Ciudad de Panamá, 14 mar (Prensa Latina) El anuncio hoy por la trasnacional canadiense First Quantum de suspensión de arbitrajes internacionales y el adelanto del Gobierno panameño de reabrir la mina de Donoso, Colón, encendieron las alarmas de una nueva convulsión social.
Tras intensas protestas populares que paralizaron al país en noviembre de 2023, un fallo de la Corte Suprema de Justicia CSJ) declaró inconstitucional el contrato suscrito por el Estado y Minera Panamá, y se ordenó el cierre de las operaciones de la compañía.
Sin embargo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, el pasado jueves en su habitual conferencia de prensa semanal, confirmó que autorizó la venta de 120 mil toneladas de concentrado de cobre almacenado en ese enclave y la puesta en marcha de una termoeléctrica con carbón comprado en Colombia.
Integrantes de la alianza Pueblo Unido por la Vida y gremios de ambientalistas, así como políticos como el exdiputado y líder de la coalición independiente, Juan Diego Vázquez, fueron los primeros en rechazar la decisión del mandatario que viola el Estado de Derecho y es vista como un acto de desacato a la Constitución y a la ley.
Los colectivos anunciaron incluso una marcha hacia la Asamblea Nacional (parlamento) el martes próximo y una huelga de advertencia de 24 horas en rechazo a una norma sobre el seguro social, pero también en contra de la reapertura de la mina.
Mientras, estudiantes de la Universidad de Panamá cerraron la céntrica Avenida Simón Bolívar o Transístmica en esta capital y enfrentaban a unidades antimotines que dispersaban los manifestantes con gases lacrimógenos.
La víspera, Mulino dijo a la nación ante los medios de comunicación que una vez sancionada la próxima semana una ley sobre seguro social, ya aprobada en el Legislativo, se concentraría en el tema de la mina, y resaltó el aporte de esa empresa a la economía y la generación de empleo.
También supeditó esas negociaciones a que First Quantum suspendiera al menos siete procesos de arbitrajes contra su Gobierno que impugnaban al Estado con un monto de hasta 20 mil millones de dólares.
Al respecto, Vásquez señaló en un video en la red social Instagram que Mulino es presidente, no es rey de Panamá.
“Él a la hora de autorizar que puede ser una facultad dependiendo de lo que sea, tiene que emitir los actos administrativos, que no se emiten parados en un podio de conferencia de prensa”, remarcó.
Sin embargo, First Quantum manifestó en un comunicado su disposición de dialogar con el Ejecutivo.
Por su parte, el ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó, aseguró que hasta el momento solo se ha hablado del permiso para sacar el material molido y el encendido de la termoeléctrica, tal como lo dio a conocer el jefe de Estado.