Montevideo, 1 mar (Sputnik).- El balance del gobierno de Lacalle Pou en Uruguay conjuga dos elementos: un presidente con altos niveles de aprobación y una gestión de gobierno rodeada de escándalos judiciales, que no cumplió con sus principales promesas de campaña, según analistas consultados por la Agencia Sputnik.
A fines de 2019, Lacalle ganó las elecciones por 37 mil votos de diferencia. Una coalición de cinco partidos (liderada por el Partido Nacional, centroderecha) se sobrepuso al Frente Amplio (FA, centroizquierda) y finalizó un ciclo de quince años de dominio progresista en el país.
Lacalle culminará su gobierno este 1 de marzo (Uruguay no admite la reelección inmediata), luego de que la coalición que lideró en 2019 naufragara en su intento de reeditar el triunfo y cayera ante el candidato del FA, Yamandú Orsi, por más de 93 mil votos en noviembre de 2024.
El saldo de estos cinco años incluye dos elementos aparentemente contradictorios, según los analistas consultados por esta agencia: la alta aprobación que concitó la imagen del presidente no logró revertir en las urnas el magro resultado del gobierno en áreas clave.
La astucia política de Lacalle en momentos críticos, como la pandemia de covid-19 y su manejo eximio de la comunicación a lo largo del período, le permitieron salir indemne incluso de una serie de escándalos judiciales que golpearon la línea de flotación del gobierno.
«Una cosa es la simpatía por el presidente, y otra la evaluación de la gestión del gobierno, que ni por asomo es tan buena», opina el politólogo Diego Luján, profesor adjunto en el departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Por su parte, para el sociólogo Eduardo Bottinelli, profesor del Departamento de Sociología de la misma institución y director de Factum, una de las consultoras de opinión pública más importantes del país, hubo un «desacople» entre la percepción ciudadana que mostró insatisfacción con el gobierno, por un lado, y la alta aprobación personal de Lacalle Pou, por otro; que se explica, según entiende el especialista, en función de «un trabajo fino de comunicación».
La temprana irrupción de la pandemia, según Luján, obligó al oficialismo y la oposición a alinearse detrás del presidente.
«Fue una oportunidad para que asomara como un líder casi indiscutible, que durante un año casi no tuvo contestación en el sistema político uruguayo», apuntó.
Durante la pandemia, las conferencias de prensa diarias del mandatario, su idea de la «libertad responsable» (en Uruguay no hubo cuarentena obligatoria) o la iniciativa de crear un grupo asesor compuesto por los científicos más reputados del país, colaboraron para «fortalecer su imagen».
También demostró audacia. A un mes de asumir, presentó un inédito proyecto de ley de urgente consideración que contenía casi todo su programa de gobierno.
Se trata de un mecanismo previsto en la constitución que permite un trámite veloz en el Parlamento (cien días de plazo máximo) y robustece la influencia legislativa del Ejecutivo. El proyecto, de casi 500 artículos, proponía cambios sensibles en los más diversos aspectos de la vida del país, con énfasis en el endurecimiento de las políticas de seguridad pública y en la liberalización de la economía. Pese a que se presentó en pleno auge de las restricciones sanitarias y a que resultaba a todas luces improbable una discusión profunda sobre cada una de las reformas, la ley fue promulgada casi tres meses después. En 2022 naufragó por cerca de 22.000 votos un referéndum para anular 135 artículos de la norma, y el liderazgo de Lacalle se consolidó.
Luján destaca como segunda virtud del presidente su capacidad para mantener hasta el final la cohesión de una coalición de cinco partidos con marcadas diferencias ideológicas; desde el liberalismo radical al conservadurismo estatista.
«Lacalle Pou resultó ser un presidente sumamente personalista en el ejercicio del poder», dice, que al evitar conceder la capacidad de veto a sus socios, pudo hacer frente a las grandes crisis que sobrevinieron.
Fin de la luna de miel
La pandemia «extendió la luna de miel» del gobierno, aunque no por mucho tiempo. Uno de los elementos disruptivos surgió en 2022. En septiembre, Alejandro Astesiano, jefe de la custodia presidencial y funcionario de confianza de Lacalle Pou, fue acusado de participar de una trama de falsificación de pasaportes.
Una vez que se hicieron públicos los mensajes de su celular, Astesiano, que contaba con numerosos antecedentes penales incluso antes de acceder al cargo, se vio envuelto en un sinfín de episodios de corrupción, espionaje, tráfico de influencias, persecución de líderes políticos y diversos negociados que se ejecutaban desde la sede misma del gobierno uruguayo, su lugar de trabajo.
«Lacalle salió totalmente desarmado del episodio Astesiano, con contradicciones, aclarando de tarde cosas que había dicho al mediodía», dice Bottinelli. Y agrega: «Fue el episodio más duro. A partir de ahí, se sumaron hechos con un impacto negativo», afirma.
El caso Astesiano desató una catarata de consecuencias judiciales y políticas, entre ellas la depuración de la cúpula de la Policía Nacional.
Otro caso involucró al canciller y a la vicecanciller en el otorgamiento de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, lo que facilitó su evasión de la justicia. Ambos funcionarios, además del viceministro de Interior, renunciaron a sus cargos debido a su participación en este caso.
