San José, 22 Feb (Elpaís.cr).- La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica emitió un informe detallado sobre las fallas observadas durante el operativo de recepción y traslado de un grupo de personas deportadas desde los Estados Unidos, que llegaron al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría el pasado jueves 20 de febrero.
El reporte, basado en una observación activa realizada por el equipo de la Defensoría, destaca múltiples deficiencias en la atención brindada a estas personas, especialmente en lo que respecta a la garantía de sus derechos fundamentales.
Llegada y traslado inmediato
Según el informe, el operativo estuvo coordinado por el Gobierno de Costa Rica y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Sin embargo, la Defensoría identificó que no se dispuso de un lugar adecuado en el aeropuerto para la recepción y permanencia de las personas deportadas antes de su traslado al Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM-Sur).
Las personas deportadas, entre las que se encontraban bebés, niños, mujeres, personas adultas mayores y hombres, fueron trasladadas inmediatamente desde el avión hacia tres buses, sin contar con un espacio para descansar o recibir información clara sobre su situación. Este traslado inmediato implicó un viaje terrestre de aproximadamente seis a siete horas hacia el CATEM-Sur, luego de un vuelo de más de cuatro horas.
La Defensoría señaló que esta falta de condiciones adecuadas en el aeropuerto violó el derecho de las personas a recibir información desde el momento en que pisaron suelo costarricense. Muchas de ellas manifestaron no conocer los procedimientos migratorios que se aplicarían, el lugar al que serían trasladadas ni el tiempo estimado de permanencia en el país.
Además, expresaron su angustia por no poder comunicarse con sus familias para informarles sobre su paradero.
Falta de información y limitaciones en la traducción
Uno de los puntos más críticos señalados por la Defensoría fue la falta de información clara y accesible para las personas deportadas.
Aunque se contó con el apoyo de traductores facilitados por la OIM y con tecnología de traducción, la intervención de estos recursos fue limitada y no abordó las necesidades específicas de las personas.
Las personas deportadas, muchas de las cuales hablaban idiomas indígenas o dialectos, no pudieron expresar sus inquietudes o solicitar ayuda de manera efectiva.
Además, la Defensoría constató que muchas de ellas habían sido despojadas de sus documentos de identidad y pasaportes, lo que dificultó la verificación de sus vínculos familiares y agravó su sensación de vulnerabilidad.
Derechos de las personas menores de edad y mujeres no garantizados
El informe de la Defensoría resaltó que las personas menores de edad fueron especialmente afectadas por las condiciones del operativo. Luego de un largo viaje aéreo, los niños y niñas fueron trasladados inmediatamente a los buses, sin haber podido descansar o alimentarse adecuadamente. Sus madres manifestaron que llevaban horas sin dormir y que los menores mostraban signos de hambre y agotamiento.
A pesar de la presencia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Defensoría criticó que su intervención no fue coordinada para brindar un abordaje integral a la población menor de edad.
Además, destacó la ausencia del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), a pesar de la presencia de mujeres, muchas de ellas madres, y personas adultas mayores que requerían atención especializada.
Falta de atención médica y psicológica
Otro aspecto preocupante fue la falta de una valoración médica individualizada para las personas deportadas. La Defensoría observó que no se identificaron necesidades de salud específicas, como el acceso a medicamentos para personas con patologías crónicas o la atención de lesiones. Algunos hombres mostraron marcas en sus cuerpos, producto del uso de esposas durante el vuelo, pero no recibieron atención médica inmediata.
Además, no se brindaron primeros auxilios psicológicos a pesar de que muchas personas manifestaron angustia y requerían contención emocional. Tampoco se contó con personal médico en los buses durante el traslado al CATEM-Sur, lo que aumentó el riesgo para aquellas personas con condiciones de salud delicadas.
Principio de No Devolución y compromisos internacionales
La Defensoría recordó que Costa Rica está obligada a garantizar el Principio de No Devolución, establecido en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, que protege a las personas de ser devueltas a países donde su vida, libertad o integridad puedan estar en riesgo.
Muchas de las personas deportadas manifestaron su temor a regresar a sus países de origen, donde enfrentan situaciones de conflicto y violencia.
El informe concluye con un llamado al Estado costarricense a no alejarse de su tradición histórica de respeto a los derechos humanos y a cumplir con los compromisos internacionales que ha asumido en esta materia.
La Defensoría reiteró su compromiso de continuar monitoreando la situación de las personas deportadas en el CATEM-Sur y de velar por la garantía de sus derechos fundamentales.
Ministro de Seguridad desmiente a la Defensoría
Por su parte, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, desmintió las acusaciones de la Defensoría y aseguró que no se violentaron los derechos de las personas deportadas.
Zamora afirmó que el personal de la Defensoría solo estuvo presente en el aeropuerto durante dos horas y no acompañó el traslado completo hacia el CATEM-Sur.
El jerarca defendió el operativo y aseguró que las entrevistas individualizadas comenzaron este viernes 21 de febrero, ya que en el aeropuerto no existían las condiciones adecuadas para realizarlas.
Además, reiteró que Costa Rica sigue los parámetros internacionales en materia de derechos humanos y que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar el bienestar de las personas deportadas.
Respeto a los derechos
La situación descrita por la Defensoría de los Habitantes plantea serias preocupaciones sobre el tratamiento que reciben las personas deportadas en Costa Rica.
Aunque el gobierno insiste en que se están respetando los derechos humanos, las observaciones de la Defensoría sugieren lo contrario.
De acuerdo con la Defensoría, cabe resaltar que es imperativo que el Estado costarricense refuerce sus protocolos de atención y garantice que todas las personas, independientemente de su condición migratoria, sean tratadas con dignidad y respeto.
Costa Rica no puede permitir que intereses políticos o acuerdos de cooperación migratoria con otros países comprometan su tradición de solidaridad y respeto a los derechos humanos, según se desprende de la información suministrada por la entidad de Derechos Humanos.
La Defensoría resaltó que continuará vigilante, recordando al Estado su obligación de proteger a las personas más vulnerables y de cumplir con los compromisos internacionales que ha asumido.
Y los derechos fundamentales de los indígenas miskitos que piden dinero alrededor del banco central en San José, estos derechos no son importantes.