario. La UCR reiteró su compromiso con el medio ambiente y el bienestar de la sociedad, recordando que el acceso al agua potable es un derecho humano básico e irrenunciable.
Contexto legal y normativo
El pronunciamiento de la UCR se enmarca en un contexto legal y normativo que incluye la Constitución Política de Costa Rica, la cual establece en su artículo 50 el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el acceso al agua potable como un bien esencial para la vida. Además, la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Salud prohíben cualquier actividad que deteriore la calidad del agua o ponga en riesgo la salud humana.
La UCR también hizo referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente al Objetivo 6, que busca garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el acceso universal al saneamiento. La institución subrayó que cualquier modificación a las normativas de calidad del agua debe alinearse con estos compromisos internacionales.
Calidad del agua
El llamado de la UCR llega en un momento crucial, en el que el país debe decidir entre relajar sus estándares de calidad del agua o mantener rigurosas normativas que protejan la salud pública y el medio ambiente. La institución académica, reconocida por su compromiso con la ciencia y el bienestar social, ha puesto sobre la mesa una discusión que no puede ser ignorada: el acceso al agua potable es un derecho humano, y cualquier decisión que lo comprometa debe ser evaluada con la máxima responsabilidad.
La UCR ha ofrecido su experiencia y recursos para colaborar en la búsqueda de soluciones que garanticen la calidad y seguridad del agua potable en Costa Rica.
Ahora, corresponde a las autoridades competentes tomar en cuenta estas advertencias y actuar en consecuencia, priorizando la salud y el bienestar de la población por encima de cualquier otro interés.