San José, 13 Mar. (DNP).- En el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, académicas, estudiantes y organizaciones sociales alertaron sobre una serie de medidas adoptadas por el Estado costarricense que, según expertos, representan un retroceso en materia de derechos humanos, educación y protección de poblaciones vulnerables.
Durante el conversatorio Derechos en peligro, retrocesos y desafíos de la educación costarricense, organizado por el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM), la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna) y la Facultad de Filosofía y Letras, se analizaron las implicaciones de estas acciones y se llamó a la defensa activa de los derechos fundamentales.
Larissa Arroyo, académica del IEM, presentó un análisis detallado de diez estrategias implementadas por el Estado en los últimos meses, las cuales, directa o indirectamente, han vulnerado derechos humanos y afectado la seguridad de grupos históricamente excluidos. Entre estas medidas destacan la eliminación del Programa de Afectividad y Sexualidad Integral en los colegios, la derogación de decretos que garantizaban la no discriminación en instituciones públicas y la eliminación de la figura del comisario de Inclusión Social.
Eliminación de programas educativos y conmemoraciones
Uno de los casos más recientes y preocupantes, según Arroyo, fue la decisión del Consejo Superior de Educación (CSE) de eliminar, el pasado 16 de enero, el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral. Este programa, aplicado en los colegios, buscaba fomentar una educación integral en temas de sexualidad, igualdad y no discriminación, así como promover espacios libres de violencia y garantizar la salud sexual y reproductiva de los jóvenes. Su eliminación, según la académica, representa un retroceso en la protección de estos derechos y deja a los estudiantes sin herramientas para enfrentar situaciones de violencia o discriminación.
Además, el Estado decidió eliminar la conmemoración del 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia en los centros educativos. Esta fecha, establecida en 1990 para recordar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), era un espacio clave para sensibilizar sobre los derechos de la población LGBTIQ+. Junto con esta medida, se anuló la declaratoria de interés cultural de la Marcha del Orgullo y la Diversidad 2024, lo que, según un fallo de la Sala Constitucional, fue una decisión arbitraria que afecta la visibilidad y sensibilización en favor de esta comunidad.
Derogación de decretos y eliminación de figuras clave
Otro aspecto alarmante señalado por Arroyo fue la derogación del decreto ejecutivo 38.999, emitido hace diez años para erradicar la discriminación hacia la población LGBTIQ+ en las instituciones públicas. Con esta decisión, se generó un vacío en la aplicación de protocolos de inclusión, se eliminaron capacitaciones en derechos humanos para funcionarios públicos y se perdieron sanciones administrativas contra actos discriminatorios. “Esto representa un retroceso significativo en la lucha por la igualdad y la no discriminación”, afirmó la académica.
En la misma línea, el gobierno de Rodrigo Chaves eliminó la figura del comisario de Inclusión Social, cuya función era velar por las necesidades de poblaciones tradicionalmente excluidas, como las comunidades afrodescendientes, indígenas y personas con discapacidad. Esta decisión, sumada a la eliminación de la declaratoria de interés cultural de la Marcha de la Diversidad, llevó a la salida de Ricardo Sossa, comisario de Inclusión Social, y de la exministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz.
Educación religiosa y derechos reproductivos
Otro tema que generó preocupación fue la implementación, por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP), de un nuevo programa de Educación Religiosa para primaria y secundaria. Según Arroyo, este programa tiene un enfoque monoteísta y no aborda la diversidad religiosa ni la historia de las religiones de manera integral. “Se trata de un programa sesgado que prioriza creencias específicas, lo que contradice el principio de laicidad del Estado y afecta la libertad de pensamiento de los estudiantes”, señaló.
Además, la académica criticó el proyecto de ley 24.864, presentado el pasado 27 de enero, que busca endurecer las penas por aborto en defensa del “derecho a la vida de los niños no nacidos”. Para Arroyo, esta iniciativa representa un retroceso en materia de derechos reproductivos y viola los estándares internacionales establecidos por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). “Despenalizar el aborto es fundamental para proteger los derechos de las mujeres, especialmente de las niñas víctimas de violencia sexual y de aquellas personas con embarazos inviables”, afirmó.
Llamado a la acción y defensa de derechos humanos
Durante el conversatorio, se destacó la importancia de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para contrarrestar estas amenazas. Ante la pregunta de qué pueden hacer las personas para ejercer una legítima defensa, las expertas recomendaron acudir a instancias como la Sala Constitucional o la Defensoría de los Habitantes.
“No es lo mismo un solo recurso de amparo que recibir 500 por la misma situación”, apuntaron Arroyo y Paula Sequeira, también académica del IEM, instando a la ciudadanía a denunciar estas violaciones.
Además, se abordó la necesidad de sensibilizar sobre estos temas desde las aulas. Carolin Guerrero, estudiante de Sociología, señaló que en la Universidad Nacional (UNA) estos temas no se abordan de manera integral en los cursos regulares. “Solo se tratan en charlas vinculadas al 8M o en materias optativas. Es algo que la UNA debe mejorar para proyectar una visión más inclusiva y de derechos humanos”, manifestó.
Las medidas adoptadas por el Estado costarricense en los últimos meses han generado un clima de preocupación entre académicos, estudiantes y organizaciones sociales.
La eliminación de programas educativos, la derogación de decretos contra la discriminación y la implementación de políticas que restringen derechos reproductivos y de inclusión son vistas como un retroceso en la lucha por la igualdad y la no discriminación.
Ante este panorama, el llamado es claro: defender activamente los derechos humanos y exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones internacionales en esta materia, concluyeron las personas participantes.
Serían interesante oír y considerar la opinión de nuestros pueblos, con respecto a esas luchas progres, wow o woke que los empleados de Soros y USAID promocionan en Costa Rica. Y eso se podría lograr con una consulta popular o referéndum, como se hizo con los del pac en elecciones o, en EEUU con la caída de los demócratas, al imponer Trump la reversión de aquellos supuestos impopulares derechos, donde las mayorías costarricenses rechazamos de plano, por ser esas foráneas modas aberrantes, tóxicas e inmorales. Debemos tener muy claro que tales antípodas, discursos de odio, van en contra a la gran familia tradicional. Se busca a toda costa, subdividir en estratos sociales y fomentar conflictos internos, los cuales pretenden intoxicar hasta las raíces básicas, como lo son nuestros infantes y juventudes. Lamentable que nuestros entes universitarios se hayan contaminado, al extremo de deslegitimar las religiones y sean cuevas de desadaptados y promotores sociales por modas intelectualoidez nacidas de entes corrompidas. ¿Qué progreso, avance o mejoría obtendríamos donde esas gentes erosionan su vernácula familia? Y ello, al calor del alcohol, drogas y el billete. Y un caso o ejemplo clásico, el Viejo Continente, dizque “cultamente”