San José, 24 Feb (Elpaís.cr).- La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica ha manifestado su firme oposición a la reforma del reglamento sobre agua potable propuesta por el Ministerio de Salud, argumentando que esta modificación podría representar un retroceso en la protección del ambiente y en el derecho humano al acceso a agua segura.
La institución ha solicitado al Ministerio dar prioridad al bienestar de la población y la protección del ambiente, especialmente en el contexto de la contaminación del agua potable en la zona norte de Cartago, donde se han detectado niveles elevados de plaguicidas, específicamente metabolitos de clorotalonil, que superan los registrados en 2022 cuando se emitió una orden sanitaria.
Según la Defensoría, los análisis realizados por las instituciones competentes demuestran que la población afectada está consumiendo agua con niveles de contaminación más altos que los detectados cuando se giró la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSO-OS-0087-2022 el 20 de octubre de 2022.
La orden había sido levantada por el Ministerio de Salud basándose en una consultoría apoyada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cual estableció parámetros menos estrictos que los vigentes en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable.
La Defensoría considera que esta decisión ha permitido un retroceso en la protección ambiental y ha expuesto a la población a riesgos innecesarios.
La institución defensoría ha enfatizado que la reforma reglamentaria propuesta por el Ministerio de Salud debe guiarse por el principio precautorio, especialmente ante la incertidumbre o insuficiencia de los análisis disponibles.
Este principio establece que, en caso de duda, deben prevalecer las medidas preventivas para proteger la salud pública y el ambiente.
Además, la Defensoría ha señalado que la normativa debe considerar los efectos acumulativos de múltiples contaminantes, ya que la exposición combinada a diferentes sustancias tóxicas puede tener impactos más graves en la salud humana y en los ecosistemas.
La Defensoría ha instado al Ministerio de Salud a no modificar los parámetros vigentes en el Reglamento de la Calidad del Agua Potable hacia niveles menos estrictos, ya que esto representaría un retroceso en la defensa del derecho humano a la salud y a un ambiente sano.
Cualquier relajación de estos estándares contravendría no solo los principios de no regresión, no progresión, precaución y prevención, sino también lo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, que garantiza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
En este contexto, la Defensoría ha solicitado a la ministra de Salud un informe detallado sobre el estado de la reforma reglamentaria y las acciones implementadas para garantizar la transparencia en el proceso de consulta pública.
Asimismo, ha exigido una justificación en caso de que no se hayan acogido las observaciones presentadas durante este proceso, y ha subrayado la importancia de asegurar que las políticas públicas reflejen un compromiso con los derechos fundamentales y el desarrollo sostenible del país.
La Defensoría también ha recordado la importancia de la orden sanitaria emitida en 2022, la cual ordenaba la clausura inmediata de las fuentes de agua para consumo humano en Cipreses de Oreamuno, específicamente las fuentes Plantón y Carlos Calvo, debido a la presencia de metabolitos de clorotalonil.
Esta medida, basada en el principio precautorio, buscaba proteger a la población de riesgos asociados al consumo de agua contaminada, permitiendo su uso únicamente para actividades como el funcionamiento de inodoros y la limpieza intradomiciliaria.
Finalmente, la Defensoría ha advertido que el incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en acciones legales, incluyendo la elevación del caso ante los Tribunales de Justicia por desacato a una ordenanza de autoridad de salud.
La institución ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de la población y ha llamado a las autoridades a actuar con responsabilidad y transparencia en la gestión de los recursos hídricos, garantizando que el acceso al agua potable segura sea una prioridad nacional.
En conclusión, la Defensoría de los Habitantes ha tomado una postura firme en defensa de la salud pública y el ambiente, oponiéndose a cualquier reforma que debilite los estándares de calidad del agua potable. Su llamado al Ministerio de Salud es claro: priorizar el bienestar de la población y asegurar que las decisiones técnicas y normativas estén alineadas con los principios de precaución, prevención y no regresión, fundamentales para garantizar un futuro sostenible y saludable para todos los costarricenses.