Pese a que hay indicios de la participación de Lacalle en estos entramados, no hubo consecuencias legales para él.
Además, el entonces senador Gustavo Penadés, principal hombre de Lacalle Pou en el parlamento, fue enviado a prisión por delitos vinculados con explotación sexual de menores, terminando de minar la imagen del Gobierno.
También hubo episodios de clientelismo flagrante que tuvieron como protagonistas a figuras del riñón político del presidente, como los registrados en el órgano administrador de la represa binacional de Salto Grande (noroeste) y en la intendencia del departamento de Artigas (norte).
En tanto, el hecho de que algunos de sus principales socios hayan protagonizado escándalos públicos sin que el mandatario haya expresado una condena firme al respecto, significó un pequeño revés en sus niveles de aprobación.
«Los escándalos lo rozan, lo desgastan. Lo de Astesiano fue lo más delicado. No se recuperó de la caída. Llegó a tener aprobaciones cercanas al 60 por ciento y después empezó a oscilar siempre entre 40 y 50», afirma Luján.
Grandes expectativas
A pesar de haber enfrentado circunstancias excepcionales, como la pandemia o una crisis hídrica inédita que dejó sin agua potable a la zona más poblada del país durante cuatro meses en 2023, el gobierno tuvo un éxito relativo a la hora de honrar sus promesas de campaña, principalmente en el plano fiscal y en el de la seguridad.
La coalición triunfó en ancas de una crítica furibunda al desempeño fiscal de las administraciones del FA, a las que se acusó de un manejo irresponsable del gasto público. A partir de 2020, la política económica se basó en el diseño de una nueva regla fiscal para el abatimiento del déficit.
Pese a ello, los números no indican que haya ocurrido nada extraordinario. Según el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), el déficit fiscal se mantiene «en niveles virtualmente idénticos a los de 2019»: 4,1 puntos del producto interno bruto en 2024, frente al 4,3 de 2019.
La regla fiscal se perforó en 2024, pleno año electoral, cuando se registraron niveles excepcionales de gasto. Y al finalizar el quinquenio, además, hubo un aumento del endeudamiento público que creció más de 10 puntos en relación a 2019.
Hubo, sí, una reducción del gasto del Estado (otra de las promesas de campaña), pero solo entre 2021 y 2022, y según el Cinve, «como consecuencia de la reducción de los salarios reales de los funcionarios públicos y con la caída de las jubilaciones y pensiones en términos reales».
La pandemia devastó el mercado laboral, pero el empleo se recuperó al final del mandato. No obstante, uno de cada tres ocupados (alrededor de 548 mil personas) viven en promedio con un salario de 25 mil pesos; algo así como 580 dólares por mes.
También determinó una caída generalizada del salario real, que finalmente logró repuntar hacia 2024. Sin embargo, la recuperación registrada favoreció principalmente a los quintiles de ingresos más altos.
Según Bottinelli, «mientras los indicadores mostraban un descenso de la desocupación, la percepción de la ciudadanía era otra. La desocupación subregistra trabajo informal, cantidad de horas, calidad, multiempleo. Lo mismo sucede con el salario; había un aumento del salario real, pero la distribución del aumento fue desigual», puntualiza.
Y agrega: «la evaluación en seguridad pública también es francamente negativa».
A pesar de una fuerte retórica de mano dura al inicio del mandato, el período culmina con al menos cien homicidios más que durante los cinco años previos (fueron 1680 en el quinquenio anterior).
En 2023, un estudio de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, ubicó a Uruguay como el segundo país del mundo con mayor cantidad de homicidios relacionados con el crimen organizado. Actualmente el país presenta una tasa de 10,6 homicidios por cada cien mil habitantes.
Además, muchos de los 19 jefes de policía de todo el país fueron desplazados a causa de irregularidades en el servicio.
Pocos resultados
El gobierno sí tuvo éxito al aprobar una reforma jubilatoria, algo que figuraba en el menú de campaña. Sin embargo, también se decidió subir a 65 años la edad necesaria para jubilarse, algo que había sido negado a texto expreso por el propio Lacalle Pou cuando era candidato.
En el plano internacional, los expertos destacan que hubo un realineamiento de Uruguay orientado a los ámbitos tradicionales en desmedro de otros promovidos durante el llamado «giro a la izquierda». Por lo demás, señalan que hubo un intento, «principalmente retórico», de reclamar flexibilidad a la interna del Mercosur, aunque sin resultados concretos.
«Algunos compromisos de campaña fueron cumplidos. No afectaron las políticas sociales, se controló la inflación, se recuperó el empleo. Pero fallaron claramente en el plano fiscal y en el de la seguridad», dice Diego Luján.
A pesar de la buena imagen del presidente, concluye, «este no fue un gobierno de grandes reformas».
En sus últimos días de mandato, Lacalle dijo qué se siente «orgulloso» por haber «hecho las cosas bien» y afirmó, a modo de balance, que su gestión logró promover un «Uruguay más libre».
El 1 de marzo le cederá el mando del Poder Ejecutivo al frenteamplista Yamandú Orsi en una ceremonia con participación internacional «histórica»; la mayor desde la recuperación democrática en 1985, según autoridades designadas por el gobierno electo. (Sputnik)